Para Empezar
Primero consejeros de Transparencia que se excedieron subiéndose el sueldo en un 60 por ciento en 2012, luego consejeros electorales que ignoran su responsabilidad empática y, a finales de 2015, crecieron su paga, dietas y retribuciones en un 64 por ciento; y ahora magistrados del Poder Judicial que se sirven del erario con el cucharón y se auto aprueban el pago de una onerosa jubilación que pretenden, se extienda a su parentela.
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Los hechos indican que en Baja California el uso y abuso de los recursos públicos se está convirtiendo en deporte estatal. Porque está claro que los funcionarios se sirven con total impunidad de esos recursos que provienen de los impuestos que con tanto esfuerzo -incluidas tácticas terroristas de la Secretaría de Hacienda- aportan los ciudadanos productivos de la entidad.
En febrero de 2015 los senadores -son tres por Baja California- se aumentaron el presupuesto para asesores en un 33 por ciento, y dentro del presupuesto de la Cámara de Diputados federales -16 por Baja California- se aprobaron una bolsa para fin de año de 401 millones de pesos para gratificaciones.
Con el Ayuntamiento quebrado ante deudas millonarias con el ISSSTECALI en Mexicali, durante marzo de 2015 se dio a conocer que la novia y secretaria del alcalde cachanilla, Sonia Guadalupe Carillo, recibió un oportunísimo aumento salarial que la llevó de ganar de 24 mil pesos al mes, a 44 mil, justo antes de su jubilación. Y en enero de 2016 fueron al oficial mayor, el secretario general, el tesorero y el secretario de Obras Públicas, a quienes les aumentaron los ingresos por “estímulos y compensaciones”.
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Rosarito tampoco se quedó atrás. En mayo de 2015 los regidores votaron por acrecentar el dinero de sus prestaciones en un 50 por ciento, porque sepa Usted que además de sus cuantiosos sueldos, hay que pagarles rentas por el uso de autos y gasolina. Y por si no les alcanza también aumentaron en un 100 por ciento los recursos para “gasto social”, el cual por cierto, no se fiscaliza.
“El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes”, es una frase conocida del empresario estadounidense director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Lo triste y molesto, en el contexto antes mencionado, es que resulta que los bajacalifornianos estamos pagando un alto precio por algo que sigue sin demostrar valer lo que cuesta.
Simplemente el espíritu de servicio se viste de avaricia, la precariedad económica que padecen los municipios y el Estado, les importa nada a nuestros carísimos funcionarios y a ese ritmo no hay presupuesto que alcance.
Veamos al ejemplo más reciente. El de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
El 2 de febrero de 2016 lo votaron en el Pleno del Consejo de la Judicatura y lo publicaron en el Periódico Oficial el día 8, acordaron formalizar la jubilación o Haber de Retiro, para recibir el 100 por ciento de su sueldo durante los primeros dos años y a 80 por ciento el resto de su vida, a la muerte del magistrado en retiro, su cónyuge o concubino y sus hijos menores o incapaces, recibirán el 50 por ciento del sueldo que actualmente es de 113 mil mensuales; 130 mil con remuneraciones.
Y no es nuevo, desde finales de 2011 empezaron a tomar recursos del erario para el mentado fondo de jubilación, en los primeros ocho meses ya habían acumulado 21 millones y para finales de 2015 ya tenían 43 millones de pesos. Entre julio y noviembre de 2014, al avecinarse las primeras jubilaciones, intentaron regularizar el recurso y la forma de entrega, pero el Congreso congeló la propuesta, porque los magistrados se negaron a bajarse el sueldo y, como cualquier otro trabajador, aportar parte de su sueldo para el mentado fondo de retiro.
Argumentan que es para ser más libres en su toma de decisiones. ¿Acaso si no cobran más que el gobernador y se les aprueba el dinero de la jubilación, su libertad estará a la disposición del mejor postor?
Así que de nuevo harán lo que se les hizo costumbre desde 2011, sacarán lo que consideren necesario del techo financiero general aprobado para el Poder Judicial -pidieron mil 559 millones de pesos y los diputados les dieron 918 millones-, dinero que sale de su bolsillo, estimado Lector, y de ahí transferirán un promedio 5 millones de pesos (ha sido la media anual) para seguir acumulando dinero del Estado en la cuenta de su pensión vitalicia.
Ante el abuso, algunos personajes como el representante de la Cámara de Comercio en Mexicali y diputados locales empezaron alzar la voz, pero la sordera de los magistrados lleva ya más de cuatro años, lo que indica que requiere de un mayor volumen; hay decenas de grupos ciudadanos, agrupaciones civiles, asociaciones de profesionales, grupos empresariales a quienes les llegó el momento de representar a la sociedad.
Las finanzas en México y en Baja California no tienen viabilidad financiera para sostener la pensión vitalicia de nadie, en el Estado se reformaron las leyes del ISSSTECALI para que los trabajadores trabajen más años y aporten más recursos para su retiro, el sistema de pensiones del IMSS está tronado, entonces, no puede ser posible que la ciudadanía permita que estos caros funcionarios y sus familias, pretendan vivir de las aportaciones del resto de los bajacalifornianos toda su vida.
