Cuando asesinan a un periodista, cuando lo amenazan, lo amordazan o lo desaparecen, la sociedad pierde información. Deja de saber, se vuelve algo ciega y un poco sorda. En un régimen que se precie de ser democrático, en un país que se presume republicano, gobernado por la legalidad, salvaguardar el derecho a la libre expresión es una de las garantías individuales consignadas en la Constitución. Además, es un derecho internacional defendido, protegido y promovido desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
México es ese país pero sólo en papel. En México el Artículo 7 de la Constitución refiere el derecho a la libre expresión y la manifestación de las ideas. México se ha adherido a la declaración de la defensa y la protección de la libre expresión en el ámbito internacional. México ha creado mecanismos de protección para los periodistas y en México también el Gobierno Federal instauró una Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Pero en México la realidad no coincide con lo que está dicho en papel. Este país no es más que una simulación. Actualmente México es el país, en América Latina, más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Un análisis de datos y estadísticas de la organización Reporteros sin Fronteras, refiere: “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información”.
En efecto, los periodistas en México, aquellos que no han cedido a la tentación oficial encarnada en contratos publicitarios, manipulación de información, prebendas y beneficios económicos diversos, están entre dos fuegos: Entre las amenazas y las balas del narcotráfico, y las presiones políticas, fiscales, económicas, del Gobierno, sea este de la Federación, del estado o del municipio.
El mismo documento de Reporteros sin Fronteras sentencia: “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido”.
Artículo 19 capítulo México presentó el martes 9 de febrero su informe sobre periodistas desaparecidos en México, actualizado a enero de 2016 y considerando información desde julio de 2003. En total, refieren 21 periodistas desparecidos en esos trece años en nuestro país. El problema es más grave. No aparece en el listado la periodista Anabel Flores Salazar. Ella fue “levantada” por un grupo de hombres armados con uniformes militares que se trasladaban en tres camionetas, la madrugada del lunes 8 de febrero.
Desafortunadamente la manera en que fue sacada de su hogar la reportera Anabel Flores Salazar, tiene los visos, el modo de operar de los criminales organizados y narcotraficantes, pero también de las fuerzas del orden. En cualquier caso, si fue el Estado o fue el narco, la realidad es que la impunidad para entrar a la casa de alguien, asesinarlo (como sucedió con la Alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo), o llevárselo como la tragedia que hoy nos ocupa, es resultado de la dupla criminal gobierno-narcotráfico, sea esta insana unión por complicidad, por amenazas, por incapacidad o por acuerdo tácito.
Anabel Flores Salazar fue sacada de su hogar, en una madrugada que debió ser como cualquier otra, y se convirtió en la pesadilla que la llevó, a fuerza de la impunidad criminal, a la muerte. Su cuerpo fue localizado en Puebla, en los límites geográficos de aquel Estado, colgado de un árbol con la cabeza cubierta con una bolsa. Imagen del horror que se vive en México ante un Presidente incapaz de estructurar una política contra la inseguridad y la violencia que acabe con los criminales y proteja a los ciudadanos.
Los periodistas en los estados de la República corren serio peligro. Ellos se han de enfrentar a la corrupción local y encarar las amenazas de los criminales que, asentados en los distintos estados y municipios de la República, denomina estas demarcaciones políticas como “plazas”. Se apropian de los territorios nacionales y los llaman “plazas criminales” de tal o cual cártel, organización o célula criminal.
Por ejemplo, de los 35 periodistas asesinados entre 1992 y 2015, cuyo móvil ha sido confirmado como el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión de acuerdo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), solamente tres de ellos fueron asesinados en la Ciudad de México, capital del país. Los 32 restantes han caído mayormente ante las balas de narcotraficantes, criminales, policías y gobiernos locales corruptos. Mientras en 42 casos de periodistas asesinados cuyo móvil no ha sido confirmado esté relacionado con el ejercicio de su profesión, ninguno fue asesinado en la capital del País.
De los 21 periodistas desaparecidos cuyos casos refiere Artículo 19 -22 si sumamos la desaparición de la periodista Anabel Flores Salazar-, cinco son crímenes cometidos en Veracruz, cuatro en Michoacán, seis en Tamaulipas, dos en Nuevo León, dos en Guerrero y uno en cada estado de los siguientes: Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Tabasco.
Los periodistas en los estados de la República corren más peligro. Están alejados de la justicia centralista, de la concentración de poderes, de la sede del Gobierno de la República que lejos, ni los ve ni los oye, ni investiga sus muertes. Están, en este clima de impunidad que se esparce desde el centro del país, vulnerados ante gobernadores corruptos, abusivos y represores, lo mismo que expuestos a violentos narcotraficantes y criminales organizados, que desde la impunidad proveída por el Estado, tienen la capacidad armamentística, el recurso humano criminal, la logística de policías corruptos y la ineficiencia de ministerios públicos y juzgados, para asesinar o levantar periodistas sin que la justicia los alcance.
Los periodistas que a pesar de las amenazas criminales y a pesar de las presiones oficiales, mantienen su compromiso con la sociedad de ejercer su derecho a la libertad de expresión, están siendo asesinados, amedrentados y desaparecidos. Y eso en un país democrático como México, esto debe ser intolerable.
Enrique Peña Nieto, el Presidente que no se pronuncia con seriedad y ni ofrece una propuesta para ponerle un alto a la impunidad, carece de compromiso con la libertad de expresión, y esto es palpable al no instruir a la Procuradora General de la República, Arely Gómez, a darle facultades, ministerio público, investigadores, y personal de indagación a la Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, para que, en concordancia con la inclusión del derecho a la libre expresión en la Constitución Política de los Estados Unidos, las agresiones a periodistas sean investigadas en el ámbito federal.
Sacarlas del ámbito local, podría –y sólo podría– llevar a una investigación hacia la justicia, si la Fiscalía tiene los recursos ministeriales para hacerlo y no ser, como actualmente, una oficina de ornato, que se dedica a la concentración de números para la elaboración de estadísticas, además de, sin elementos científicos, desechar los ataques a la libertad de expresión y categorizarlos en motivos ajenos al ejercicio del periodismo.
La impunidad, esa a la que Peña tendría que poner un alto, en el caso de crímenes contra periodistas llega al 98 por ciento.
Los propietarios de medios de comunicación, los periodistas, la sociedad en general que cuando un periodista es asesinado, ve vulnerado su derecho a saber, a estar informado de lo que realmente sucede en términos de corrupción gubernamental e impunidad criminal, deberían exigirle también Enrique Peña Nieto, el presidente mediático de México en cuyo sexenio se ha incrementado la violencia contra los periodistas, que pusiera fin a la forma más vil de censura contra el derecho que los mexicanos tenemos a saber qué sucede en este país que indigna y a la vez duele: El asesinato de periodistas.
