La madrugada del 19 de febrero del 2006, una supuesta explosión dejó sepultados a 65 mineros que trabajaban dentro de la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, en el norte del país. La excavación es propiedad de Grupo México, una de las empresas mineras más grandes del país.
Cada una de las viudas de los mineros recibe 2 mil 200 pesos mensuales de pensión, pero no han podido recuperar los cuerpos de sus esposos, sepultados bajo los escombros. El entonces gobernador Humberto Moreira Valdés, les daba 420 pesos mensuales, pero lo dejó de hacer antes de irse a dirigir el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel nacional.
El ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada, nunca visitó a los familiares ni les envió condolencias. El presidente Felipe Calderón Hinojosa tampoco ha querido reunirse con los más de 300 familiares directos de las víctimas. Enrique Peña Nieto tampoco ha recibido a las viudas de los mineros.
Después de 10 años, los familiares y alrededor de cinco viudas son los que siguen pidiendo la recuperación de los cuerpos. Sin embargo, ahora el Grupo México argumenta en base a un estudio que ellos realizaron, que en ese lugar hay agua contaminada con enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis, tuberculosis y patógenos entéricos, que podrían ser contagiosos para quienes entren.
Según el peritaje denominado “Evaluación de las operaciones de recuperación en la mina de Pasta de Conchos y resultados de los futuros esfuerzos de recuperación”, elaborado por el experto D.G.
Wooton, los mineros atrapados podrían estar infectados por alguna enfermedad potencialmente mortal.
“El nivel de agua cubre el área donde las víctimas estaban trabajando, resultando que el agua ha estado en contacto con los cuerpos en descomposición”, señala el documento, cuya información fue difundida por el diario local Vanguardia.
No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, agrega, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis.
“Esta exposición puede suponer severos riesgos a la salud al personal de la mina, a sus familias o a la comunidad entera”, puntualiza la investigación realizada del 23 al 27 de marzo de 2007.
Al respecto, la directora de la organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach Benavides, señaló que en todas las minas hay sobrevivientes y “las explosiones de gas no rondan por la mina buscando mineros. Tienen su propia trayectoria y su propia lógica de acuerdo a la física, no a la voluntad de Grupo México”.
Entonces, dijo, sí hubo sobrevivientes, “ellos los dejaron ahí y esa es su responsabilidad, esa es la razón por la que no quieren hacer el rescate”.
Hace 3 años, el obispo católico Raúl Vera López dijo estar más convencido que nunca que dicho incidente fue un “crimen oculto”.
Además, el religioso lamentó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en ese entonces el titular era Francisco Javier Salazar, se hubiera convertido en “perro guardián” para impedir el ingreso a la mina y rescatar los restos de los mineros que permanecen en ese lugar.
El religioso manifestó en ese entonces, que las autoridades poco habían hecho para aclarar cuáles fueron las causas que provocaron la explosión, y señaló que, según instituciones científicas nacionales, al clausurar la mina las autoridades dejaron trabajadores con vida, quienes posteriormente murieron por la falta de oxígeno y apoyo para su rescate.
Durante una reunión con jesuitas, el Papa Francisco pidió una oración por los mineros de Pasta de Conchos, así como por los desaparecidos de Ayotzinapa.
“El Papa me dijo que hace oración por las familias de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y la zona carbonífera”, escribió Pedro Reyes, asistente para la formación de nuevos jesuitas en una fotografía que publicó en Twitter.
Son diversas las versiones sobre las causas del incidente que les quitó la vida los 65 trabajadores. Grupo México argumentó que se había generado una explosión en el interior a causa de una bolsa de gas que sale del subsuelo al momento de la extracción de carbón, y que como consecuencia, la temperatura había subido a más de 900 grados.
Sin embargo, de acuerdo con las autopsias de los únicos dos cuerpos que fueron rescatados, su muerte fue provocada por asfixia y no por
calcinamiento. Esos dos cadáveres fueron localizados a la altura del diagonal nueve de la mina. Grupo México aseguró que había avanzado a casi 2.8 kilómetros hacia adentro de la mina, pero no había encontrado más restos.
Todavía con 63 trabajadores en el subsuelo, Grupo México decidió suspender el rescate de los cuerpos en abril del 2007, a petición de la Secretaría del Trabajo, según la Secretaría de Economía dependencia encargada de las concesiones. Actas de inspección de un par de meses antes del siniestro revelaban que el sistema de ventilación fallaba y que había desperfectos en el equipo eléctrico. Algunos familiares
cuentan que los trabajadores se quejaban de una alta concentración de gas.
A pesar de todas estas anomalías, en febrero del 2007, el gobierno del estado de Coahuila, estado en que se produce casi la totalidad del carbón del país según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), emitió 65 actas de defunción certificadas por un médico forense, aun cuando sólo dos cuerpos habían sido rescatados.
En la actualidad, Pasta de Conchos es una concesión suspendida, que impide extraer carbón o abrirla. Pese a que en septiembre de 2014 Grupo México intentó reanudar trabajos bajo el nombre UNIFICACIÓN LAURELES con el título de concesión minera número 240977, la Secretaría de Economía volvió a negar su operatividad.
A pesar de que autoridades federales y estatales han reforzado los operativos para evitar otra tragedia en estos espacios de trabajo, las desgracias han seguido. Según cifras de la organización Pasta de Conchos, en los últimos 10 años han fallecido otros 105 trabajadores.
