Mucho se ha hablado de los problemas que ha generado el cambio del sistema tradicional de procuración e impartición de justicia al Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios de La Paz y Comondú.
En Comondú está el caso de violación de una mujer de 70 años, donde el imputado es un joven de 19 años de edad que, según testigos, golpeó a la fémina y después abusó de ella; tras su detención, que no se hizo con el debido proceso, goza de libertad. Precisamente sobre el caso y otros más, ciudadanos de Comondú se manifestaron por los problemas que se presentan por la falta de capacitación.
“Se están viendo afectaciones, porque los comundeños se quejan de asalto a mano armada, de diferentes delitos, donde los delincuentes tienen la apertura estar delinquiendo y de una forma cómoda siguen en las calles. Veo ocho meses donde todavía están aprendiendo, creo que la curva de aprendizaje ya se pagó y debemos dar resultados para que el nuevo sistema sea eficiente”, expresó el diputado local Edson Gallo.
Mientras tanto, en La Paz, ocurrió el caso de un joven comerciante de 28 años, quien tras declarar y señalar a su agresor, éste fue detenido por la autoridad, pero quedó en libertad tras no realizarse debidamente el procedimiento de integración.
“Cuando nos avisan que estaba en urgencias, nos acercamos y al llegar a urgencias estaba él con dos ministeriales, una vez con ellos, no se registra en la carpeta el oficio que se tiene que levantar oficialmente, porque el criterio de ellos fue que no ponía en riesgo su vida, y en la primera audiencia que se tuvo con el juez y abogados defensores, y todo resulta que esa acta no está en la carpeta, que él señaló quien era su agresor, ahí lo identificó y señaló consciente, él no estaba ni sedado ni con analgésicos, no estaba inconsciente”, dijo un familiar.
Incluso un abogado consultado afirmó que “la integración de la carpeta de investigación fue deficiente, porque los policías no supieron hacer bien su trabajo y porque el Ministerio Público no supo glosar adecuadamente el registro en la carpeta de evidencia, falta de registro y experiencia”.
Precisamente el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, considera que aún hace falta infraestructura y capacitación para los agentes de seguridad, ya que a la fecha, en La Paz y Comondú se siguen generando problemas: “Faltan varias cosas, falta infraestructura todavía, falta desde luego capacitación, y algo bien importante: falta socialización con la sociedad, que conozcan de qué se trata el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y creo que ahí tenemos asignaturas pendientes, porque creo que es una manera más eficiente de enfrentar el fenómeno delictivo, y por supuesto, la procuración e impartición de justicia”.
Respecto a la solicitud que hizo ZETA al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) de Baja California Sur, se tuvo alcance a documentos relacionados con facturas emitidas por la Secretaría de Finanzas para el tema de capacitación en los cuerpos policiales a órganos como la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, COINESA, Quiroz Consultores y Asociados, INACIPE, Jiménez Holguín Carlos Mario, Numera SC, entre otras.
En algunos documentos sobresale:
En noviembre de 2012, por 270 mil pesos, se facturó la “cuota de recuperación por la impartición de tres cursos de capacitación denominados Cadena de Custodia para policías de Baja California Sur; del 14 de noviembre de 2013, se trata de la “capacitación denominada ‘Integración de la Carpeta de Investigación’, capacitando a gentes de Policía del Estado por la cantidad de 90 mil pesos. En el mismo mes de noviembre de 2013, el curso “Función del Policía en el Sistema Penal Acusatorio” en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, por 90 mil pesos.
El monto total alcanza los 34 millones de pesos que se aplicaron durante la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor, y que al día de hoy, en el ejercicio de los conocimientos prácticos, deja mucho que desear. El actual gobierno reconoció que los problemas en la entrada en vigor se siguen presentando como toda nueva estrategia, por ello se invertirá en los rubros necesarios para atender debidamente al NSJP y, desde luego, al Mando Único Policial.
“Estamos en negociación con la Secretaría de Gobernación para la repartición de los fondos de seguridad, en materia de Mando Único no te podría dar la cantidad exacta, lo que sí te puedo decir es que hay un compromiso pleno para que podamos echar a andar de manera muy bien aceitada, integrada el Mando Único entre las instancias estatales y municipales de seguridad, y que también el NSJP, como toda nueva estrategia, como todo nuevo esquema de trabajo, nos está generando algunos problemillas de ajuste, lo vamos a dejar a tono, para que a partir del mes de junio, donde la Constitución marca que solo debe operar el nuevo sistema, podamos estar sirviendo a los sudcalifornianos como debe”.
El fiscal de Texas, Carlos Valdez, habló de la importancia de los agentes policiacos en el NSJP, ya que “es mucho muy importante, porque en la mayoría de los casos hacen la investigación y recogen evidencia, sin los agentes policiacos no hay juicios, no hay casos, casi la mayoría de los casos dependen de la evidencia que se recibe durante una investigación”.
De igual manera, reconoció que tienen la posibilidad de encarcelar o liberar a un imputado, pues “la mala aplicación de un policía al momento de algún delito puede traer consecuencias graves como la liberación de imputados que pudieran ser responsables de un delito”, pero esto pudiera resolverse si “hay una falla en el sistema desde el principio de la investigación y hasta el fin del juicio, si hay fallas el público tiene derecho a saber dónde fue la falla, quién fue el responsable y, si es necesario que haya una consecuencia”, refiriéndose a una posible sanción al servidor público.
