Durante abril de 2014, el Cabildo del ayuntamiento paceño aprobó la venta de 78 terrenos del gobierno municipal para pagar deudas y mejorar servicios públicos. Sin embargo, una investigación de ZETA expone que seis predios fueron adquiridos por ex funcionarios, amigos y prestanombres de los ex alcaldes Esthela Ponce y Francisco Monroy
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La Paz, Baja California Sur.- El 11 de abril de 2014, durante una sesión privada de Cabildo, de carácter extraordinario, la ex presidenta municipal de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, solicitó un punto de acuerdo para cambiar la condición jurídica de 78 bienes inmuebles, propiedad del gobierno municipal paceño, los cuales pudieran pasar de dominio público a dominio privado, a fin de ser vendidos y obtener recursos para sanear las finanzas públicas del XIV Ayuntamiento local.
Los bienes inmuebles y parte del patrimonio del gobierno paceño, habían sido obtenidos de la donación de los desarrolladores de fraccionamientos, obligados a entregar el 10 por ciento del área lotificable vendible -según la Fracción III Artículo 27 de la Reglamento de Fraccionamientos del Estado-, cuyas propiedades debían ser destinadas para equipamiento urbano de la capital.
En ese entonces la justificación de la ex alcaldesa paceña fue que ocupaban brindar “una mejor prestación de los servicios públicos, tales como seguridad, recolección de basura, pavimentación, mantenimiento de parques y suministro de agua”.
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El ayuntamiento de La Paz, otra vez hundido en el escándalo, ahora la autocompra de predios de ex funcionarios de la administración anterior.
Por tal motivo, según el punto de acuerdo en poder de ZETA, requería que el patrimonio municipal de los paceños fuera desafectado, es decir, cambiar la condición jurídica de los terrenos, y que a partir de ahí, pudieran ser “enajenables, prescriptibles y embargables”, y tener la posibilidad de venderlos a través de las figuras de permuta, hipoteca, compraventa y donación en pago.
El dinero obtenido de la venta del patrimonio municipal iba a ser utilizado “en el pago de pasivos y el gasto del empate de recursos con el Estado y la Federación para la ejecución de obras sociales y turísticas”.
La propuesta del cambio de situación jurídica era porque -según el escrito- “no podían ser vendidos” por ser bienes inmuebles considerados del dominio público, es decir, equipamiento urbano tal como áreas verdes, parques, canchas deportivas y espacios públicos de uso predominante para la población.
Ponce Beltrán informó que el ayuntamiento paceño era el legítimo propietario de los 78 bienes inmuebles -según constancia en los planos de lotificación debidamente autorizados por las direcciones generales de Desarrollo Urbano y Ecología y Catastro, los cuales ya estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio-. Las propiedades estaban localizadas en las colonias Paseos del Sol, Marina Sur, Diana Laura, Santa Gertrudis, El Palmar II, Santa Fe, Calafia, Villas del Encanto, Paraíso del Sol II, Miramar, Tierra Café, Santa María, Campestre La Paz, Las Rinconadas de las Californias, San Rafael II, Villas de La Paz, Valle del Mezquite, Conchalito y Camino Real; así como las zonas rurales de San Pedro, Plutarco Elías Calles, El Pescadero, El Centenario, Carretera Pichilingue, Carretera Los Planes y Laguna de Oxidación.
La ex presidenta municipal paceña dijo en la exposición de motivos que “el ayuntamiento es competente y está legalmente facultado para conocer y resolver el destino del patrimonio municipal, toda vez que es el órgano colegiado encargado de aprobar por acuerdo de la mayoría calificada la desafectación del patrimonio inmobiliario municipal, cuando dejen de destinarse al uso común o al servicio público”.
El debate
Después de la presentación exprés, y durante la trigésimo octava sesión extraordinaria privada de Cabildo, la propuesta abrió el debate.
La primera en hablar, y tras presentar el escrito, fue la propia Esthela de Jesús Ponce Beltrán, quien comentó que el planteamiento era para buscar -según ella- “un marco de negociación con empresas y proveedores con los que el ayuntamiento tiene deudas, como FONACOT y Comisión Federal de Electricidad, y poder llegar a un acuerdo.
Silvia Aguilar Baltazar.
“Mi interés es que los bienes que se enajenen, si es procedente la solicitud, es que sean los menos, a fin de no comprometer el patrimonio municipal”, dijo.
El primero en refutar la propuesta fue el ex regidor del PRD, Javier González Rubio Cerecer, quien expresó que 78 eran “muchos predios”, y tendría que revisar “porque el padrón inmobiliario me lo acaban de entregar, y no hay más documentación anexa de los terrenos”.
El edil recordó lo delicado del tema que fue la venta del terreno del Cerro de la Calavera -vendido por su cuñado, el ex alcalde y ex gobernador Leonel Cota Montaño-, por el cual después de tanto tiempo, todavía andaban los dimes y diretes, por lo que presentó la contrapropuesta de vender únicamente cinco terrenos de más o menos grandes extensiones, los cuales estaban en la lista, y dejar el resto pendientes.
Fue entonces cuando muy quitado de la pena y sin ninguna pizca de vergüenza, el ex síndico del PRI, Francisco Javier Moreno Soria, dijo estar de acuerdo y sacó textualmente la frase “los bienes son para remediar los males”, por lo que dijo que la venta estaría encaminada a resolver los problemas de servicios.
El ex regidor del PANAL, José de la Toba Camacho, secundó al ex síndico y expuso que la venta motivaba “para resolver los problemas de servicios públicos por el elevado crecimiento de la población de La Paz”, aunque textualmente alertó: “El cambio del estatus de los bienes municipales de dominio público a privado se puede poner en riesgo la posibilidad de un embargo por acreedores, por lo que es necesario revisar a fondo los bienes inmuebles susceptibles de inversión o venta”.
El ex regidor panista Saúl Lamas Guzmán preguntó: “¿Los terrenos del padrón son donaciones de las compañías de fraccionamientos para áreas verdes?”, planteamiento que se respondió de inmediato por parte de la ex alcaldesa paceña, argumentando que se habían revisado “las zonas donde estaban los predios” y, en según ella, no requerían de equipamiento urbano porque éste ya existía.
Terminando su intervención, el ex regidor priista Ricardo Fiol Higuera comentó estar de acuerdo con la propuesta de cambio de situación jurídica y venta, porque “se está haciendo algo para resolver la situación financiera, y lo mismo escuché de ciudadanos que para pagar deudas se vendiera lo que se necesitaba, a fin de obtener mayores recursos”.
Por su parte, Luis Fernando Barajas Gámez, del Partido Nueva Alianza (PANAL), refutó lo dicho por su compañero, porque para empezar “no son los únicos bienes inmuebles del ayuntamiento paceño”, y además expresó que se debían exponer los criterios para seleccionarlos y ver cuáles de la lista se van a vender.
El ex edil consideró que la venta era “una situación delicada, y se declaró sorprendido por la actitud del ex síndico Francisco Javier Moreno Soria, quien era el responsable del patrimonio municipal de los paceños.
Entonces intervino Esthela Ponce Beltrán: “Se van a vender los bienes no necesarios para infraestructura social, y los que no se utilicen en estas negociaciones y acuerdos, estaré pendiente de que se regresen al estatus anterior para que no queden en manos libres”.
Por último intervino el ex regidor priista Fausto Álvarez Gámez, quien pidió la máxima secrecía en este asunto para no levantar ruido o generar una polémica por la venta del patrimonio municipal.
Al final, tras agotarse las intervenciones, los ex regidores votaron quedando de la siguiente manera: 12 votos a favor de la venta, 3 abstenciones y 0 en contra.
Armando Martinez Vega, anuncio una investigacion por parte de una comision especial – Antonio Manriquez Bancalari, en la lista de los beneficiados – Francisco Javier Moreno Soria, el ex Sindico del XIV Ayuntamiento de La Paz
Los que votaron a favor fueron: Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Francisco Javier Moreno Soria, Fausto Álvarez Gámez, Silvia García González, Ana Luisa Yuan Santa Ana, José Yakael Ramírez Pérez, Norma Alicia Castañeda Quintero; Ricardo Fiol Higuera, José Javier Martínez González, Pilar Eduardo Carballo Ruiz y Saúl Lamas Guzmán.
Los que se abstuvieron fueron: Javier González Rubio Cerecer, Luis Fernando Barajas Gámez y Jesús Francisco Rubio Salgado.
Las irregularidades
Sobre está aprobación todo pareciera estar bien, de no ser porque -a la vuelta de dos años- algunos de los terrenos aparecieron registrados a nombre de ex funcionarios, amigos y prestanombres de los ex alcaldes de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Javier Monroy Sánchez.
El 26 de octubre de 2015, después de un mes de la toma de protesta del nuevo alcalde, Armando Martínez Vega, ZETA solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) la siguiente información:
* El estatus en que se encuentra cada uno de los predios que forman o formaban parte del patrimonio del gobierno municipal de La Paz.
* Informar si fueron vendidos o transferidos, ya sea a una persona física o moral.
* La fecha y el precio del metro cuadrado en el caso de que se haya dado un acuerdo comercial.
* Copia de toda la documentación detallada, como contratos de compraventa, recibos de dinero o cualquier documentación que acredite la operación de compraventa a terceros del patrón de bienes patrimoniales del municipio paceño.
La respuesta a la solicitud de información, bajo el número de expediente 590/2015, llegó hasta el 9 de noviembre de 2015, cuando la directora general de Catastro, Rafaela Beltrán Castro, remitió lo siguiente:
– Confirmó que la situación jurídica del listado de 78 bienes inmuebles fue cambiada del dominio público al dominio privado, seis de los cuales fueron transferidos (vendidos) a través de la figura de dación de pago a particulares y uno más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante que el 9 de agosto de 2015 fuera revocado el punto de acuerdo del 11 de abril de 2014, revirtiendo el patrimonio de dominio privado a dominio público, lo que automáticamente lo convirtió en inalienable, imprescriptible e imbargable, según el Artículo 2 Fracción XII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y artículos 160, 161 y 163 Fracción IV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado.
– Determinó que el precio de venta y fecha de la operación de compraventa no fue revelada porque -según el escrito- “la información no se encuentra registrada”, en virtud de que la “la transmisión de dominio obedece a daciones en pago que fueron ejecutadas por la tesorería municipal”.
– Hizo entrega del dictamen de desafectación y el acuerdo privado del Cabildo.
Aunque en el informe, la directora de Catastro de La Paz refiere seis daciones en pago, el padrón de los 78 bienes inmuebles del patrimonio municipal, arrojó 15 actuales propietarios:
Silvia Aguilar Baltazar: Prestanombres del ex alcalde de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, quien se adjudicó un terreno de 7 mil 798 metros 77 centímetros cuadrados de un predio en la colonia Villas del Encanto, por una supuesta deuda de 2 millones 505 mil pesos 866 mil 34 centavos a la compañía Autoservicios Aguilar.
Antonio Alejandro Manríquez Bancalari. Ex director de Fomento Económico en la pasada administración, el cual tiene dos predios: uno de 934 y otro de 933 metros cuadrados en la comunidad de El Pescadero. La operación quedó registrada como compraventa.
Moisés Pérez Correa. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), quien se adjudicó un terreno de 663 metros cuadrados en la colonia Paraíso del Sol II, registrado como una operación de compraventa.
Elías Higuera Amador. Secretario general del Partido Progresista, quien tiene tres terrenos: uno de 6 mil 670 metros cuadrados, otro de 5 mil 121 metros cuadrados y uno más de 5 mil 11 metros cuadrados sobre la carretera a Los Planes.
José Gildardo Osuna Santos. Se adjudicó un terreno de 14 mil 726 metros cuadrados en la carretera a Los Planes.
Otros más son: Juan Trinidad Ugalde Cortés y Manuela Victoria Amao Cota, así como las compañías MC KENTON, S. A de C.V. Proyecto y Desarrollo Punta Cortés, S.A de C.V.; Proyecto Inmobiliario de Culiacán, S.A de C.V.; y Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de C.V.
Sobre estos hechos, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, anunció que iniciarían un proceso para recuperar los terrenos dados en pago a supuestos proveedores de la pasada administración.
“Dimos la instrucción de que ningún otro terreno vuelva utilizarse para pagar deudas con proveedores, porque esas áreas de donación deben utilizarse exclusivamente para parques, centros recreativos y espacios públicos”, citó durante una entrevista.
El edil del Partido Acción Nacional agregó que una comisión especial investiga el caso, y hasta la fecha ha detectado que “hemos visto a muchas personas que se vieron favorecidas con el pago de donación, por lo que debemos hacer el reconocimiento de la deuda, tratar de pagar y recuperar el área de donación”.
