Pagos en exceso, obras de mala calidad, compras con sobreprecio, adjudicaciones directas… en general decenas de actos irregulares encontró el Órgano Fiscalizador en la cuenta pública de Mexicali 2014. A pesar del evidente daño a las arcas, recomienda a diputados aprobar la cuenta del panista
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, encontró varias irregularidades en la cuenta pública 2014 del Ayuntamiento de Mexicali, que encabeza Jaime Díaz Ochoa. Entre ellas:
* Cobros inferiores por Impuesto Predial.
* Irregularidades en contribuciones de casinos.
* Pagos irregulares a notificadores y ejecutores.
* Millonarios pagos a proveedores que recibieron contratos por adjudicación directa, algunos con presupuestos elevados y aplicados a equipo obsoleto y fuera de uso.
* Pagos en exceso por obra pública con notables diferencias entre lo estimado y lo ejecutado.
* Cambios en la aplicación original de los recursos.
* Incrementos en los contratos a la hora de la realización, en algunos casos sin los resultados esperados.
* Pagos con recursos del SUBSEMUN con operaciones no identificadas contablemente por el fondo.
* Pagos de anticipo a obras no realizadas.
En la parte del sistema de control interno “se detectaron riesgos en la mayoría de los controles por la inadecuada verificación de las actividades que realizan”, además de atraso en la culminación de alguna sobras.
Otros temas pendientes son el de ISSSTECALI y el adeudo de más de 700 millones al Instituto, problema heredado de la anterior administración, pero hasta la fecha no resuelto; l igual que el incumplimiento al proyecto del Proyecto de Trasporte Rápido BRT -que implica la devolución de casi 200 millones a Banobras- y el adeudo a proveedores por casi 80 millones de pesos, por solo mencionar algunos ejemplos.
Jorge Eugenio Nuñez, PEBC, Abraham Medina, regidor
Aun así, el Órgano considera “procedente” la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y Deuda Publica, a la par que recomienda no aprobar la Cuenta Pública de Patrimonio, ambas correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
Como si no fuera suficiente, en el documento del OFSBC se incluye que el Ayuntamiento de Mexicali actualmente cuenta con 818 juicios laborales, 128 de lo Contencioso Administrativo, 464 demandas de amparo, 155 juicios penales y 175 juicios civiles en su contra. Todos derivados de inconformidades de diversa índole, desde el otorgamiento de permisos, hasta de concesiones y bases laborales.
FISCALIZADOS
Trece días antes de que terminara 2015, el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California envió al Congreso del Estado -a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público- el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento de Mexicali Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014. La administración de Jaime Díaz asumió el 1 de diciembre de 2013, sustituyendo a la que encabezaba el priista Francisco Pérez Tejada.
En el documento se incluyen rubros que fueron “heredados” pero que no han sido resueltos, como el adeudo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), pero se descubren irregularidades “nuevas”; por ejemplo, una serie de contratos por mantenimiento y servicio a equipo de trasporte por 23 millones 206 mil 489 pesos, otorgados por adjudicación directa. Ahí se incluye a Grupo Racota, S. de R.L. de C.V., el cual se llevó 8 millones 957 mil pesos, además, a Silvia Campos de Lucas por 8 millones 259 mil pesos y a MJ Industrial por 5 millones 9809 mil pesos.
Igual se adjudicó directamente la compra de refacciones, lubricantes y aditivos por 26 millones de pesos, donde sobresalen proveedores como el Mercado de Refacciones con 16 millones 211 mil pesos y José Luis Guerrero con 9 millones 849 mil pesos.
parque centenario
El Mercado de Refacciones es propiedad de Sergio Salgado Legaspy, quien fue subsecretario de Finanzas en tiempos que Eugenio Elorduy fue titular, durante la administración de Ernesto Ruffo.
En cuanto a Racota, la revisión arrojó que supuestamente realizaron reparaciones a cerca de 100 unidades -una buena parte patrullas-, pero resultó que en ocasiones se gastó más en la reparación que el valor del avalúo del vehículo. Un ejemplo: repararon una Dodge Ram 2008 gastando 343 mil pesos en el vehículo valuado en 269 mil, o el caso de otra Dodge Ram 2010 a la que se le invirtieron 299 mil pesos y valuada en 272 mil.
De acuerdo al reporte, en el caso de una veintena de unidades -la verificación se realizó el 22 de abril de 2015- ya se encontraban en procedimiento para darlas de baja, otras más estaban fuera de uso y a otras se les había tenido que dar nuevamente mantenimiento mayor. Aparte el estudio indica que “no se pudo determinar a cuál unidad corresponden los mantenimientos”, ya que no se especifica el número económico o inventario en la orden de compra o en la factura.
Todo eso tuvo un gasto de 8 millones 957 mil pesos pagados a Grupo Racota, S. de R.L. de C.V.
Según el Registro Público de la Propiedad, esta empresa fue creada el 11 de enero de 2014 -apenas iniciando la actual administración- y en su objeto social se incluye la edificación, construcción, planeación, desarrollo, remodelación, reparación, adaptación, supervisión y ejecución de todo tipo de obras civiles. Pero también la compra, venta, exportación e importación de todo tipo de maquinaria y la compraventa, administración y arrendamiento de toda clase de obras relacionadas con bienes inmuebles.
Cesar Valerio, en el cabildo
La empresa la crearon Emma Galván Balboa, Roxana Sánchez Fonseca y Michel Manríquez Galván -las dos primeras con domicilio en una zona popular de Mexicali- y nombraron como gerente a Édgar Curial Contreras, a quien versiones periodísticas ubican como parte del comité municipal del Partido Movimiento Ciudadano en Mexicali, organismo que encabeza estatalmente el actual regidor con licencia y Job Montoya, uno de los principales aliados al interior del Cabildo del actual alcalde.
A esta misma empresa se le otorgaron cuatro contratos -otros 8 millones- y en dos de estos se considera que se pagó “en exceso”, más de lo cotizado, y en el caso del césped del Centro de Desarrollo Humano en Ciudad Coahuila, en el Valle de Mexicali, el zacate no germinó; mientras que en el CDHI de la colonia Los Mayos, se cobró con sobreprecio.
El tema se analiza al interior de Sindicatura Municipal desde hace varias semanas, y se adelanta la posibilidad de que sea concluido en estos días, derivando la posible inhabilitación de al menos cuatro funcionarios municipales.
MÁS Y MÁS
De acuerdo a la revisión del OFSBC fueron cerca de 15 contratos los detectados con diferencias entre las cantidades ejecutadas y las estimadas, con errores en precios unitarios, sobrecosto de obra y cálculos de cargos indirectos, a lo que se le suma la mala calidad de los trabajos. La lista incluye a Constructora Valle Dorado, Construcciones Cachanilla, OSAL, Constructora Femat, Raymundo Carrillo, Eduardo Lavalle y Desarrollos Enkares, entre otros.
También se menciona que se otorgó un anticipo a la empresa Lanzaconcretos y Construcciones, S.A. de C.V. por el contrato de obra 32304005-001-010, con recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) con un cheque emitido en 2011, cantidad que no ha sido recuperada.
Jaime Diaz, toma de protesta
Entre las observaciones, también aparecen anomalías administrativas -algunas arrastradas desde la anterior administración- como en el caso de Materiales y Suministros de Consumo, supuestamente con un saldo de 5.5 millones de pesos, pero el inventario no concuerda, dado que no se han efectuado bajas contables del inventario de artículos obsoletos; o en el caso de las refacciones automotrices donde hay una diferencia de más de 2 millones de pesos o el material eléctrico –-e repuesto al alumbrado-, con diferencia de cerca de 900 mil pesos. Igual son las anomalías del padrón de bienes muebles con deferencias entre el padrón y la real de casi 4 millones de pesos, o bienes no incluidos en el registro inmobiliario.
Otro caso es el de la empresa Nicoya Inversiones -propiedad de Julio César Madariaga- a la cual se le sustituyó la obligación de donar al Municipio 45, 925,093 metros cuadrados a cambio de la entrega de un millón 277 mil pesos. Este acuerdo fue firmado el 30 de octubre de 2013 – un mes antes de la salida de Pérez Tejada-, pero se cambió por la donación de 500 computadoras. Supuestamente la entrega se realizó el 2 de junio de 2013, pero el equipo de cómputo no está registrado, “no forma parte del padrón de bienes inmuebles” y no existen siquiera resguardos.
Igual se mencionan pasivos con la empresa Actinver Casa de Bolsa -la que administra el Fondo para el Pago de Indemnizaciones de Enfermedades por Riesgo de Trabajo- por cerca de 22 millones de pesos; 15 millones corresponden a retenciones realizadas a los empleados -la mitad de 2013, la otra de 2014-.
Incluyen el tema de ISSSTECALI y el adeudo -hasta ese momento- de 605 millones de pesos, la existencia de dos convenios de reconocimiento de adeudo que corresponden a cuotas y aportaciones -por cerca de 439 millones- y otros 84 millones por descuentos a los trabajadores, ambos no entregados al Instituto.
El tema ha derivado en al menos cuatro demandas penales contra el ex alcalde Pérez Tejada, la solicitud rechazada de juicio político y la caída de su candidatura a diputado federal, y a la fecha sigue siendo un asunto pendiente, aunque el argumento de Díaz Ochoa ha sido que heredó la deuda y él sí ha pagado las mensualidades.
En otros rubros se menciona el cobro “de menos” por Impuesto Predial a 33 predios que suman un importe de 6 millones 248 mil pesos, de los cuales 1.5 son del 2014; el resto, de 2010 a 2013, y en otra parte se incluye la falta de cobro, donde no coinciden el número de máquinas en 2013 con las de 2014. Aparte, en el caso de Grupo Caliente no se ha podido determinar las contribuciones recaudadas de los ejercicios 2011, 2012,2013 y 2014 por concepto de expedición por primera vez de calcomanía por máquina, o la revalidación trimestral o anual bajo el argumento de que “ya no se cuenta con un padrón de máquinas de dicho casino”, en función de que la casa de juegos se encuentra amparada, sin que en la revisión se proporcionara el documento.
Como si no fuese suficiente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está requiriendo al Ayuntamiento un pago por 94.5 millones de pesos por impuestos retenidos sobre nómina, a lo que se suman multas y actualizaciones, de acuerdo al resolutivo 500-40-00-02-01 por una revisión contable realizada del 1 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2012. A marzo de 2015 la cifra ya había ascendido a 108 millones de pesos.
Entre los datos emergió que el Ayuntamiento de Mexicali cuenta con una plantilla de empleados que suman 5 mil 987, de los cuales 3 mil 233 son de base, 2 mil 331 de confianza y 423 de contrato.
CLEPTOCRACIA
En cuanto al manejo financiero de la actual administración municipal, el regidor perredista César Valerio anota que en el tema de ISSSTECALI, actualmente se han pagado las cuotas, pero queda pendiente el rezago y, al no saldar intereses, sube a 700 millones. “Esa omisión, ese error provoca que los ciudadanos paguen una cantidad superior”, refiere.
Plaza del mariachi
Igual el tema de PASA -concesionaria de la basura-, a la que tenían que pagar de 6 a 7 millones mensuales y se optó, por un asunto legal “quitarse ese yugo”, aun así inició 2014 pagando, pero luego se suspendió. “Así hay en diferentes temas”, dice Valerio en alusión a los adeudos a proveedores.
Considera un error que se diga que son adeudos generados por la anterior administración, ya que la actual tiene la obligación de resolverlos. Como el caso de la contratación del equipo de Pedro Aspe –ex secretario de Hacienda- para realizar una revisión para proponer cómo entrarle a toda la situación financiera. El trabajo costo más de 6 millones de pesos.
El análisis arrojó que debía reducirse el déficit del balance operativo, bajar el déficit del balance fiscal, ajustar el pasivo circulante, pero a la par, reducir 5 por ciento anual el concepto de gastos personales, de trabajadores. Pero las recomendaciones no se concretaron. “Por acuerdos políticos meten personal, después no salen, se sindicalizan y se va inflando. En esta administración han hecho un sinfín de cosas en las que la Oficialía Mayor ha sido omisa”, opina quien caracteriza a la administración municipal como de “cleptocracia”, ejemplificando el caso de Racota, o los contratos a la empresa de Gustavo Sánchez.
El regidor del Partido Estatal de Baja California, Jorge Eugenio Núñez, complementa: “Creo que en el municipio nos hace falta tener mucho más transparencia para que la ciudadanía tenga más confianza en el Ayuntamiento en cuanto a las actividades que hace, que confíe en que el dinero que gasta en su Predial está bien distribuido”.
Acepta que el Cabildo ha tenido poca injerencia en las decisiones tomadas en el aspecto financiero. Pone el ejemplo de los créditos solicitados, donde los regidores poco saben en cuanto a datos esenciales: con qué banco, tasas de interés, montos y -sobre todo- cómo se ha gastado.
Por su parte, el regidor panista Abraham Medina cuestiona que el 80% del presupuesto se destine a la nómina, que haya baja recaudación y mucho gasto, y lo que llama “una mala administración” en una buena parte por los intereses políticos.
Insiste que el tema del engrosamiento de la nómina se tiene que corregir, “no se ha hecho nada ni se va a hacer nada mientras el Ayuntamiento de Mexicali se siga definiendo por colores políticos”. Ejemplifica: entra una administración priista, corre a 500 empleados y pone a 500 de su partido, llega otro y hace lo mismo, pero al revés.
El regidor panista comenta que en diciembre de 2015 se aprobó un fondo de 250 millones para el pago de adeudo a proveedores, meta que se pusieron para junio de este año.
“Nos ha faltado por hacer, hemos hecho lo que estamos obligados a hacer, pero no hemos hecho lo extraordinario, lo que prometimos en campaña. En calificación, del 1 al 10, un 6, apenas…”, sintetiza.
