A través de su Embajada en España, el gobierno mexicano buscó a los mejores abogados para la defensa y ayuda de la familia, del ex gobernador de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, luego de su detención en Madrid, el pasado 15 de enero de 2016.
De acuerdo con una investigación realizada por el diario español El País, titulada: “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”, el político coahuilense no estuvo solo durante los ocho días que permaneció en prisión, debido a que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto inmediatamente intentó conocer hasta el más mínimo detalle de su captura, además de atender a su familia durante ese tiempo, además de sacarlo de la cárcel.
“Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, le dijo una fuente al medio español.
El rotativo internacional señaló que los funcionarios de la Embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se “volcaran” con el caso el mismo día que se dio a conocer que fue detenido en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, tras una investigación de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal y cohecho.
Además, indica el diario que pertenece al Grupo Prisa, se pidió la búsqueda de prestigiosos abogados españoles para que se hicieran cargo de su defensa, además de la atención a su esposa, Vanessa Guerrero Martínez, y de sus hijas, que durante ese lapso se hospedaron en el hotel Vincci Soho, ubicado a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid.
El País recalca en su investigación que dicho establecimiento de hospedaje mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país.
La misma tarde y noche de la detención, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar, ya que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada, les preguntaban por qué se había detenido al exmandatario coahuilense y qué indicios o cargos había en su contra, sin embargo, el mutismo de los agentes españoles fue total.
“Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirmó una fuente a El País.
Pese a la “estrecha relación” entre la Policía Nacional y la PGR, en la embajada creyeron que los agentes españoles les revelarían los motivos de la “caída” de Moreira, sin embargo, no lograron su objetivo.
“El silencio de las autoridades causó malestar en la legación diplomática ya que en esta ocasión las autoridades españolas tampoco les habían avisado de la detención como hacen habitualmente”, indica el diario.
El interés por la situación del hermano del actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, no terminó ahí, pues el lunes 18 de ese mes, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al recluso, algo que hace con frecuencia con presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que éstas no se producen “con tanta celeridad”.
Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado “Víctor” llamó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió al expresidente nacional del PRI, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción.
Más tarde, un chofer a los mandos de la camioneta Mercedes de la embajada, se trasladó a la terminal aérea madrileña para recoger al abogado mexicano Ulricht Richter, quien se hizo cargo del caso.
“Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos”, asegura una fuente del diario español.
El Gobierno federal buscaba en ese momento saber qué indicios criminales había contra el ex gobernador y funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que amparándose en el artículo 36 de la Convención de Viena, preguntaron al juez Santiago Pedraz, aspectos relevantes de la investigación.
La Embajada mexicana demandaba además información oficial sobre los delitos por los cuales se le investigaba a Moreira; el tiempo que duraría el secreto de sumario; el resultado de la audiencia celebrada el día 22; si fue decretada la prisión preventiva o la libertad bajo fianza y el tiempo que puede durar la instrucción del caso.
La respuesta del juez fue estrictamente protocolaria, sin facilitar ningún dato de la causa declarada secreta, indica El País en su investigación periodística. La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el día antes de quedar en libertad, cuando la procuradora General de la República, Arely Gómez González, llamó por teléfono a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de las autoridades.
“Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, indicó un portavoz de la Fiscalía.
Moreira salió de prisión el 22 de enero y el 3 de febrero, tras recibir su pasaporte, abandonó el país con su esposa y regresó a México.
“Se ha marchado sin su teléfono y su iPad que todavía estaban en poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa”, comentó una fuente al diario.
Por su parte, la Embajada mexicana en España no respondió ningún cuestionamiento realizado por el El País al respecto, y sólo se limitaron a remitir un comunicado de prensa que se hizo público después de su detención, en el que destaca que “la representación mexicana en España velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, al tiempo le brindará asistencia consular en caso de que le sea solicitada, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”.
La sede diplomática añadió que la Sección Consular de la Embajada actúa con apego a lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en su artículo 36, párrafo C que indica que “los funcionarios consulares tienen el derecho de asistir y visitar a sus connacionales que se hallen arrestados o en prisión preventiva, a conversar con ellos e incluso a coadyuvar en su defensa ante los tribunales a fin de garantizar el debido proceso”.
Días después de la detención de Moreira en Madrid, el 22 de enero, el juez Pedraz decidió que las pruebas presentadas no eran suficientes para continuar el caso y acordó la puesta en libertad de Moreira y sobreseió la causa, al supuestamente haberse justificado la procedencia de los 200 mil euros que se le atribuye haber blanqueado en España, procedentes del narcotráfico.
Sin embargo, dos fiscales han recurrido el archivo del caso por lo que la investigación sigue secreta y abierta en España respecto a otras personas involucradas, algunas mexicanas.
Al momento de su detención el periódico digital El Español afirmó que los investigadores tenían pruebas que demostrarían que el ex presidente del PRI sería un “subordinado” del cartel que mueve el narcotráfico en México, los Zetas, quienes mataron a su hijo en 2012, José Eduardo Moreira, porque el ex gobernador de Coahuila estaba moviendo dinero sin El control de la organización criminal.
Moreira negó tener nexos con el cártel de ‘Los Zetas’, y añadió que su situación no tiene por qué afectar al partido.
Sin embargo, al salir de la cárcel Moreira señaló: “estoy muy contento y muy agradecido por la atención que han tenido conmigo”.
“Ha sido un experiencia para la vida que llevaré siempre y que le ha permitido conocer a mucha gente, saber las necesidades que tienen y sus problemas”, dijo el ex mandatario de Coahuila, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde este febrero comenzó a percibir una pensión vitalicia de 37 mil pesos mensuales.
