Jorge Serrano Limón, director de la asociación Provida, fue detenido este miércoles 17 de febrero acusado del delito de peculado.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a través de un comunicado que el dirigente de la organización ya fue trasladado a un reclusorio de la Ciudad de México luego de que se encontraran “diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el Gobierno Federal le había asignado para el equipamiento de centros de ayuda para la mujer”.
La dependencia federal dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvío de recursos públicos por un total de 25 millones 764 mil 539.71 pesos, por lo que inició la averiguación en contra de Serrano Limón y, desde el pasado año, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO) obtuvo la orden de aprehensión que fue cumplimentada este día.
Hace un año se dio a conocer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a un litigio promovido Serrano Limón, quien durante años pretendió evitar el pago de una multa de 13 millones 327 mil pesos. En 2005, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso la sanción a Serrano Limón por utilizar recursos públicos de Provida para pagar servicios o comprar objetos suntuarios, como tangas.
En 2005, durante la Presidencia de Vicente Fox, el titular de Provida, firmó un acuerdo para un proyecto de expansión de 10 Centros de Ayuda a la Mujer en diversas ciudades del país. El Gobierno federal le destinó 30 millones de pesos.
El año siguiente, la Secretaría de Salud detectó irregularidades en cuanto al manejo de recursos y se descubrió que fueron usados por Provida para la compra de tangas y plumas de lujo. Serrano Limón, presentó un amparo que le fue favorable en primera instancia, pero la SFP interpuso un amparo en revisión ante la SCJN.
La Secretaría de la Función Pública ordenó al dirigente de Provida devolver el dinero, cuyo uso no pudo justificar, por lo que se le impuso la millonaria multa.
Jorge Serrano promovió diversos recursos legales para evadir el pago de la multa. Hasta 2015, en febrero, cuando la Segunda Sala de la Corte resolvió en definitiva negar el amparo, por lo que ahora el quejoso debe devolver el dinero o de lo contrario enfrentará el embargo de sus bienes. ZETA/SinEmbargo
