Fuera de Libreta
Hace más de un año que fue reformada la Ley del ISSSTECALI para -supuestamente- rescatar la institución y mejorar las condiciones de los trabajadores gubernamentales, pero los resultados siguen sin verse.
Una de las partes desatendidas, es la relativa a la inclusión de los trabajadores de confianza que tendrían derecho a la seguridad social, dado que implica les descuenten la aportación. La medida provocó diversas reacciones. Por ejemplo, un grupo de trabajadores del CECYTE -preparatorias técnicas estatales- recurrieron a un amparo.
La respuesta institucional vino esta semana, cuando fueron despedidos dos empleados de los que buscaron el amparo de la justicia federal: Benjamín Martínez, del área de recursos humanos, y Mildred Benítez, subdirectora de Programación y Presupuesto. Eso ha creado un clima de incertidumbre entre los asalariados de esa institución educativa, sobre todo al filtrarse la información de que podrían venir más despidos.
Quienes laboran en el CECYTE se quejan, dado que ahora se les descuenta el doble por una aportación que -aseguran- lo menos que les da es seguridad. Y es que la situación es ambigua, dado que ellos como empleados de una descentralizada no pertenecen al Sindicato de Burócratas, sino a uno de la CROC, el Sindicato Poder Obrero. Eso significa que si hay un problema laboral, deben recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y no al Tribunal de Arbitraje, que es el que conoce de los casos de los trabajadores de la burocracia y los gobiernos.
El tema es muy confuso, sobre todo para los empleados del CECYTE y, hasta ahora, nadie se los ha aclarado.
Más amparos
A principios del año pasado, desde el Poder Judicial se interpuso un recurso de inconstitucionalidad y un amparo contra la reforma de la Ley del ISSSTECALI; el problema fue también la parte esa relacionada con los empleados de confianza, dado que significaba una fuerte erogación para el Poder Judicial y que financieramente no estaba contemplado, aunque finalmente les negaron el amparo.
Por cierto, quien obtuvo un amparo provisional fue la magistrada Miriam Niebla Arámburo, al interponer el recurso contra su remoción del Consejo de la Judicatura, espacio que ahora ocupa el magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda y, hasta el miércoles 3 de febrero, el Poder Judicial no había sido notificado de la decisión; a partir de recibir el documento tendrían diez días para responderlo, y se adelanta que interpondrían un recurso de revisión, lo que implica que el tema siga pendiente durante varias semanas.
Pero además hay otros dos amparos pendientes, uno el del magistrado suplente Gustavo Medina, contra su exclusión del proceso de elección de un magistrado numerario -para suplir la ausencia por el fallecimiento de Marco Antonio López Magaña-, y el otro interpuesto por Víctor Fernández, también relacionado con el mismo proceso de selección. De obtenerlo, se dice que el Congreso debe elegir al magistrado entre los cinco aspirantes que llegaron al final de la primera convocatoria o, en su caso -de rechazarlo-, el Legislativo debería continuar este segundo proceso hasta la designación.
Nubarrones
El miércoles 3 de febrero, durante la sesión de la Comisión de Legislación del Congreso local, se abordaron varios temas, entre éstos una serie de modificaciones en áreas como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se propone ampliar el
Foto: Sergio Haro/Dávalos, Osuna, Cardona
número de magistrados, lo que ha causado el recelo al interior del organismo por la “falta de lógica” de la propuesta donde quedarían en número par, lo que a la hora del pleno posibilita un empate.
En el paquete de reformas se incluye la creación de una Contraloría Interna con una designación externa, desde el Congreso del Estado -similar a lo que ya pasó con la Comisión de Derechos Humanos-, pero en el TCA no ha sido bien recibida esa opción…lo consideran una suerte de intromisión.
La idea de los diputados es que todos los órganos autónomos cuentan con una Contraloría designada desde el Congreso del Estado y eso incluye al Instituto Estatal Electoral y a la Universidad Autónoma de Baja California, donde parecen no estar muy dispuestos.
Entre extorsiones te veas
Se fue a nota nacional la detención en Hermosillo del ex director de Comunicación Social en la administración estatal encabezada por el panista Guillermo Padrés. Se trata de Jorge Morales Borbón, quien es muy conocido en Baja California, dado que durante años fungía como director editorial de Periódicos Healy, grupo que edita El Imparcial en Sonora -donde es el líder-, así como Frontera y La Crónica en Baja California. Lo acusan de extorsión y de pedir “mochada” de la misma tajada de publicidad que autorizaba.
Foto: Internet/Sergio Morales
Es un tema complejo, sobre todo en el contexto de una serie de acusaciones contra Padrés y su equipo, la gran mayoría relacionadas con el presunto mal uso del dinero público, el tema anterior tuvo que ver con el decomiso de varios millones de pesos en efectivo a un ex empleado del ex gobernador blanquiazul.
Esto pasa en una entidad dominada históricamente por el priista tradicional -la cabeza es el propio ex gobernador Manlio Fabio Beltrones, ahora líder nacional del tricolor- y resalta en la memoria un espectacular instalado ahí en 1990, a un lado del puente después de cruzar de Mexicali hacia San Luis, con la frase de “De aquí no pasarán”, en relación al entonces aún fresco triunfo de Ernesto Ruffo y el panismo.
Pero los azules no solo pasaron, sino que los humillaron en las urnas en 2009, de ahí el contexto revanchista. Pero eso es una parte, la otra tiene que ver con una serie de concretas denuncias de empresarios esquilmados por varios funcionarios, y entre ellos señalaron a Jorge Morales.
Y ya han empezado las menciones, está la estrecha liga del detenido con el actual funcionario -también en comunicación- del equipo de Kiko Vega, Jorge Cornejo, quien define contratos y adjudicaciones de las partidas publicitarias en el gobierno bajacaliforniano y evidentemente no las trae todas consigo en el trato con los medios locales. También hay que meter en ese contexto la denuncia por extorsión que hizo el propio gobierno estatal contra Periódicos Healy.
Total que el tema de la publicidad está tronando, a la par de que la propuesta para profesionalizar el uso de esas partidas, sigue en el congelador.
