Corporaciones mafiosas en BC

Edición Impresa lunes, 15 febrero, 2016 1:00 PM

Criminales y narcotraficantes son detenidos y declaran contra las Policías locales. Como en años anteriores, señalan a uniformados sirviendo a narcotraficantes u operando delictivamente por su cuenta, mientras los jefes incorporados al Grupo Coordinación conocen el rebrote de la corrupción y lo tratan “en lo corto”, sin esforzarse en combatirla 

 

Policías municipales y estatales de Tijuana están secuestrando criminales de un cártel para entregarlos a sus opositores, mientras elementos del Ejército Mexicano destacados en la II Zona Militar cuando ésta la comandaba el General Gabriel García Rincón, han sido detectados en operativos de venta de droga y secuestros.

Los agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no escapan a la corrupción, han sido captados por cámaras de vigilancia “robando droga” al crimen organizado.

Al final, los bajacalifornianos quedan atrapados en medio de la operatividad de dos mafias, la del narcotráfico y la de las Policías.

Titulares de las corporaciones, la procuradora Perla Ibarra, el secretario de Seguridad Daniel de la Rosa, el General de la II Zona y el secretario de Seguridad de Tijuana, conocen la problemática y no han iniciado una limpia o estrategia de corrección al interior de sus agencias del orden, insisten en el discurso de mejora en los índices de seguridad. Esta semana el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, habló de un 11 por ciento en lo general, menos los homicidios.

Ante la evidente falta de depuración y el retorno de la corrupción sistemática, lo más grave es la obvia coordinación para cubrir, pretender ignorar o hacer pasar desapercibidos, los actos delictivos de unas y otras corporaciones, mientras el trabajo conjunto de combate sigue sin dar resultados. La cifra de homicidios, la mayoría en lugares públicos, va al alza: 86 asesinatos solo entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2016.

 

POLICÍAS EN LA BARREDORA

“A partir de hoy manda ‘El Pablito´ y al que no lo entienda se los va a cargar La Barredora”, palabras más o menos, incluidas un puñado de groserías, fueron la expresadas por un hombre al que identificaron como “jefe en la Policía Estatal Preventiva”, aseguraron ante investigadores en sus entrevistas en las procuradurías local y federal, los hermanos Manuel Rafael y Roberto Carlos Toscano Rodríguez, tras ser detenidos el 22 de mayo de 2015.

la barredora

Los Toscano aseguraron que esos hechos sucedieron unos días antes de la captura, y que quienes les fueron presentados como gente de La Barredora eran elementos uniformados de la PEP y del grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, llamados “Las Vaquitas”.

La segunda semana del mismo mes de mayo, otros dos vendedores de droga presentados ante el Ministerio Público del Fuero Común también señalaron a agentes municipales, éstos de las fuerzas operativas, vestidos con uniforme común y en patrulla oficial. Explicaron que eran gente del Cártel Arellano Félix (CAF), traficantes de “El Mono” (Manuel Toscano Rodríguez, asesinado en abril de 2015). Relataron haber sido “levantados” por uniformados.

Aseveraron que después de someterlos en la Zona Norte se los llevaron para el Este de la ciudad, a Villas del Campo, escucharon una plática por teléfono, los iban a entregar, pero cuando llegaron a la casa quien “los había pedido” no estaba, así que se quedaron esperando. Dijeron que los agentes estaban bebiendo y drogándose, y los narcomenudistas lograron escapar. Dos días después fueron detenidos y consignados por vender drogas.

Dos meses antes, en marzo de 2015, la “denuncia ciudadana” había llegado a la PEP: tres vendedores de droga detenidos en la Zona Norte alegaron tener acuerdos con “el del Adelitas”, frase con la que identificaban a un elemento de la Policía Estatal Preventiva, a quien supuestamente se le inició una investigación.

Esta versión de policías sirviendo al Cártel de Sinaloa haciéndose llamar La Barredora, también fue dada por Daniel Eduardo Tapia López “El Tanque”, detenido con los cuates Toscano, quienes supuestamente lo tenían cautivo. Tapia había sido traficante para Sinaloa con “El Cuate de la Obrera”, Lucre Cerda Pacheco, quien lo había mandado asesinar sin éxito el 26 de abril de 2015; en esa fecha aseguró que los cuates estaban acordando con narcos de Jalisco para operar contra los hermanos Alfonso y René Arzate García, Los Aquiles.

Apenas el sábado 6 de febrero, sobre el cadáver de un joven no identificado y localizado en la Carretera Escénica, a la altura del retorno Calle Cuauhtémoc, peritos encontraron una hoja en la que se leía: “Esto me pasa por trabajar con el Iván Att La Barredora”.

Los mensajes de La Barredora han sido comunes desde el primer trimestre de 2015, en la Zona Norte, en la delegación Sánchez Taboada y sus inmediaciones, donde la pugna es entre Arturo Gómez Herrera “El Gross”, de Los Aquiles, contra “El Niño” y  José Juan Trejo Gutiérrez “El Chapito Trejo”, quienes delinquen para los primos “Uriarte”.

“Esto va para todos los polleros, tienderos, tarjeteros, westereros que voltearon bandera. Zona Norte es del Cártel Arellano, atentamente La Barredora”, fue el mensaje que dejaron clavado en el abdomen de un hombre dedicado al tráfico de personas el 8 de marzo de 2015. Mensajes como éste se han dejado en Tijuana desde 2009, y en algunas ocasiones, aseguran ha servido al CAF también.

Consultadas autoridades municipales, respondieron que precisamente en los primeros meses del año pasado se dieron cuenta que un grupo de delincuentes se hacía pasar por municipales con el uniforma de “Las Vaquitas” (camuflaje negro, gris y blanco), y por ello el Grupo de Operaciones dejó de usarlo.

Asimismo, informaron que un elemento del GOE fue detectado “dando cortesías y recibiendo dinero de los criminales” en por lo menos tres delegaciones a nombre de su jefe. Lo detectaron por denuncias directas – extraoficiales- de delincuentes, y lo ligaron por los contactos telefónicos en su celular, sin embargo, no fue suficiente para correrlo, solo lo reasignaron a puntos fijos.

 

TAMBIÉN CON LOS NUEVOS ARELLANO

En el Grupo Coordinación, las autoridades estatales pudieron conocer de agentes de la PEP incorporados a la protección y operatividad de “El Karateca”, a su vez, considerado por las autoridades locales como principal operador delictivo de “El Piloto”, hijo de uno de los hermanos Arellano Félix y nueva cabecilla del CAF.

 

PEP Y EL BOTÍN DE GUERRA

Refiriéndose a los agentes estatales, un directivo policiaco aseguró: “Revientan casas, revisan los teléfonos, les dan cachetadas a los presuntos sospechosos, pero eso es el común de todos los días; de eso llegan quejas o llamadas de manera constante, pero rara vez se formalizan”.

¿También roban dinero y objetos de valor que encuentran en las casas o negocios? , preguntó ZETA.

“Pero saben sobre quién se van, la mayoría de sus víctimas se dedican a actividades delictivas…sé que esto no lo justifica, pero muy pocos denuncian formalmente”. Las autoridades conocen de estas acciones de rapiña de los oficiales y las toleran, sin mediar investigaciones.

Manuel Rafael Toscano, Roberto Carlos Toscano Rodriguez y Eduardo Taia Lpez "El Tanque"

Manuel Rafael Toscano, Roberto Carlos Toscano Rodriguez y Eduardo Taia Lpez “El Tanque”

Pero guiados por la avaricia, estos policías corruptos se han “equivocado”. En el transcurso de 2015 también se metieron a la casa de la familia de un ex consejero de la Judicatura, de un ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, un empresario y el hermano de un alto funcionario de la Procuraduría, en todos los casos, alegando denuncias inexistentes. Sin embargo, estos temas se arreglaron “en lo corto”, sin que mediara denuncia ni investigación.

De acuerdo a números de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de las mil 903 quejas que recibieron en 2015 contra la PGJE, se registraron 167, y otras mil 016 fueron contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las municipales: 717 porque se violó el derecho a la libertad; 233 porque se violó el derecho a la integridad y seguridad personal; y 126 por presuntas violaciones al derechos de seguridad jurídica.

Así el total de quejas contra agentes uniformados:

* 588 corresponden a policías o custodios de la SSPE.

* 311 contra uniformados del Ayuntamiento de Tijuana.

* 161 los municipales de Ensenada.

* 55 contra los de Mexicali.

* Una de Rosarito.

Ante la PGJE también se abrieron una serie de casos por abuso de autoridad y tortura; fueron 456 expedientes durante 2015, sin embargo, más del 70 por ciento no corresponde a denuncias interpuestas por las presuntas víctimas, la mayoría corresponde a vistas dadas por jueces basados en que el certificado médico de la puesta a disposición incluye algún tipo de lesión cualquiera.

De acuerdo a los registros de la PGJE, en el 90% de estos casos las lesiones son mínimas. De las que se suscitan en una resistencia al arresto, y no tardan más de 15 días en sanar.

Pero desde finales de 2014, en el Poder Judicial, ante las puertas del Nuevos Sistema de Justicia Penal, inmerso en una política con visos de garantista, encaminada a proteger los derechos de los presuntos delincuentes, los jueces recibieron la instrucción de que ante el más “mínimo” indicio de presunta violación a derechos humanos, se dé vista al Ministerio Público y eso han hecho.

 

LOS MINISTERIALES DEL ROBO DE DROGA  

En labor de seguimiento, esta semana, reporteros de Tijuana preguntaron en un acto público al gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pedro de Jesús Torres Salazar, respecto a la investigación de un robo de droga perpetrado por agentes ministeriales, el cual fue hecho público tras el asesinato del policía municipal José Iván Hernández Contreras, perpetrado el 27 de noviembre y presuntamente involucrado en el mencionado delito, por lo cual previo al homicidio había recibido amenazas de muerte (ver ZETA edición 2165, publicada el 4 de diciembre de 2015).

Salió a relucir que elementos del Ejército estaban en posesión de un video donde se veía a varios agentes ministeriales y a un encapuchado entrar, someter a un guardia, y llevarse un camión de un parqueadero. Los militares informaron al resto de los jefes incluidos en el Grupo Coordinación que conforme a dichos del guardia, el camión estaba cargado de droga.

Vega aseguró ante los reporteros que la Visitaduría de la PGR está investigando, y Torres confirmó que el Estado le había dado vista y estaban trabajando en coordinación.

Sin embargo, lo que hizo la Visitaduría de la PGJE fue enviar un “expediente” de cinco o seis hojas que incluye como elemento principal una nota periodística, la publicación de la agencia PSN colocada en su portal de noticias a la una de la tarde del 11 de diciembre de 2015. Luego agregó cuatro o cinco planas explicando que daba vista, al tratarse de un delito federal y no eran competentes.

Maria Luis Garcia Serrano

Maria Luis Garcia Serrano

La nota contiene los nombres de algunos de los presuntos participantes, pero en la Visitaduría ni siquiera se tomaron la molestia de incluir en el expediente enviado a PGR, la información para confirmar o negar que tales agentes existieran y estuvieran laborando en la PGJE. Tampoco declaró al guardia, ni militares que atendieron la denuncia, ni solicitaron el mencionado video.

En la nota, algunos de los nombres de los presuntos involucrados no están completos, y la Visitaduría tampoco mejoró ese detalle. La información periodística remitida menciona como presuntos participantes a Ricardo Izquierdo Valle, Cristian Vargas Ceballos, un Harris (se trata de Óscar Harris Mendoza) y un Cerda (Jorge Cerda). También mencionan al jefe de Homicidios, Omar Muñoz Alpízar.

Jefes policíacos que tuvieron acceso al video, informaron que Muñoz no aparece en las imágenes, pero el resto sí.

A Vargas lo mandaron a Tecate y a Cerda a Mexicali. Harris e Izquierdo ya estaban identificados como malos elementos, sin embargo, sus jefes no hicieron algo al respecto.

Cuando se hizo público el episodio, Ricardo Izquierdo renunció a la PGJE en 2007, cuando a través de la prensa se hizo público que su nombre formaba parte de una investigación de la ahora Subprocuraduría Especializada contra Delincuencia Organizada (SEIDO). Renunció y se amparó, no hay antecedente de en qué momento regresó a la corporación, pero fue antes de finalizar el sexenio anterior.

De Harris, como agente en la zona de Otay, al inicio de esta administración fue detectado en por lo menos dos investigaciones como participante en delitos que incluyeron secuestro, pero no le dieron seguimiento y permanece activo.

Cuestionados por la comandancia militar, los jefes en la PGJE llamaron a los agentes, pero solo uno aceptó los hechos: “La verdad sí nos aventamos ese jale, pero que no se hagan pendejos, fue en coordinación con los de inteligencia militar, el que se ve encapuchado es un soldado, y ellos pusieron el trabajo, no sé por qué ahora salen con esto…”. Al tiempo que sugirió que el punto donde robaron, era un lugar donde los elementos corruptos de las corporaciones guardaban los “clavos”, droga que roban.

Respecto a la investigación de la PGJE, la visitadora María Luisa García Serrano indicó: “Realmente lo que nosotros, los datos que tenemos, son los que se filtró en la prensa, y en base a esa noticia nosotros dimos vista a PGR para que ellos hagan la investigación correspondiente, porque a ellos les corresponde, ¿no?, es de su competencia y si ya surgiera en PGR alguna investigación o algún dato contundente contra alguno de nuestros elementos, la misma PGR nos lo va a hacer saber para que nosotros iniciemos por el área administrativa”.

Se le preguntó si ella no estaba obligada abrir por oficio. “Sí cuestiones de irregularidades  administrativas o  penales de nuestros elementos, nosotros  iniciamos de oficio con alguna nota alguna información o denuncia anónima, en este caso los cargos que se le imputaban a estos elementos, son de competencia de PGR”.

Dijo que no declararon a nadie ni pidieron nada al Ejército, porque no es su facultad, sino de la Procuraduría General de la República

¿Cuál delito federal se presume?

“No, pues hay una nota donde se presume algún delito, si es cuestión de drogas, es cuestión de índole federal”.

¿Y si es robo que involucra a agentes ministeriales?

“Es de droga, es de índole federal, no nos corresponde”.

García agregó que no hay denuncia ni parte ofendida, ni nada que acredite.

Consultados, los mandos que estuvieron involucrados en la información de los militares complementaron: en el video no se ve la droga, los soldados no informaron de ningún decomiso, el camión tampoco se reportó como localizado. Lo único que hay, “es el dicho de un testigo y la imagen de los agentes sacando por la fuerza el camión”.

 

LAS “CORTESÍAS” AL EJÉRCITO

En la maraña de corrupción, los miembros de la milicia tampoco salen bien librados.

Precisamente a partir del robo de droga y la presunta participación de por lo menos un elemento de inteligencia militar, ZETA consultó con las diversas corporaciones locales, donde de entrada se encontró resistencia.

Finalmente admitieron que en diversos operativos de combate a la venta de droga y secuestro o privaciones de libertad, elementos del Ejército fueron detenidos, pero en lugar de ser consignados, fueron entregados al entonces Comandante de la II Zona Militar, General Gabriel García Rincón, para que él tomara las medidas necesarias, y no volvieron a preguntar.

También se pudo conocer que en el tiempo de la administración del mencionado General, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó tres investigaciones internas que resultaron en la detención de 27 militares en Tijuana, 13 en San Luis Río Colorado y siete en los límites de Mexicali con Sonora.

 


 

 

Asesinatos en Cerro Colorado, Playas, La Presa y Los Pinos

 

Del 1 de enero al 9 de febrero de 2016, 86 personas han sido asesinadas en Tijuana. En la más reciente semana, dos de los cuerpos encontrados estaban acompañados de narcomensajes, en una ejecución se utilizó un cuerno de chivo y hubo un aumento de víctimas no identificadas. En la misma semana, la Procuraduría informó de la consignación de tres presuntos asesinos, y de 196 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de homicidas por crímenes cometidos, en algunos casos desde 2010.

Entre las personas asesinadas esta semana, está un hombre que recibió 11 disparos. Esto ocurrió alrededor de las 8:00 pm del 9 de febrero, cuando el joven de entre 25 y 30 años de edad estaba comprando un hot dog en un puesto ubicado sobre Calle Real del Castillo de la colonia Felipe Velázquez.

Por lo menos dos armas fueron utilizadas en el homicidio, ya que personal de Servicios Periciales localizó nueve casquillos percutidos calibres 45 y 9 milímetros. Los proyectiles le causaron heridas en piernas, en el brazo, abdomen y espalda.

recuadro barredora

También el 9 de febrero, en una calle de la colonia Cañón Palmeras, fue encontrada una mujer sin vida, identificada como “Vanessa”, con herida por arma de fuego en la cabeza. En la escena del crimen se encontraron tres casquillos y un cartucho útil. De acuerdo con testimonios recogidos por la autoridad investigadora, el agresor huyó a pie.

En el restaurante de mariscos Foxx Sport Bar, ubicado en la colonia Lomas de la Presa, fueron asesinados Santos Manuel Carrillo Bajo y Fernando Vega Elenes, la noche del 5 de febrero.  En el lugar quedaron esparcidos diez casquillos calibre 7.69×39, correspondientes a un arma conocida como cuerno de chivo. Un tercer hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Según testigos, las víctimas fueron atacadas con una ráfaga directa de disparos. Santos Manuel Carrillo Bajo recibió cuatro disparos en el pecho y la espalda, mientras que Fernando Vega recibió tres impactos en abdomen, espalda y brazo.

El primero trabajaba en una compañía dedicada a servicios de blindaje, mientras que a Vega Elenes se le identificó como agente aduanal en Grupo Gucot.

Momentos después, en la calle Guapango del fraccionamiento Los Reyes, fue localizado un automóvil Nissan con placas de California -en el cual se presume, escaparon los responsables- con un rifle AK-47 en la parte inferior del asiento del copiloto.

En cuanto a los narcomensajes, uno lleva la firma de La Barredora y otro del CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación).

“Sigue la limpia en la baja por parte del Mencho. ATT. CJNG CJNG” (sic), se leía en una cartulina dejada a los pies de Uriel Núñez Valdez “El Flaco”,  asesinado de 12  disparos sobre la calle Privada Carlos de la colonia Infonavit Lomas Verdes.

El segundo mensaje consignaba: “Esto me pasó por trabaja con El Iván Att la Barredora”, lo dejaron sobre el cadáver de un joven baleado abandonado en la Carretera Escénica, el sábado 6 de febrero.

La señora Carmen Núñez pereció incinerada dentro de su casa en la colonia Cerro de las Abejas el 8 de febrero, y otra mujer no identificada fue apuñalada con un desarmador en la vía pública de la colonia Niños Héroes el día 4. A José Manuel Martínez Enríquez lo mataron a balazos en la colonia La Morita el 3 de febrero, y el cadáver de un hombre apuñalado y encobijado fue localizado en la colonia Jardín Dorado el 4 de febrero.

 


 

En enero, más de 2 mil llamadas de extorsión en Baja California

 

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó 2 mil 328 denuncias por extorsión y fraude telefónico en enero de 2016. La cifra es más del doble de las mil 88 reportadas en el mismo mes de 2015, y es la más alta registrada desde 2010.

Entre las víctimas de estos delitos, se encuentra un niño de 10 años de edad, quien el martes 9 de febrero, salió de su hogar tras contestar una llamada del teléfono celular de su mamá. El menor permaneció tres horas fuera de su domicilio, mientras a su familia se le exigía un monto de 200 mil pesos como rescate.

La madre del menor, quien se encontraba trabajando en un puesto de mercado sobre ruedas cuando su hijo recibió la llamada, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado a levantar una denuncia por secuestro, pero los agentes determinaron que se trataba de un caso de extorsión telefónica.

Fue a través de una llamada como los policías ministeriales dieron con la ubicación del niño, quien había caminado casi un kilómetro desde su casa ubicada en el fraccionamiento Villas del Roble, al Este de la ciudad, hasta encontrar un parque.

De acuerdo con el subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez, quienes realizaron la llamada, amenazaron al infante con lastimar a su familia si no se trasladaba a un lugar alejado y proporcionaba el número telefónico de su padre.

“Que estén al tanto de sus hijos, es muy feo vivir un momento que quisieras morirte porque no sabes cómo está tu hijo. Me habían dicho que lo iban a matar”, recomendó Cecilia, la madre, a otros padres de familia.

Por su parte, el subprocurador exhortó a los padres de familia informar a sus hijos sobre el cuidado que deben tener al contestar una llamada telefónica, como no responder a números desconocidos y colgar si del otro lado de la línea está una persona a quien no conozcan.

El número telefónico desde el que se realizó la llamada de extorsión, correspondía a una clave Lada de Coahuila.

Esta entidad federativa se ubica dentro de los 13 lugares de procedencia más comunes cuando se trata de estos delitos, junto con Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Tabasco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

Según información proporcionada por la SSPE, en el 54 por ciento de estos casos se engaña a la víctima con un familiar secuestrado, en el 24% se trata de una amenaza de la delincuencia organizada.

Otras formas de extorsión incluyen engaños por un familiar detenido en la Aduana, fraudes por rifas o sorteos, o de un familiar detenido por un delito.

 


 

 

Presuntos delincuentes libres sí alegan tortura

 

Consultada, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que en un reciente análisis de datos realizado por la Subprocuraduría de Tijuana, encontró que de 2010 a la fecha tiene iniciadas en trámite 629 averiguaciones previas por abuso de autoridad y/o tortura.

De esas, en 2010 y 2011 se iniciaron una respectivamente; en 2012 abrieron 20; otras 41 en 2013; para 2014 fueron 91;  y en 2015, la cifra se disparó a 436. A partir de noviembre de 2014, el Poder Judicial federal instruyó a que ante la más mínima presunción de una mínima violación de derechos, se diera vista al fuero común.

“Entonces si el certificado médico del presentado menciona lesiones, por mínima que sea, se da vista al Ministerio Público”, explicó un funcionario.

En ese esquema, de las 629 denuncias en poder de la PGJE, 601 han sido enviadas por juez: 257 fueron remitidas por un Juzgado Colegiado o Unitario; 185 por un Juzgado de Distrito; 123 por un juez local y 36 por un órgano de control interno que también son autoridad. Las denuncias presentadas directamente por un ciudadano agraviado han sido 28.

De los 601 expedientes remitidos por alguna autoridad, jueces en su mayoría, solo 110 están en proceso. En 40 de los casos, las víctimas consultadas tras la orden del juez se han negado a declarar respecto al mencionado abuso o tortura, algunos han dicho que lo hicieron por instrucciones de su abogado, y han rechazado someterse al Protocolo de Estambul.

Otras 70 víctimas han solicitado el Protocolo de Estambul, pero no se ha realizado ninguno, el argumento es que se trata de un proceso oneroso que dura más de tres meses y la PGJE no cuenta en este momento con los recursos humanos necesarios para hacerlos, “…pero ya se iniciaron algunos”.

Sin embargo, a la fecha el rezago en la solución de estas denuncias generará un problema mayor.

Autoridades de la PGJE fueron informadas que de nuevo, en vísperas de la implementación completa del Nuevo Sistema de Justicia Penal, viene una nueva instrucción del Poder Judicial. Si se da el caso que a alguno que le llegue el momento de dictar sentencia en alguno de esos expedientes donde se dio vista de “abuso de poder y tortura” al Ministerio Público del Fuero Común y las procuradurías no han resuelto -más allá del resultado del juicio por el delito que fue capturado-, esta falta de eficiencia de la procuradurías locales operará a favor del presunto delincuentes.

El sistema garantista deberá presumir que si no hay resolución del Ministerio Público, el resultado debe considerarse a favor, entonces el presunto criminal deberá quedar libre porque su captura derivó de un abuso de autoridad y tortura

 


 

 

Tecate, más homicidios

 

Dos personas resultaron muertas por arma de fuego la noche del miércoles 10 de febrero en Tecate. A las 8:30 pm, la Policía Ministerial recibió el reporte de ambos occisos y un menor de edad herido fuera de un domicilio en la colonia Escudero.

En el lugar se encontraron tres casquillos calibre 9 milímetros. Una de las víctimas llevaba por nombre Enrique Gil Medina, de 44 años; el menor de edad fue alcanzado por un proyectil en el antebrazo y se encuentra estable en el Hospital General de la ciudad.

Gil aparece en varias averiguaciones previas como indiciado por los delitos de robo equiparado de vehículo de motor, robo en casa habitación y amenazas. La segunda víctima aún no ha sido identificada.

En las investigaciones se sigue la línea de narcomenudeo sin que hasta el momento haya detenidos, armas aseguradas o vehículos involucrados. En lo que va del año, ocho personas han sido asesinadas en Tecate.

 

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