El 2 de enero, el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Alejandro Lares Valladares, afirmó que Tijuana vive una nueva era en materia de seguridad, debido a la permanente innovación tecnológica, y aseveró que sus agentes cumplen a diario el compromiso de garantizar la tranquilidad de los tijuanenses. En serio, quedó consignado en boletín.
Esta semana que concluye, también vía comunicado, Daniel de la Rosa Anaya, titular de Seguridad Pública del Estado, insistió en el discurso de la realización de un arduo trabajo de depuración de las corporaciones. Y luego promocionó el supuesto espaldarazo recibido de la Embajada de Estados Unidos, desde donde, dijo, “avalan la estrategia de seguridad de Baja California”, incluida la coordinación policial, que repitieron, es referente en el país. Acaso no son las mismas autoridades que han alertado año con año a sus ciudadanos para evitar visitar varios Estados mexicanos, incluida Baja California.
Apenas el 12 de febrero, la procuradora Perla Ibarra Leyva encabezó en Tecate los trabajos del Corredor San Diego-Tijuana-Tecate, “se analizaron los resultados alcanzados en el primer mes de año, dejando en claro que gracias al trabajo conjunto se han podido dar resultados a la ciudadanía”, se vanagloriaron en un texto oficial replicado en la prensa.
Hasta el recién nombrado Comandante de la Segunda Zona Militar, General José Ricardo Bárcenas Rosiles -con poco más de un mes en Tijuana- ya le entró al discurso oficial y aseguró públicamente la primera semana de febrero que “existe una buena coordinación en todo los ámbitos”. El militar fue más lejos al referir que “no habrá cambio de estrategia”, sus palabras indican que cree que todo luce bien como está.
Sin embargo, en la vida real para los bajacalifornianos, particularmente los residentes de Tijuana, la situación de seguridad va en franco declive desde abril de 2015 y sigue sin componerse, y no habrá nada que pueda hacerse al respecto si las autoridades no salen de ese mundo que se han inventado.
Cómo pueden hablar de trabajo conjunto cuando la Policía Estatal Preventiva o la Policía Municipal presentan a detenidos como presuntos responsables de un variado catálogo de homicidios, y cuando no los liberan, las Procuradurías a duras penas les consignan por narcomenudeo o posesión de armas, y no tardan en recuperar su libertad.
Son múltiples los casos, pero el ejemplo más reciente, cuando la SSPE presentó, el 5 de febrero, a Abdiel Ramírez Estrada “El Borrego” como implicado en la balacera del palenque Póker en Ensenada -hecho violento que sumó cuatro muertos y 19 heridos el 23 de enero de 2016- para que el 10 de febrero, la Procuraduría local los desmintiera.
Tampoco se puede pasar por alto que el combate más ineficiente de las autoridades locales contra delitos de alto impacto se ha dado en el tema de homicidios que se cometen a todas horas del día y en lugares públicos, amparados en la impunidad que gozan los homicidas.
Apenas el 11 de febrero, Alberto Montellano mató a David Hernández para robarle una bolsa de marihuana en una banqueta sobre el Bulevar Díaz Ordaz, en el proceso hirió de bala a tres personas que no tenía que ver, incluida la niña Judith.
Cómo pueden las fuerzas del orden publicitar como propia la palabra eficiencia, cuando en 2014 en Baja California asesinaron a 714 personas y la cifra aumentó a 908 en 2015, solo en Tijuana el número incrementó de 462 a 670. Y si esa comparación no esclarece la situación, se puede ver que en enero de 2015 el Estado registró 55 homicidios, contra 99 perpetrados en el reciente enero de 2016. ¿Y Tijuana? 28 muertes violentas en enero de 2015 contra 73 ejecuciones en enero de 2016.
Y cómo eludir los casos de más de 30 personas lesionadas por arma de fuego en enero de 2016, gente que no se contó entre los muertos, solo porque los homicidas también fueron ineficientes.
Luego, la mañana del 17 de febrero una joven mujer criminóloga que presta su servicio en el CERESO de La Mesa en Tijuana, fue secuestrada. Imposible no preocuparse o creer ni en la eficiencia, ni en la coordinación tan dicha por las autoridades.
Entonces, si de verdad tienen planeado cumplir con el compromiso de “bajar los índices delictivos”, ¿por qué no empiezan con las ejecuciones? Porque el mal ejemplo cunde, señores, solo hay ver los continuos asesinatos que ahora se registran también en Tecate y Rosarito.
Con más de dos semanas de operación, está visto que el restablecimiento de los patrullajes de las Bases de Operaciones Mixtas en zonas problemáticas -los cuales tiene probada su ineficiencia en Baja California hace años- no son suficientes.
Así que llegó el momento de coordinarse de verdad, no solo para tapar las corruptelas que cometen los agentes mafiosos de cada corporación. No se vale solo reunirse a comparar estadística y ver quién puede presumir de hace más o cuál se colgó la medalla en la semana, el mes o la quincena.
Los hechos demuestran que urge la creación de novedosas estrategias tácticas y operativas; la tramitación y obtención de órdenes de aprehensión contra los criminales materiales e intelectuales que tiene convertidas a las ciudades bajacalifornianas en un campo de batalla, controlado por los cárteles mientras se burlan de las autoridades.
