Una catequista de la Arquidiócesis de Tijuana, llamada Lucía Durán, viajó a la Ciudad de México para entregarle una misiva al Papa Francisco, en la que denuncia la supuesta injusticia que afirma, cometieron sacerdotes contra su hijo Carlos Adrián Zavala, de 23 años de edad.
“Justicia. Santo Padre: mi hijo en la cárcel injustamente por sacerdote pederasta. Tijuana”, se leía un cártel que portaba la mujer, con la esperanza que el jerarca de la Iglesia Católica lo leyera al
paso de su caravana durante su trayecto a la Basílica de Guadalupe.
De acuerdo con el semanario Proceso, el hijo de Durán se encuentra preso en la penitenciaría de La Mesa, acusado de ser el autor intelectual del secuestro del sacerdote Juan Carlos Ackerman,
registrado el 16 de octubre de 2013.
Sin embargo, la mujer denuncia que durante un operativo policíaco fueron detenidos cinco hombres, entre ellos un ex militar estadounidense, quienes exigían 30 mil dólares por la liberación del presbítero.
Originaria de Michoacán, Durán tiene 27 años de dar catecismo en esta ciudad fronteriza donde nació su hijo, informa el medio. Durante su infancia y adolescencia, el joven ahora detenido fue acólito y después secretario de sacerdote.
El hijo de Durán fue inculpado por el también sacerdote Enrique Tenorio, por lo que fue detenido el 22 de enero de 2014, sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado ningún careo con el padre.
Tenorio, párroco de la iglesia de San Martín Caballero, es uno de los cinco sacerdotes de la Arquidiócesis de Tijuana que fueron suspendidos del ministerio sacerdotal por presuntos abusos sexuales contra menores de edad a partir de una investigación ordenada desde El Vaticano.
La investigación la lleva a cabo el arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, presidente de la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión.
Sin embargo, hasta el momento no ha otorgado sus conclusiones sobre los presuntos actos de pederastia de los sacerdotes Tenorio, Jeffrey David Newell, Aurelio Castillo Aguilar, Carlos Castillo y Danilo Pietro Zanini.
En el año 2012, familiares de las víctimas acudieron a la Nunciatura Apostólica en México y se reunieron con el entonces rector del Seminario de Tijuana, Eduardo Ortiz Alonso, quien envió a El Vaticano el listado de los sacerdotes señalados de pederastia en iglesias a cargo del arzobispo Rafael Romo, mismo que cumplió 75 años en noviembre de 2015 y debe presentar su renuncia de acuerdo con el Código de Derecho Canónico.
El arzobispo Romo designó vicario judicial a Héctor Emilio Nava, quien según el Dossier Tijuana Santa&Pecadora, se significó por “encubrir y desvirtuar la información recabada que se envió a Roma para ocultar detalles, para proteger y solapar a los curas acosadores y violadores”.
“Le pido al Papa Francisco que gestione la libertad de mi hijo, que se investigue al sacerdote y no sólo sean palabras, sino que se presenten pruebas”, señaló Lucía Durán en entrevista con el semanario.
