La tarde del miércoles 17 de febrero, murió en Mexicali el director del Servicio Médico Forense, Francisco Acuña Campa, debido a una complicación cardíaca. Encabezó el SEMEFO a nivel estatal por los últimos 17 años, distinguiéndose por la defensa a ultranza de la independencia en el trabajo legista
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El doctor Francisco Acuña Campa se distinguió por defender la necesaria independencia del Servicio Médico Forense -que depende del Poder Judicial- pese a los embates para sacarlo de esa esfera y trasladarlo al dominio del Ejecutivo.
El SEMEFO es la instancia que se encarga de dictaminar técnicamente los motivos de una muerte -sobre todo las violentas-, y los resultados de la necropsia deben ser parte esencial del expediente de un crimen. La contraparte le toca a la Procuraduría General de Justicia -que depende del Poder Ejecutivo- en cuanto al seguimiento, investigación y captura del responsable.
Acuña fue titular del Servicio Médico Forense desde 1999 y, en ese lapso de 17 años, le tocó responder a los embates oficiales que pretendían trasladar a ese organismo, primero a la PGJE, luego a la Secretaria General de Gobierno, ambas instancias estatales.
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Uno de los ejemplos más claros de la necesaria independencia y el sacar los hechos a la luz pública sucedió en abril del año 2000, cuando tres miembros de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de la Procuraduría General de la República, fueron encontrados en un auto aparentemente desbarrancado en La Rumorosa. La primera presunción fue que se trató de un accidente, pero Acuña Campa de inmediato informó que los cuerpos de los tres federales tenían marcas de haber sido arrollados y severamente torturados.
Al día siguiente, la PGR aclaró que se trataban de tres agentes que seguían la huella de los hermanos Arellano Félix, habían cruzado a San Diego y les perdieron la pista. El triple crimen marcó la pauta para una avanzada federal que concluyó con la detención en Ensenada de Ismael Higuera “El Mayel”, un sanguinario lugarteniente del Cártel Arellano Félix.
Y como ese, varios los ejemplos donde el trabajo del SEMEFO “empujó” a la luz pública datos sobre cruentos asesinatos en todo el Estado. Basta decir que tan solo en el último año se realizaron 3 mil 537 autopsias.
Durante la administración estatal encabezada por el panista Eugenio Elorduy, hubo otro intento de trasladar al SEMEFO a la PGJE -Antonio Martínez Luna como procurador, Francisco Castro como titular de Periciales-. Se propuso una iniciativa que avanzó en el Congreso, a la par de que las instalaciones de forense se vieron copadas por decenas de empleados de la Procuraduría estatal, quienes literalmente “tomaron” el inmueble, pero sin tener claro cuáles serían sus funciones.
Acuña Campa comentaba que ellos no habían sido tomados en cuenta en la propuesta de reforma y tuvo que cabildear con varios diputados para explicar por qué la necesaria independencia del trabajo de SEMEFO, ya que de concretarse la medida, la necropsia, las pruebas periciales y la investigación quedarían en una sola instancia. A raíz de sus argumentos los diputados congelaron la propuesta.
Posteriormente, a mediados de julio de 2011 -con José Guadalupe Osuna como titular del Ejecutivo- surgió la propuesta desde el Gobierno del Estado para crear el Instituto de Ciencias Forenses; fue el diputado panista Ricardo Magaña, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, quien empujó la iniciativa, la cual avanzó bajo el argumento de “profesionalizar” toda esa área, pero a la par de sacarla del Poder Judicial y crear un ente nuevo que aglutinaría el trabajo de Servicios Periciales y el forense en una instancia dependiente del gobierno estatal.
La iniciativa fue aprobada el 31 de octubre de 2012 sin ser tomada en cuenta la opinión del Poder Judicial, menos aún la del doctor Acuña Campa, quien se convirtió en el principal crítico de la decisión legislativa. La reforma fue publicada en el Periódico Oficial el 30 de noviembre de ese 2012 entró en vigencia un día después, y a la semana siguiente, el Poder Judicial tuvo un receso vacacional por fin de año.
En ese lapso, los diputados aprobaron el presupuesto 2013, donde el SEMEFO ya estaba contemplado como órgano interno del nuevo Instituto. El problema fue que a los empleados de esa instancia no les pagaron ni la primera catorcena ni la segunda parte del aguinaldo, porque los 63 trabajadores no estaban contemplados ni en la nómina, ni del lado del Poder Judicial ni del Ejecutivo. El problema tronó cuando se negaron a recibir cadáveres y se puso en riesgo que los certificados de autopsia quedaran legalmente invalidados. En ese difícil contexto, el 24 de enero de 2013, el Congreso del Estado abrogó la Ley que ellos mismos habían aprobado.
La tarde del miércoles 17 de febrero de 2015, el doctor Acuña Campa se sintió mal en su domicilio -refería un dolor en el pecho- y sus familiares llamaron a la Cruz Roja para trasladarlo de inmediato a la Estación Oriente, pero el titular del SEMEFO ya había fallecido. Tenía 60 años de edad y 17 al frente del Servicio Médico Forense en el Estado. A la par de su labor como médico legista, había dado clases en las Facultades de Derecho y Medicina. En su ejercicio se distinguió por su amplia disposición para atender a los periodistas.
