Si al Estado mexicano, los organismos internacionales que fungen como certificadores de todo tipo de calidades, lo examinaran, y dependiendo del resultado permaneciéramos o no como miembros de las organizaciones internacionales de elite que nos acercan a beneficios comerciales, culturales, científicos, políticos o económicos, tal como el gobierno de nuestro país estableció para determinar lo mismo en el caso de los profesores del sistema educativo nacional, ya nos habrían expulsado de la OCDE. Diría en broma que hasta de la ONU.
El reporte 2015 de Transparencia internacional, que mide el índice de percepción de la corrupción en 168 países del mundo, nos dice que el nivel de percepción de corrupción de nuestro sector público, en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) es de 35, es decir, somos un estado 65% corrupto, o dicho de otra forma sacamos 3.5 de calificación en un examen que para aprobar con excelencia requeríamos 10. ¿Con cuántos puntos los maestros se hacen acreedores a ser separados de sus trabajos?
Lo peor del asunto es que en el 2012, año en el que inició este gobierno, se presentaba una nueva oportunidad para abatir los desastrosos índices nacionales de corrupción, no era cualquier oportunidad, pues además de cambio de gobierno, experimentábamos por segunda ocasión en nuestra historia posterior a la promulgación de nuestra constitución, el cambio de partido en el gobierno de la República, por lo que siendo un país con tan pocas ocasiones idóneas e históricas para ejecutar desde el poder golpes de timón al pernicioso status quo que nos mantiene con una calidad de vida ciudadana tan maltrecha, la oportunidad perdida, representa una tragedia.
Del 2012 a la fecha no solo se ha mantenido inmóvil el índice en mención, sino que el gobierno, después de que el presidente mismo, y sus secretarios de gobernación y de hacienda, fuesen descubiertos en plenos actos de corrupción al adquirir de sus contratistas, excéntricos palacetes, ha llegado al extremo del cinismo, sentenciando por boca del primer mandatario, que la corrupción es cultural.
Nones, señor presidente, su discurso es tramposo y justifica-torio de su pobreza moral, las causas del comportamiento antisocial de su gobierno, no están en ningún comportamiento practicado durante años por los mexicanos. En la arquitectura del estado moderno, éste se reserva el monopolio del uso de la fuerza para disuadir a la sociedad a que cumpla las reglas del contrato social, si el estado no cumple cabalmente esa función, por qué las personas que trabajan para él, como usted, se involucran en todo tipo de actividades ilegales, delictivas y extorsionadoras, si con su acción corrompe a la sociedad en lugar de ordenarla, entonces el potencial económico, la convivencia social y la gobernabilidad se ponen en riesgo. Los seres humanos nacimos sin reglas, éstas se nos van imponiendo, primero en la familia para que la convivencia sea posible, después por el estado, y es en la medida del adecuado y legítimo funcionamiento de esas últimas reglas impuestas, que un país se consolida o no. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de participar eligiendo, algunos deciden participar en la política, son estos últimos los que adquieren la obligación de hacer que el estado funcione adecuadamente y la sociedad se conserve dentro del margen de la ley. Transparencia internacional mide el comportamiento del estado respecto de la corrupción, pues el comportamiento de la sociedad es resultado de lo primero.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe fue dirigente del PRD en Baja California, ex diputado local por el mismo partido y actualmente es Rector del Centro Universitario de Tijuana en Sonora. Correo: chuchoruizuribe@gmail.com
