Trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mañana de este 31 de enero de 2016, una reunión en que se les informó sobre las acciones que está realizando el gobierno federal para llevar a cabo una privatización de la salud en perjuicio de los mexicanos.
A través de decretos publicados de manera poco publicitada en el Diario Oficial de la Federación, así como el desmantelamiento de la institución al no ofrecer capacitación, instrumental e insumos médicos suficientes para los trabajadores, se estarían generando las condiciones para una reestructuración de la seguridad social en el país, expusieron los afectados.
Publicidad
La entrada de la iniciativa privada al sector salud se viene gestando desde 1980 a insistencia del Banco Mundial, señaló el expositor Ismael Bautista, lo que ha provocado que el servicio ineficiente que prestan las instituciones de salud, provocado por las mismas instancias gubernamentales, provoquen en la ciudadanía un descrédito hacia los trabajadores del IMSS, ISSSTE y demás.
Jubilados y trabajadores del IMSS se oponen a la privatización de servicios de salud en el sector federal. Foto: Ramón Blanco
Publicidad
Bautista puntualizó la importancia de tener un IMSS eficiente, ya que a través de sus clínicas en el país se ofrecen diariamente alrededor de 450 mil consultas (50 mil de ellas de urgencia), 17 mil hospitalizaciones, 4 mil cirugías y se mandan a realizar más de 460 mil estudios clínicos.
Comentó que desde el 24 de abril de 2015, operan entre las instituciones el intercambio de servicios, con lo que se da fin a la atención integral y se pretenderá que los derechohabientes contraten pólizas de seguros médicos, las cuales no ofrecerán cobertura a mayores de 65 años y a quienes padecen de enfermedades crónico/degenerativas previo al contrato, ya que no representa negocio para las instituciones de crédito.
Los trabajadores jubilados y en activo del país deberán entonces fijar cual será el curso legal a tomar para evitar reformas al artículo Cuarto Constitucional -que establece el derecho a la salud-, así como el ser afectados en sus pensiones y jubilaciones.
