Ante la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la capital de Baja California Sur, el secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora, Ismael Sigala Páez, dijo que están preparados para este importante paso en la aplicación de justicia en el Estado. Manifestó que el personal que laborará en el centro, ubicado en Bulevar Agustín Olachea y Colosio, se encuentra capacitado para emprender acciones a partir del 1 de enero de 2016. “Ya estamos listos, ya estamos preparados, ya están listos los jueces, los Ministerios Públicos, están listos los defensores, está lista nuestra policía procesal; prácticamente estamos ahorita ya en las prácticas interinstitucionales, estamos simulando audiencias de casos reales, preparándonos ya en esta última etapa”, celebró. Según el entrevistado, no solo se trata de la construcción de un edificio que albergará a todas las dependencias que tienen relación con la implementación de la justicia, sino que la procuración y aplicación de la Ley toma un giro de 180 grados, con el fin de los presuntos culpables, el imputado y la figura de quien se investiga, podrá tomar el proceso en libertad, así como las víctimas recibirán atención desde el primer día. “Sí cambian radicalmente las cosas en las que la ciudadanía recibe la atención, lo que se busca es que los ciudadanos se acerquen a las instituciones, el Estado pretende recobrar la confianza en estas instituciones, porque si hay una respuesta efectiva, hay un aparato institucional preparado para ello, hay seguimiento y las víctimas cobran un papel importante ahora”, esto a comparación del sistema penal antiguo. 
Arturo Rubio Ruiz. En materia de que el imputado lleve un proceso en libertad, éste deberá cumplir con lo establecido por el juez, ya sea que esté bajo vigilancia o en su tiempo pueda llevar un brazalete que delimite su libertad; estas medidas cautelares son una serie de acuerdos, facultades que tienen los jueces para los imputados en el nuevo sistema y es posible que enfrenten su proceso en libertad. “Hay que señalarlo, no en todos los delitos, únicamente en aquellos delitos que el Código Penal señala como no graves”, resaltó Ismael Sigala. En cuanto al edificio que albergará al NSJP, afirmó que está concluido, sin embargo, se sigue equipando para que todo esté listo el 8 de enero, fecha en que se prevé inaugurar oficialmente las instalaciones. El inicio En el lado operativo privado, Arturo Rubio Ruiz, abogado litigante, comentó a ZETA que se viene una nueva era en la implementación de justicia penal en Baja California Sur, una necesidad que desde la reforma del 18 de junio de 2008 en materia de Justicia Penal y Seguridad Publica, se ha tenido en la entidad, ya que garantiza la protección a la víctima y un juicio justo al imputado. “El sistema tradicional es totalmente disfuncional, creemos que el nuevo sistema propicia una mejor administración de justicia, se abrevian los tiempos, se tienen más expectativas, que es lo más importante para la víctima, que es la reparación del daño y que no se repita la acción que le fue cometida en su agravio. El principal motor de esta reforma, es la combinación de dos derechos reconocidos, el derecho de la víctima de una reparación del daño, y el imputado, un juicio justo”, reiteró. Asimismo, retira esa potestad al Ministerio Público para obtener o crear sus propias pruebas, certificarlas y armar un paquete para entregárselo al juez, en un sistema pragmático dirigido. De esta manera, la confirmación de pruebas no queda en solo una persona, sino que tienen participación las partes y se brinda una mejor procuración de justicia. “Hay casos en que el Ministerio Público actuaba por corrupción, o por incompetencia o por línea política, dejaba en entredicho la honestidad y transparencia del procedimiento. Ahora con el nuevo sistema, el Ministerio Público ya no tiene república, tiene que construir su acervo probatorio de la mano de la defensa del imputado y eso nos da un equilibrio en las fuerzas”, declaró Rubio, para después advertir que no todas las personas que denuncian ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) buscan que el imputado queda tras las rejas; sino que en cierta manera se busca la reparación del daño y que se garantice que esto no se presente de nuevo. Además, el NSJP prevé que se puede llegar a un arreglo y reparar el daño, y no emprender un largo y costoso juicio. El abogado denunció que ante el inminente inicio de operaciones en La Paz, el aspecto grave es la falta de certificación de magistrados que tomarán los casos sin experiencia alguna. Por otro lado, el papel importante es el de las Policías, que a la fecha mantienen las viejas prácticas y malas costumbres que pudieran pesar al momento de conformar un caso de alto impacto. 
El 1 de junio de 2015 arrancó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el municipio de Comondú. “Aquí la falla que prevemos es en los dos extremos del abanico, en los dos extremos están desatendidos, tenemos Ministerios Públicos, defensores, peritos y jueces certificados y calificados, pero en la cúspide no hay un solo magistrado certificado, calificado y con experiencia en el nuevo sistema; y el otro extremo de la baraja, es de las fuerzas policiacas, los policías por regla general son los primeros respondientes en caso de un crimen, y hablo de un perfil elevado, no de un problema entre vecinos y demás; hablo de delitos de alto impacto, donde quizá sea necesario llegar hasta las últimas consecuencias en el juicio, si omiten y queda la impunidad de alguna manera garantizada”, enfatizó Rubio Ruiz. Según información recabada, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur se han presentado cursos de preparación para abogados litigantes y egresados de la institución, las instalaciones cubren los requisitos del estándar nacional, sin embargo, se sabe que los programas educativos no contemplan dentro de su plan de estudios la implementación obligatoria de materias necesarias para que alumnos salgan preparados; aparecen como optativas. El caso de Comondú El 1 de junio de 2015 arrancó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el municipio de Comondú, como programa piloto para implementarse en toda la entidad. Ismael Sigala Páez señaló que este nuevo sistema ha sido fructífero, ya que por debajo del 3 por ciento de las denuncias llegan a los órganos jurisdiccionales, ya que en total, “la Procuraduría ha recibido alrededor de 600 denuncias, de las cuales han llegado a los órganos jurisdiccionales, es decir, al juez, aproximadamente 17; sí hay un cambio radical entre el número de quejas que denuncias que llegan y el número de asuntos que llegan a un órgano judicial, a diferencia del sistema tradicional, que la mayoría de los asuntos, prácticamente el 98% llegan a convertirse en un asunto penal”, complementó el secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del NSJP. Por su parte, el diputado local panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Edson Gallo, apuntó que para Comondú en lo particular es “algo nuevo que se implementa, definitivamente los cambios siempre implican hacer algunos ajustes, hoy en Comondú está muy importante el tema de robos a casa habitación, he tenido pláticas con el alcalde y ellos están trabajando de una manera importante; yo creo que las cosas en materia de Seguridad Pública han mejorado, pero aún existen deficiencias que seguramente se irán limpiando poco a poco”, confió. Entretanto, Sigala Páez consideró importante entablar una negociación entre las partes o llegar a una conciliación, esto es lo que busca el nuevo sistema, siempre protegiendo y buscando resarcir el daño a la víctima. Sin embargo, reconoció que a seis meses, aún no se ha presentado alguna audiencia, por lo tanto, tampoco se ha conseguido dictar sentencia en el nuevo sistema. Pero surge la resistencia en algunas instituciones, sobre todo en los procedimientos o las viejas prácticas, esto forma parte de los cambios y la mejora del sistema de justicia en el Estado. “Necesitamos estar en capacitación permanente, constante, nunca es suficiente la capacitación, porque este nuevo sistema ha venido sufriendo nuevas reformas que nos obligan a implementar procesos de actualización en las Policías sobre todo. Una resistencia que hay a nivel de instituciones no solo en las Policías, existe todavía cierta resistencia al cambio, es normal”, concedió Sigala. Hasta el momento, los cambios principales para que el NSJP mantenga su ritmo y sin errores, es que las corporaciones tomen en cuenta la importancia de preservar la escena del crimen, la manera en que fue detenido el imputado y seguir los lineamientos al pie de la letra, sin dejarse ganar por los ánimos del momento. En Baja California Sur se contará con siete Centros de Justicia Penal, los cuales estarán ubicados en Guerrero Negro y Santa Rosalía, en Mulegé; Ciudad Constitución en Comondú; Cabo San Lucas y San José del Cabo, en Los Cabos; así como en Loreto y La Paz. Centro de Justicia Penal San José del Cabo Beneficiarios 251 mil 871 habitantes Monto de inversión 89.9 millones de pesos Metros de construcción 4 mil 049 m2 Áreas Poder Judicial Salas de Juicios Orales Sala General de Videograbación Despachos de jueces Áreas de administración y auxiliares Defensorías de oficio Unidad de Seguimiento a Medidas Cautelares y Servicios Previos al Juicio Policía Procesal
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