El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán promovió sus primeros dos amparos de 2016 en contra de cualquier forma de ser extraído del país para ser entregado a los Estados Unidos y para no ser incomunicado luego de que fue recapturado el viernes pasado en Los Mochis, Sinaloa. El abogado Juan Pablo Badillo Soto presentó la primera demanda de garantías a favor del capo ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal y está dirigido en contra de actos de la Procuradora General de la República y otras autoridades. En el escrito se reclaman los actos de “Orden o disposición para detener y confinar fuera de todo procedimiento judicial al quejoso, sometiéndolo a violenta degradación e inhumano maltratamiento”. También se queja de “incomunicación y maltrato psicológico físico y degradante al que ha sido sometido con inusitada violencia”. Una vez notificada la demanda al líder del Cártel de Sinaloa, quien fue reinternado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, Guzmán Loera la ratificó y le fue concedida la suspensión provisional para que las cosas guarden el estado que actualmente ocupan y no sea removido de esa prisión. El segundo juicio de derechos fundamentales lo presentó una persona de nombre Francisco Castillo ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien declinó la competencia legal en razón de la materia a favor del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal. En este amparo se señala como principal autoridad responsable al Secretario de Relaciones Exteriores y se reclaman los actos de “incomunicación, tormentos, pretender privar de la vida y tratar de sacar al quejoso del país, deportándolo y extraditándolo a los Estados Unidos de América, sin respeto a las formalidades esenciales del procedimiento; en especial, hacerlo víctima de desaparición forzosa”. El juzgador que ya conoce del juicio de derechos fundamentales concedió la suspensión de plano para que -en caso de existir- los actos de incomunicación y tormentos, éstos cesen de inmediato. La audiencia constitucional para el desahogo de pruebas se programó para el 10 de febrero próximo. Cabe mencionar que al “Chapo” Guzmán ya le fueron cumplimentadas las dos órdenes de detención provisional con fines de extradición que se dictaron en julio y septiembre de 2015, por lo que iniciarán formalmente los procedimientos que la ley prevé.
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