El ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y su esposa, la ex Primera Dama y presidenta del DIF del estado, Iveth Dagnino, tuvieron conocimiento y participación en la adopción irregular de al menos 300 niños. Lo anterior fue declarado por José Manuel Hernández López, quien está acusado de venta ilegal de bebés en Sonora y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, al programa de radio Proyecto Puente. Desde el inicio de su gestión en el DIF, Dagnino ordenó las adopciones irregulares Además, José Manuel Hernández reconoce su participación, la cual inició por una recomendación para adopción que él hizo a Vladimir Arzate, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF-Sonora, también acusado de venta de menores. La participación de Hernández continuó cuando él mismo adoptó a una niña a quien nombró como María Manuela, por quien pagó 90 mil pesos, como él mismo confiesa para el medio radial. Las subsecuentes colaboraciones también fueron recomendaciones, refiere Hernández, mismas que en total fueron quince, por las cuales, al menos en 12, recibió alrededor del 25 por ciento del monto solicitado a quienes deseaban ser padres. La cantidad solicitada por niño rondaba entre los 100 mil y los 130 mil, aseguró Hernández, quien fue ex director jurídico de la Unión Ganadera de Sonora. Según el implicado, toda la estructura del DIF-Sonora intervino en tal delito, por eso tal cantidad de adopciones, porque eran realizadas por todos los trabajadores del DIF. Aunque José Manuel no refiere que todos los niños fueran del Hospital Infantil de Sonora, al menos su hija sí lo fue. Eran niños abandonados por sus madres los que eran entregados a la red, y presuntamente fue con autorización del ex director del hospital. En el mes de agosto, la La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer la detención de 16 implicados, entre ellos osé Manuel Hernández López y Vladimir Arzate, tras una denuncia realizada en marzo del año pasado de forma anónima, lo cual derivó en nueve casos comprobados de adopción irregular. ZETA/SinEmbargo
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