Son terrenos con una envidiable ubicación y en medio de una serie de proyectos que seguramente revitalizarán esa zona de Rosarito. Aunque hoy decenas de residentes enfrentan un riesgo legal de despojo de las propiedades que adquirieron y están documentadas, ahora pretende emerger un “nuevo” dueño.
Apenas traspasando las rejas de la caseta de seguridad surge un paradisiaco lugar. Calles empedradas, construcciones de uno o dos niveles con fachadas típicas mexicanas, adornadas con colores llamativos, bardas de piedra, terrazas y enrejadas; la mayoría apuntando hacia la playa, que queda a unos cuantos metros.
Se trata del predio rustico conocido como Baja del Mar, con cerca de 150 impresionantes construcciones en un pedazo de terreno con magnifica ubicación -casi frente al Centro de Convenciones Baja California Center-, en una tranquila y apartada zona ubicada por la entrada a PEMEX en la parte más al norte de Playas de Rosarito. La Carretera Escénica Tijuana-Ensenada cruza aledaña, pero no tiene acceso en esa zona, lo que aumenta la privacidad de los residentes.
Uno de ellos, Rafael Fuentes, de origen mexicano pero jubilado en Estados Unidos, adquirió un espacio en el residencial, pagó cerca de 140 mil dólares hace 10 años. Pero ahora es uno del medio centenar de habitantes -la mayoría de origen norteamericano- que ven en peligro su propiedad, debido a un ilegal intento por despojarlos de su envidiable terreno.
Fuentes refiere a ZETA que en el año 2000 vendió su casa -en la ciudad de San Diego, California- y se dedicaron a buscar un lugar para asentarse en esta frontera. “Me dejé llevar por la belleza del lugar”, dice en referencia a la inversión de todo su patrimonio.
Otro testimonio es el de José Ramón Villegas, quien en 2006 compró el terreno, casi en la orilla del residencial. Pagó 50 mil dólares, posteriormente, con esfuerzo pudo levantar la construcción.
Ahora, y junto con el resto de colonos, enfrenta la incertidumbre por un posible desalojo. Incluso denuncian que han sido hostigados, que ha habido intento de cambiar chapas y despojar “a la malagueña” a los legales propietarios.
Se trata de un viejo y amañado litigio donde pretenden despojarlos de esa zona, de cerca de seis hectáreas en plena zona costera.
LA HISTORIA
El caso remite a finales de los años 80, cuando el desarrollador Roberto Vallín de León empezó a vender terrenos, y a finales de esa década hipotecó dos de las seis hectáreas a nombre de un personaje: Tomás Castañeda, quien luego le traspasó los derechos de esa hipoteca a Julio Antonio Ochoa Zepeda.
Pero posteriormente en los años 90 se creó un fideicomiso maestro en el Banco del Atlántico -ahora HSBC-, donde se incluyeron esas hectáreas –con el acuerdo de Ochoa y Vallín-. Para esto, desde 1989 a Ochoa ya le habían cubierto la deuda por el terreno, cerca de 300 mil dólares. Eso implicó que se formalizara una cesión de derechos a favor de todos los habitantes de esa zona residencial, donde los nuevos dueños ya habían empezado a construir.
denuncian intento de despojo
“Ahí había casas desde los 70s”, indican los entrevistados.
Se trata de construcciones valuadas entre 150 mil y 300 mil dólares, la gran mayoría –un 60, 70 por ciento- en propiedad de extranjeros.
Pero en 1994, Julio Antonio Ochoa Zepeda apareció de nuevo -aun cuando ya se le habían pagado los terrenos- y reclama derechos sobre esas hectáreas. De acuerdo a los afectados, Ochoa Zepeda ha interpuesto una serie de demandas civiles contra 40 colonos para despojarlos de sus terrenos.
Se calcula que tan solo dos de las hectáreas en puro terreno y a tabulador catastral, tendrían un valor arriba de 5 millones de dólares. Aparte estaría el precio de las construcciones, calculado entre 100 mil y 300 mil dólares.
“Hay incertidumbre, la gente tiene miedo”, comentan en alusión a los propietarios y posesionarios de toda esa magnífica zona.
DEMANDAS
El 16 de julio de 2015, Miguel Castillón López interpuso una demanda en contra de Julio Antonio Ochoa Zepeda en un juicio ejecutivo mercantil, reclamando un adeudo de 5 millones de dólares contraído a través de dos pagares, cada uno por 2.5 millones de dólares; el primero supuestamente acordado a pagar el 21 de febrero de 2015, y el segundo el 21 de mayo de ese mismo año.
En la demanda -número de expediente 1102/2015- interpuesta en el Juzgado Cuarto Civil del partido judicial de Tijuana, no se aclara exactamente el motivo del adeudo.
El expediente se centra en el reclamo del pago por el supuesto adeudo -estampado en los dos pagarés- no resuelto, pero, ante la falta de esa liquidación, el demandante reclama los terrenos de Baja del Mar, los cuales consideran, son propiedad del demandado, Juan Antonio Ochoa Zepeda.
Según la misma demanda, el acuerdo legal fue firmado a favor de Miguel Castillón López desde el 21 de febrero de 2005 y reclaman el pago del monto más los intereses, a ello le suman los costos de los abogados.
En una parte del documento se solicita al juez para que -además de tener por presentada la demanda- “la parte demandada sea requerida de pago inmediato, y no haciéndolo en el momento de la diligencia, embargar bienes de su propiedad ‘suficientes para garantizar reclamado, ordenando se dejen en depósito de la persona que oportunamente se designen…’”.
Es decir, se está reclamando el pago de un documento por un adeudo de 90 millones de pesos sin siquiera mencionar el motivo de éste, eso sí, reclamando le embarguen propiedades al demandado.
En el expediente se asienta que a las 8: 30 am del 12 de agosto del año pasado se presentó en el domicilio del demandado la secretaria actuaria Martha Gómez y, al presentar el motivo de la visita a Ochoa Zepeda, quien en el documento asentó que “reconoce el adeudo” y señala para el embargo el lote con superficie de 16 mil 728 metros cuadrados, es decir, el espacio de Baja del Mar.
Ochoa fue citado ante el Juzgado el 1 de octubre de 2015 para el desahogo de la prueba confesional, de reconocimiento de firma, pero nunca apareció, por lo que el abogado el demandante solicitó “se sirva declarar confeso al demandado”, debido a la no comparecencia de quien ni siquiera se presentó en el momento procesal que fue requerido.
De acuerdo a otros documentos, existió un juicio sumario hipotecario -el 9667/1980- promovido originalmente por Tomás Castañeda contra Roberto Vallín, dentro del cual se presentó una adjudicación de remate a favor de Julio Antonio Ochoa Zepeda, quien en ese tiempo se convirtió en propietario de la fracción norte de Baja del Mar. Esa es la parte fundamental de la que se ha agarrado Ochoa para reclamar como suyos los terrenos.
Aparte hay otros documentos donde el propio Ochoa cedió sus derechos a un grupo de compradores de los terrenos -la gran mayoría norteamericanos-, quienes conformaron un fideicomiso y le pagaron -está fechado el 10 de junio de 1989- 300 mil dólares.
A principios de diciembre pasado, los colonos de esa zona se empezaron a inquietar ante el rumor de que pudieran ser desalojados. Por eso entre las estrategias legales han incluido la posibilidad de promover un amparo indirecto, y a la par, interponer una denuncia penal por fraude procesal contra Ochoa y sus abogados, quienes insisten en “promover e intentar recursos notoriamente fraudulentos”, exponen los abogados de los posesionarios en un intercambio de correos electrónicos.
CASOS Y MÁS CASOS
Se trata de un evidente intento de despojo en terrenos que por su excelente ubicación han elevado su valor, sobre todo en dólares. Situación que ha empezado a hacer crisis en varias partes de los litorales de toda la zona, lo mismo que en el puerto de San Felipe con norteamericanos fraudados con terrenos sin los servicios ofrecidos, o el reciente caso documentado por ZETA –noviembre 2015- en la zona de Puertecitos, donde los posesionarios legales están en peligro de que por argucias legales pudieran ser objeto de un desalojo.
Del otro lado del Mar de Cortés, en la zona cercana de Puerto Peñasco se han documentado situaciones similares contra pescadores en el Ejido Campodónico, o en Caborca, en zonas de litorales e impresionante belleza natural.
En la zona cercana a Baja del Mar se pretende ubicar un parque de diversiones –Six Flags-, aparte de que en esa misma parte se asienta el Centro de Convenciones. También hay proyectos comerciales, de hoteles y hasta un campo de golf.
“Las tierras van a subir mucho más de valor, por eso anda mucha gente viendo a ver qué agarra”, sostienen los denunciantes.
“Estas gentes de buena fe adquirieron esas propiedades y ahora tienen que invertirle a la defensa del patrimonio, siendo que ellos la tienen una cesión de derechos, tienen títulos, escrituras, hay prescripciones positivas y este señor quiere venir a invalidar todo eso”, exponen los colonos.
“Queremos exhibir lo que está pasando ahí, sacarlo a la luz”, comenta Rafael Fuentes, uno de los residentes de esa zona.
Otro de los colonos, José Ramón Villegas, refiere que Ochoa es gente que no cuenta con recursos, por lo que infieren que detrás de su pretensión pudiera haber otras personas. “Lo están fondeando, no sabemos ni siquiera quiénes son, pero están el frente nada más”, dicen en relación a lo complicado de la situación.
“Lo que pedimos es que la autoridad no dé entrada a esos reclamos de derechos, porque no los tiene. La gente no se explica cómo están pagando por abogados para defender su patrimonio, mientras este señor Ochoa reclama derechos que no tiene y la autoridad lo sabe”.
Y sintetizan con una frase: “En Rosarito no hay Ley, si no le estarían dando trámite a esos asuntos…” Añaden que hay mucho interés, dado que el complejo tiene una playa bonita, centro de convenciones. Se ubican a un lado de la carretera de cuota, torres residenciales a un lado, el Oasis, el edificio de Mar y Sol, PEMEX. “La ciudad está creciendo para ese rumbo, toda la plusvalía está cargada ahí ahorita”, concluyen.
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