Es increíble lo que sucede en el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, y en la elección de un Magistrado en el Congreso del Estado. Un largo proceso para elección de aspirantes lo que está dejando en claro es que en el Poder Judicial no están ni los hombres ni las mujeres mejor capacitados. Vaya, que lo que hace falta en Juzgados y Tribunal son unas clases de actualización en todas las materias del derecho procesal y la administración de la justicia. Mire, a la primera convocatoria que emitieron en agosto de 2015 para elegir a un Magistrado que ocupe el lugar que dejó el anterior Presidente del Tribunal luego que se suicidó, se anotaron 25 personas. Había de todo. Desde un Magistrado, jueces, funcionarios del poder judicial, maestros, y abogados. Solo cinco pasaron los exámenes de conocimientos y varios se inconformaron. De ésos, solo una pasó la prueba práctica que consistió en la elaboración de una sentencia. Pero después en el Tribunal, decidieron pasar a los cuatro que reprobaron, y de manera injusta (paradójico, ¿no?) para la que sí aprobó, enviarlos a todos al Congreso para que de ahí los diputados eligieran a uno. Y entonces vino el circo de la negociación… Entre el PRI que entonces manejaba René Mendívil –hoy lo hace Chris López– y el PAN de quien sabe quién, no se pusieron de acuerdo y no le concedieron a ninguno de los cinco los 17 votos que requieren para convertirse en Magistrado. Regresó la lista al Tribunal para que elaboraran una nueva. Entonces en noviembre emiten otra convocatoria, la segunda. Se inscriben 12, entre ellos muchos de los reprobados de la primera convocatoria, y por acuerdo del Tribunal deciden que los cuatro que favorecieron la primera vez y la única que sí pasó los exámenes, serían incluidos en la lista de manera automática, sin ser evaluados de nueva cuenta –a pesar que, ¿recuerda?, cuatro habían reprobado. Pues resulta que todos los que acudieron a la segunda convocatoria, menos uno, reprobaron de nueva cuenta el examen teórico. El único que lo aprobó, fue precisamente el Magistrado Gustavo Medina Contreras. Así pasó a la segunda prueba, el examen práctico que… ¡Reprobó! De verdad, en serio, de manera increíble, pero el Magistrado que ya lo es, que ha realizado los exámenes en dos ocasiones, reprobó. Entonces… ¿Qué hacen en el Tribunal? Digo, ya no tienen a nadie más a quien agregar a la lista, ya reprobaron 20 la primera vez, luego cuatro más, luego 11 y luego 1 más. ¿Qué hacen? ¡Aprueban a dos de los que habían reprobado! Aparte que los dos, reprobaron en la primera convocatoria y en la segunda convocatoria, también. Así, antes que declarar desierto el segundo concurso “resolvieron” a favor de los dos reprobados sus recursos de impugnación y los aprobaron. Ahora, Columba Imelda Amador Guillén y Héctor Antonio Cortez Peña, pasaron a la segunda etapa de evaluación, el examen práctico que será hoy 4 de diciembre a la una de la tarde en el Tribunal. Si reprueban esa etapa, otra vez no habrá nuevos nombres que agregar a la lista de cinco que ya tienen y que fue rechazada en el Congreso del Estado. Se trata de la Jueza Lourdes Molina (la única que ha aprobado todo en el primer intento y sin recursos de por medio), y los jueces (aprobados en una segunda oportunidad con un método de evaluación laxo), Marcelino Zepeda, Alejandro Fragoso, Ignacio Flores y Víctor Fernández. La elección del Magistrado para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, se está convirtiendo en una broma. Tanto en el Poder Judicial, donde reprueban y aprueban a discreción y conveniencia, como el Congreso del Estado donde, la negociación política no les alcanza para definir el futuro del Tribunal. P.D.- Para colmo, en la semana revivió la ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Esther Rentería, quien lo fue por siete años. Reapareció en primera plana para acusar hostigamiento por parte de la Contraloría del Poder Judicial. La realidad es que el 17 de julio de 2015, Manuel Montenegro, Auditor Superior de Fiscalización del Estado (Orfis), envió un oficio (DMEF793172015) a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, donde señalaba: “Falta de documentación comprobatoria” durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en la partida 5.1.3.8.3.2 de Gastos de Representación para la licenciada María Esther Rentería Ibarra, por la cantidad de 180 mil pesos moneda nacional, sin contar con la documentación comprobatoria correspondiente. No la hostiga a María Esther la Contraloría del Tribunal, sino que le requieren cuentas en el órgano Fiscal, y pues, a darlas…
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