El desbarajuste financiero de Pelayo

Sin sorpresa para muchos, fue rechazada la Cuenta Pública de Egresos 2013 del Ayuntamiento de Ensenada, correspondiente al último año de gestión del ex alcalde Enrique Pelayo Torres. A lo largo de 53 observaciones, puede resumirse la falta de responsabilidad en el manejo del dinero. “Lo agarra y lo usa para lo que quiere. No se ajusta a las normas y reglas para el uso de recursos”, consideran especialistas financieros. No es precisamente un desvío, pero su manejo no es transparente. Lo “jinetean”, en resumen. Faltan las justificaciones y abundan las aparentes omisiones por negligencia. Sobresale entre lo observado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (ORFIS) de la XXI Legislatura, lo referente a la aplicación del recurso federal para el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), donde prácticamente no se licitó ninguna adquisición y sus justificaciones no fueron válidas, por lo que se presume se favoreció a empresas. El no registro de su patrimonio, desinterés en reclamar anticipos por trabajos no realizados o proveedores incumplidos, transferencias de una cuenta a otra y otra con dinero proveniente del Ramo 33 que terminó mayormente en Gasto Corriente, así como algunos sueldos duplicados, son los casos que se observan por el ORFIS en su Dictamen 239.   SUBSEMUN: 75 millones “bailaron” La primera observación del documento corresponde al tema de las adquisiciones del SUBSEMUN, recursos que se destinan a la seguridad pública de los municipios, en este caso para la Policía Municipal de Ensenada. Se señala en el documento que el Ayuntamiento recibió en 2013 el subsidio por 75 millones 636 mil 159 pesos. Se van a los detalles del gasto y empiezan con el “Contrato de suministro de 100 chalecos balísticos Nivel III-A”, por  2 millones 408 mil 839 pesos, fechado el 26 de junio de 2013. El proveedor es Miguel Caballero, S. de R.L . de C.V., quien no pasó por licitación alguna porque la Secretaría de Seguridad Pública dictaminó que sería adjudicación directa con la argumentación que al hacer públicas las características necesarias del equipo de blindaje  a comprar, se estaba dando información delicada a los delincuentes. Pero el ORFIS les responde prácticamente con un “si tu referencia de catálogo es pública, ¿por qué tu propuesta va a ser privada?”, y la rechaza porque incumple la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en sus artículos 40 y 41. Aparte de la adquisición directa, los chalecos pasaron por una prueba de balística aplicada el 25 de septiembre de 2013, pero no hay reporte del resultado, además, no se registró contablemente el importe de la compra. Otro gasto del SUBSEMUN sin licitación de por medio y con incumplimiento de los parámetros de calidad, sin contar las discrepancias o los extraños acuerdos entre las partes, es el correspondiente a la compra del “Sistema de Video Vigilancia”. El mencionado equipo se contrató el 25 de junio de 2013 con “la empresa denominada Eisberg Tecnología Aplicada, S.A. de C.V.”, por un monto de 39 millones de pesos, según señala el dictamen del Órgano de Fiscalización. El contrato establece que el Ayuntamiento pagará 19.5 millones de pesos como anticipo, y que la otra cantidad igual por pagar se sacará de un recurso federal adicional al SUBSEMUN que el mismo proveedor gestionará a través del Ayuntamiento. Para extrañarse más ante la generosa oferta, se establece que si no se logra el recurso adicional, el gobierno municipal no deberá nada, pues el proveedor, en este caso Eisberg Tecnología Aplicada, S.A. de C.V., absorberá la deuda. Previo a la celebración de ese contrato, se había establecido que para la adquisición del  sistema de video “Blindaje Digital Metropolitano Fase III” no se celebraría el procedimiento de licitación pública, por los casos de excepción que Ley establece en los casos cuando por las características del equipo, solo exista un ofertante, por lo que se le contrata directamente.  Y una serie de irregularidades del principio a fin resultan en el proceso de compra y operación del equipo referido. El ORFIS empieza por señalarle la contradicción del Ayuntamiento de Ensenada al argumentar que eligió a Eisberg por contar esta empresa con la exclusividad para diseñar, instalar y vender los productos adquiridos, cuando en otra parte refieren que tuvieron entrevistas y reuniones con otros proveedores que venden el mismo tipo de equipo. El proveedor no demuestra tener la exclusividad, y el Ayuntamiento no proporciona el presupuesto e información sobre el equipo vendido por el proveedor, ni estudio de mercado ni comparativo de precios, ni soporte documental del “Dictamen para la Adjudicación Directa de Contrato de Infraestructura Inalámbrica, sistemas de Vigilancia y Emergencias Ciudadanas”. De igual manera, el documento del ORFIS indica que en sus inspecciones, hasta el 28 de marzo de 2014 el equipo no estaba entregado en su totalidad por parte del proveedor, y que buena parte del equipo que sí habían entregado, no estaba operando porque no fueron compatibles con el sistema operativo del Ayuntamiento, según informó el jefe del Departamento de Informática de la Dirección de Seguridad Pública, a cargo de Alfredo Rosales Green. La inspección del órgano fiscalizador determinó que aparte del singular contrato por 39 millones de pesos del 26 de junio de 2013, el Ayuntamiento ya había celebrado dos contratos anteriores con Eisberg Tecnología Aplicada, S.A. de C.V.,  que se erige como empresa fabricante de ordenadores periféricos y software establecida en Monterrey, Nuevo León, cuya primera negociación con el Ayuntamiento de Ensenada data del 1 de noviembre de 2011 por 40 millones 85 mil 643 pesos; y el 28 de septiembre por 34 millones 375 mil pesos 854 pesos, ambas con las mismas irregularidades que ya habían sido observadas en su momento por el ORFIS. El proveedor no ha cumplido con ninguno de los compromisos en los tres contratos que en suma dan 113 millones 461 mil 497 pesos.  También de cada contrato el Ayuntamiento sigue debiendo la mitad, por lo que el proveedor ha recibido 64 millones 747 mil 877 pesos, sin embargo, “no se tiene la certeza del Estado , ya que no existen registros contables…”.  Por otra parte, al registrar los bienes hay una diferencia por 18 millones 754 mil 380 pesos. “Ese contrato lo tienen que echar para atrás, está muy mal hecho”, consideró un ex director general del SUBSEMUN consultado por ZETA. “La exclusividad de la patente que aseguró el proveedor no es cierto, los sistemas de video vigilancia son los mismos en todas partes, la adjudicación directa no es válida, el procedimiento se tiene que anular, pero extrañamente tampoco nadie impugnó”. En cuanto a los términos para el pago, el experto señala las mismas discrepancias: “El vendedor estipula que te va a donar la otra parte en caso que incumpla los tiempos; incumplieron los tiempos pero no aceptaron la donación, la pagaron”. Resume: “Hicieron un contrato como para que nadie más pudiera presentar condiciones similares a la oferta, y como ganan, ya no les importa porque hacen lo que quieren. Ese contrato está bien amañado”. Además, sugiere el ex funcionario del SUBSEMUN que el presupuesto de por sí está muy inflado, pues equipos similares se han adquirido en otras entidades por 7 millones, 10 millones, o máximo 15 millones de pesos, pero que la entidad federativa no se fija en eso, porque es responsabilidad de los ayuntamientos cuánto se quieren gastar. El programa federal nada más supervisa que se aplique el recurso para lo que se pidió. Aquí procedería a llamar a comparecer a los funcionarios de la administración saliente, así como la que recibió, para fincar responsabilidades, al tratarse de un daño patrimonial. Actualmente el Centro de Operaciones Policiales (COP), que es el edificio que alberga el sistema de cámaras y monitores para vigilar las calles del centro, está abandonado, las cámaras no están colocadas, de 10 personas que había antes, hoy solo hay un empleado de vigilancia; tanto cámaras adquiridas del ejercicio 2013 como de administraciones pasadas están, por ejemplo, las que rodeaban el Parque Revolución. El rubro de “Adquisiciones de Vehículos y motocicletas” de la misma partida del SUBSEMUN es otro dechado de inconsistencias y sospechas. Sin licitación se adquirió de forma directa una unidad equipada para el grupo SWAT, dos unidades para el grupo DARE y cinco motocicletas para Seguridad Pública, con el contrato celebrado el 3 de diciembre de 2013 con el proveedor Blindaje Continental, S.A. de C.V.,  por 3 millones 485 mil pesos. Igualmente, no hubo estudio comparativo de otras propuestas, la empresa incumplió con los plazos, además DE que no demostró su legalidad para operar E incumplió con los plazos que ameritaban una sanción por 2 millones 554 mil 740 pesos, “de la cual se desconoce si se hizo resarcimiento de dicha pena o se hizo exigible la garantía de cumplimiento”.   Ni asfalto ni 6 millones de pesos Con fecha 21 de junio de 2013, el Ayuntamiento celebró contrato donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) le dona mil toneladas de asfalto AC-20, con valor de 9 millones 538 mil 376 pesos. A su vez, el Ayuntamiento arregla con Constructora VEHCSA, S.A. de C.V. para que le recoja las mil toneladas de asfalto donadas y entregar una mezcla final de 3 mil 729 toneladas. VEHCSA refiere que solo recibió 471 mil 265 toneladas de asfalto, y de las 528 mil 735 toneladas restantes nadie sabe dar razón, “por lo que se desprende una diferencia no aclarada que pudiera dar lugar a un presunto daño patrimonial por 5 millones  43 mil 226 pesos”. Pero aparte, los 3 mil 729 metros cúbicos de mezcla que reporta VEHCSA y acuerda con el Ayuntamiento se quedan muy cortas a los nueve metros cúbicos de mezcla asfáltica final que PEMEX indica como la cantidad estándar; pero a final de cuentas, ni los 3 mil 729 metros cúbicos se entregan, sino nada más se reportan mil 759, distribuidos a los contratistas Constructora Las Olas, S.A. de C.V.; Disain Construcciones, S.A. de C.V.; Boga Construcciones, S.A. de C.V.; y Jorge Alberto Magaña Díaz, “Servicios Públicos Municipales”. Además, el Ayuntamiento tuvo que desembolsar un millón 6 mil 296 pesos por pago de transportación de material, debido a un descuido en las cláusulas del contrato, que además fue signado por el director de Infraestructura Municipal, Marco Antonio González Aréchiga, cuando la Ley dicta que no está facultado para suscribir convenios.   De poquito en poquito: 1.5 millones Obras que se pagaron de más, anticipos que se dieron a trabajos que no se concretaron pero que no se reclamaron, pagos no justificados o documentados y diferencias contables, forman un sinnúmero de “observaciones chiquitas” que, sumadas, pueden ser un dineral. Por ejemplo, en el contrato con VIBESA Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. para la Comandancia de Seguridad Pública de Ensenada, el ORFIS encontró trabajos estimados no ejecutados por 34 mil 104 pesos, y un sobrepago por 51 mil 341 pesos.  Con Constructora de las Olas, S.A. de C.V. se celebró contrato por 7 millones 790 mil pesos, que luego se amplió a 9 millones 790 mil pesos; no hay reporte de control de calidad ni documentos, por lo que se deduce un daño económico por 59 mil 500 pesos. La contratación directa con Edificación y Supervisión de Ensenada, S.A. de C.V. para la “Red de Agua Potable de Calle Horticultores y Jardines de la Colonia del Valle” resultó en una diferencia de 294 mil 264 pesos por trabajos no ejecutados. Mientras que a la empresa Arquitectura e Ingeniería E y L, S.A. de C.V. se le favoreció con un contrato por 500 mil pesos para  la “Pavimentación de la Calle Artículo 2do. de la Colonia Loma Linda”, pero causó un daño por 65 mil 368 pesos por trabajos no ejecutados. Nuevamente con Edificación y Supervisión de Ensenada, S.A. de C.V. se celebró un contrato por más de medio millón de pesos para “Pavimentación del Callejón del Paso en el Fraccionamiento Acapulco”, y además de incumplir en tiempo y forma, el Ayuntamiento no sancionó; dejó obras sin concluir por 113 mil 791 pesos, además de recibir un sobrepago de 9 mil 306 pesos. Con Excel Constructora, S.A. de C.V., el Ayuntamiento celebró otro desafortunado contrato para la “Construcción y Rehabilitación de la Unidad Deportiva Sullivan”, con dos inspecciones el 20 de agosto y 7 de octubre de 2014 que arrojaron trabajos no ejecutados por  139 mil 873 pesos y 140 mil 647 pesos, respectivamente.  Con el contrato con FLIP Constructora, S.A. de C.V. para la “Construcción y Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Valle Dorado”, también una serie de sobrepagos y trabajos no ejecutados arrojan desfalco total por 88 mil 218 pesos, amén de un gasto de 213 mil 371 pesos no explicado. Mientras que hay otro gasto sospechoso por 210 mil 900 pesos a BCA Consultores, S.C., del cual no existe ninguna documentación del proceso y términos del contrato, solo por “prestación de servicios”, por lo que también se viola la Ley.   Ramo 33: 113 millones del tingo al tango El  29 de enero de 2013, el Ayuntamiento recibió 68 millones 265 mil 566 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33. Para administrar ese recurso la autoridad abrió una cuenta en BBVA Bancomer, pero de ahí tomó 27 millones 100  mil pesos que en fechas 28 de junio y 4 de julio del mismo año transfirió a HSBC para destinarlo a gasto corriente, violentando así la Ley.  Del total del recurso federal, el Ayuntamiento de Ensenada solo ejerció 34 millones 418 mil 612 pesos, y la diferencia, 33 millones 846 mil 954, los reprogramó el 28 de febrero de 2014 (ya en la administración de Gilberto Hirata), de los cuales se desconoce el destino de los rendimientos generados por 723 mil 822 pesos, cuando está estipulado en la Ley que con los éstos se pueden ampliar las obras dentro del Ramo 33. Además de celebrar convenios sin firma y ejercer viáticos sin comprobación dentro del mismo recurso, se ejercieron gastos sin comprobar por parte de la Dirección de Infraestructura y COPLADEM, por cantidades de 92 mil 500 pesos y 67 mil pesos.  Se adquirió equipo de cómputo para Sindicatura Municipal por 144 mil 984 pesos, donde el 13 de noviembre de 2013 y sin contrato de por medio, se favoreció al proveedor particular Luis Roberto Maldonado García. Se realizó una trasferencia bancaria por 139 mil 82 pesos a favor del proveedor Impression de México, S. de R.L de C.V. para la adquisición de equipo de software para la Secretaría de Desarrollo Social; no hubo contrato ni garantía. Incluso no se localizó el equipo, según versión del actual titular del área, Samuel Albestrain Pérez, “buscando en los distintos equipos de cómputo no fue localizado software en ninguna de ellas”, informó. Respecto al manual de operación, “no se encontró dicho documento”. Asimismo, se le compraron uniformes al particular Silvia Isabel Osuna Vera, artículos que no cumplieron con la normatividad, sin embargo, se le pagaron 49 mil 933 pesos. Eso en cuanto al recurso correspondiente a 2013, pero ya se venía arrastrando toda una serie de irregularidades con el Ramos 33 de 2012, donde el Ayuntamiento recibió una partida de 61 millones 879 mil 790 pesos, de los cuales 55 millones 227 mil 187 se reprogramaron para el ejercicio 2013, más transferencias a otras cuentas para gasto corriente, con un resolvente por 107 millones 800 mil pesos. Toda una suerte de transferencias y “jineteos”, por lo que la actual Sindicatura Social del XXI Ayuntamiento de Ensenada promovió un juicio político ante la Auditoría Superior de la Federación en contra del ex presidente municipal Enrique Pelayo. En diversas obras del Ramo 33 aplicado en la delegaciones, hay anticipos por obras que no se ejecutaron, pero tampoco se reclamaron, pago de obras no autorizadas, y recursos no ejercidos, por montos que en total suman más de un millón 200  mil pesos.   Patrullas misteriosas: 17 millones de pesos El presupuesto del SUBSEMUN siguió dando para más movimientos sospechosos, como la compra de equipo tecnológico y mantenimiento de video vigilancia al proveedor Jorge Ambrosio Sedano, al que se le pagaron por adelantado  cantidades de 975 mil 823 pesos, 943 mil 917 y 149 mil 883 pesos, sin haber entregado parte del equipo ni cumplir con requisitos que exige la normatividad, sin tener registro ante Hacienda, con datos falsos; mientras que a otros proveedores como María Adriana Millán Hernández, la rechazaron cuando sí cumplía con todo. Con 17 millones de pesos 509 mil 968 pesos, se compraron 26 patrullas equipadas y balizadas a un único participante, Autodistribuidores del Centro, S.A. de C.V., que de entrada no cumple con la NOM, ni nada que sustente su legalidad o que se trata de una agencia establecida, por lo que incluso se presume, la compra se hizo a un particular y no se entregó el producto requerido. En el mismo rubro se “jinetearon” 1.5 millones de pesos para el fondo de retiro de policías.   Más de medio millón en sueldos dobleteados A Enriqueta Flores González, quien del 29 de abril al 30 de noviembre de 2013 fungió como encargada de despacho del Instituto Municipal de la Mujer, se le pagaron 209 mil 323 pesos por concepto de sueldos y prestaciones, siendo que como empleada de base recibió al mismo tiempo un pago de 276 mil 303 por el mismo período. Hasta en el ramo cultural hubo privilegiados a costa del erario público, como el caso del “artista”, quien recibió un pago del gobierno central municipal por 14 mil 818 pesos, con pagos adicionales por parte de Oficialía Mayor por el mismo servicio de 5 mil 905 pesos y 26 mil 799 pesos; además, “no se obtuvieron las pruebas documentales que hagan constar fehacientemente la prestación del servicio contratado”.   517 millones en terrenos, y más  millones “perdidos” Y la marabunta de cifras con incongruencias, omisiones e incertidumbres abruma, con daños patrimoniales porque no hay gestión de cobro; por ejemplo con el Impuesto Predial, con un monto de 25 millones de pesos, o de la organización del Carnaval 2013, donde no existe absolutamente ningún registro ni permisos emitidos de renta de espacios y venta de alcohol, que son muchos, mas no obra documentación alguna que valide la recaudación que debió estar a cargo de áreas como Alcoholes y Espectáculos, cuyo titular era Humberto Padilla Dipp. Para rematar, el Ayuntamiento tampoco llevó un registro de sus bienes patrimoniales, como el caso de diversos terrenos donados que a la fecha del dictamen del ORFIS, seguía sin formalizarse la escritura a nombre de la administración municipal, arrojando un diferencia de 517 millones 817 mil pesos en el balance de bienes inmuebles que suman 355 mil 700 metros cuadrados en diferentes fraccionamientos. En la apreciación de expertos en finanzas consultados, lo que procedería de todas las observaciones, sería solventar o fincar responsabilidades, dar vista a la Auditoría Superior de la Federación, inhabilitar a funcionarios y, sobre todo, “reintegrar todo ese dinero con todo y los rendimientos generados”.