De la desaparición al asesinato

Cerca de las cuatro de la tarde del lunes 14 de diciembre, después de la misa para Mario Eduardo Arce, el cortejo de cientos de personas enfiló hasta el panteón de Guaymas Norte, en Sonora, y, tras la sepultura, los presentes soltaron decenas de globos blancos. Así fue el sepelio en la ciudad natal de este joven, quien viajó a Mexicali hace cuatro años para estudiar una carrera universitaria -Relaciones Internacionales-, pero desapareció desde mediados de julio, por lo que sus familiares iniciaron una intensa campaña de búsqueda. La segunda semana de diciembre de 2015, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California informó a los familiares que los restos calcinados de un hombre localizado a mediados de agosto del mismo año,  en una vivienda abandonada del Ejido Mezquital, en el Valle de Mexicali, pertenecían a Mario Eduardo. Cuatro meses duraron los estudios genéticos, dado que el cuerpo estaba completamente carbonizado. Mario Eduardo tenía 23 años y trabajaba en la Agencia Aduanal Nogueira; para cuando desapareció había logrado juntar cerca de 60 mil pesos para comprar un carro. Una de las líneas más fuertes de la investigación que realiza la PGJE tiene que ver con el robo, dado que Mario había contactado a una joven pareja que ofertaba un vehículo vía Facebook, y la noche de ese jueves 17 de julio acudió a entrevistarse con ellos a una residencia del fraccionamiento Infonavit Cucapah. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida y, de acuerdo con una versión desde la Procuraduría, ambos ya presentaron su declaración, pero siguen libres.   UNA DENUNCIA SIN AVANCES   El domingo 19 de julio se presentó en las instalaciones de la PGJE en Mexicali, Laura Angélica, novia de Mario Eduardo, para reportar que tenía dos días sin ver al estudiante. El viernes 17 de julio quedó de pasar por ella por la noche, pero nunca llegó. La ausencia llamó la atención porque el muchacho era muy formal con ese tipo de compromisos. Empezó a buscarlo entre sus amigos y conocidos, y nadie sabía de él; el teléfono celular estaba apagado. Él vivía en el fraccionamiento Mayakhan, donde prácticamente le prestaban una casa -pagaba una renta simbólica- y de lo poco que se sabe, es que conoció a una pareja por Facebook que ofertaba un auto en venta, un Malibú 2011. Según testigos entrevistados, le prometieron venderle el coche, pero no completaba la suma requerida, por ello ofreció su auto, un Mazda verde, más otra cantidad. Esa tarde se quedaron de ver en el estacionamiento de la tiende Mega -en Lázaro Cárdenas y Anáhuac-, pero luego se fueron a la casa del ofertante, quien vivía a unas cuadras. La semana anterior, el domicilio  fue cateado por agentes de la Policía Ministerial pero ahí ya viven otras personas, no encontraron nada. Sin embargo, la pareja que ofertaba el auto ya presentó su declaración como testigos ante la PGJE. Ellos fueron los últimos que lo vieron con vida, en su declaración el joven confirmó que vio esa noche a Mario Eduardo, pero que éste le dijo que le pagaría el auto hasta el día siguiente. De los 60 mil pesos que nunca aparecieron, dijo no saber nada. El auto Mazda 1999, propiedad de Arce, fue localizado casi una semana después de su desaparición, en la calle posterior a la Ciudad Deportiva, junto al centro Bancali. Fue el miércoles 12 de agosto, en el interior de una vivienda abandonada junto a una parcela del Ejido Mezquital -pegado al Hermosillo, junto a la carretera a San Luis-, cuando localizaron un cuerpo completamente calcinado. Estaba sobre una especie de tina de plástico duro, quedó reducido a cenizas y unos cuantos huesos. “Cuando están así, se tiene que aplicar unos químicos al hueso para que vaya cediendo y arrojando los resultados”, explicó uno de los investigadores, refiriendo que la conformación de que era el cuerpo de Mario Eduardo se obtuvo hasta el viernes 11 de diciembre. Ahora ya técnicamente no se trata de una desaparición, sino de un homicidio.   LA SECUENCIA DEL DOLOR: PADRES CONVERTIDOS EN INVESTIGADORES   Tras la desaparición, familiares y amigos iniciaron una campaña que incluyó volanteo, plantones, participación en marchas, pega de engomados. Los primeros días de agosto crearon una página en Facebook que llegó a contar con cerca de 15 mil adherentes, la cual les sirvió para recibir datos relacionados con la desaparición del universitario. El 12 y el 17 de agosto insistían en la búsqueda, daban números para aportar información de manera confidencial, informaban sobre las señas del muchacho. El 27 de agosto publicaron declaraciones de su madre, pero no llegaron datos fidedignos, en cambio las llamadas de extorsión no se hicieron esperar: “¡Incontables! Lo que es lamentable que exista gente que aproveche momentos de desesperación y angustia para obtener unos cuantos pesos.”, expusieron públicamente, asegurando que aun así, seguían tendiendo fe en la humanidad. Para el jueves 3 de septiembre invitaron a un plantón en la Glorieta Benito Juárez de Mexicali y, al día siguiente, refirieron: “Hay momentos que solo quisiéramos huir de este miedo que nos invade hasta las entrañas. Ese mismo miedo nos da el valor de salir cada día a buscarte, pero ¿a dónde vamos, dónde te buscamos? La locura nos está rondando y nos ataca en los momentos más débiles, cuando en nuestra mente apareces indefenso y cansado de sentirte solo, pero no lo estás, y no podemos hacerte saber que lo único que deseamos es verte volver a casa y recuperar tu vida, esa vida de la que hoy alguien se siente dueño…”. Luego una nueva invitación, al crucero Lázaro Cárdenas, y el miércoles 9, otro mensaje de la mamá: “Tú que tienes a mi hijo, permítele que se comunique conmigo ¡por piedad! ¿Que acaso no tienes entrañas? ¿No crees en Dios? Te lo pido de rodillas, quiero saber de mi hijo y si ya le hiciste daño, ¡regrésamelo! O dime dónde está, porque esta agonía me está matando…”. Para entonces la página de Facebook ya tenía cerca de 10 mil seguidores. El 29 de septiembre aportan un dato. La persona con la que se vería Mario se llama José Sánchez y explican que no se había concretado la compraventa del Malibú porque solo contaba con 5 mil 100 dólares, y no había completado el total. El 23 de octubre, casi dos meses y medio de la desaparición, la familia del joven ofreció 50 mil pesos por información que ayudara a dar con su paradero. Para entonces ya tenían santo y seña de la casa donde lo citaron, fotos de la pareja que presuntamente vendería el auto, y más detalles del proceso de compra. El 17 de noviembre los familiares insistían en que “aún esperamos encontrarte”,  después vino un silencio de casi 25 días, hasta el 12 de diciembre. En la página de Facebook los familiares del joven desaparecido anunciaron el trágico desenlace. Y cambiaron el nombre de la página a “Justicia para Mario”: “Mario Eduardo se despide de la Ciudad que lo recibió hace 4 años donde cumplió varios de sus sueños y también donde le arrebataron la vida. Hoy toma camino a casa, allá lo espera toda su familia para despedirlo como se merece al fin descansará en paz, dejará de ser un cuerpo no identificado como pretendieron permaneciera al querer desaparecerlo para siempre (…) no lo buscaremos más, ahora buscaremos la resignación…”.   LAS 72 HORAS   “Las autoridades sí han fallado en ese aspecto, hay una serie de deficiencias y de falta de cumplimiento de los acuerdos sostenidos con las organizaciones”, afirma el abogado Miguel Ángel García Leyva, de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad. Se refiere a la necesidad de implementar un protocolo de búsqueda inmediata de una persona desaparecida. Desde hace más de un año, las organizaciones de desaparecidos sostuvieron una reunión con el secretario general de Gobierno -entonces Guillermo Trejo Dozal,-, donde se asentó que el protocolo de búsqueda inmediata debe implementarse. “La Agencia del Ministerio Público, conociendo el caso, no necesariamente tiene que esperar a que transcurra el término de 72 horas, que siempre es el obstáculo que ponen las autoridades para considerar un caso de desaparición forzada. Son tres días que son importantes, y la falta de acción de la autoridad pone más en riesgo a la persona desaparecida”, expuso el abogado. Menciona que hay Estados como Nuevo León, donde se ha conformado un equipo especial que inmediatamente entra en acción en cuanto se conoce un caso de desaparición forzada. La petición de los activistas es que se inicien las investigaciones de manera inmediata, y a la par, se active nacionalmente un sistema de alerta roja, dado que ya se efectuó el acto, la desaparición. García Leyva considera que todo este tipo de omisiones inhibe a los familiares del desaparecido, dado que -por desconocimiento- primero acuden al Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual los turna a una Agencia del Ministerio Público, que ni siquiera es la indicada, ya que primero los mandan a Justicia Alternativa. “Los traen como pelota de billar”, argumenta el abogado y activista. “Es ahí cuando el riesgo de la persona aumenta”. En el orden legal, García Leyva indica que desde septiembre de 2010 se logró una serie de reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales para tipificar el delito de desaparición forzada como grave. Ahora las organizaciones a nivel nacional trabajan en una Ley General de Desaparición Forzada -adecuándose a los estándares internacionales-, y en esta propuesta se insiste en abatir la impunidad, porque siguen considerando que la Ley propuesta en este rubro por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es deficiente.     Nada de los abogados desaparecidos   Desde el 10 de septiembre de 2015, los abogados mexicalenses Hugo Fonseca Meza y Jesús Alberto Zambrano Vizcarra se encuentran desaparecidos. Cuatro días después localizaron abandonado su auto -un pick-up Ford Raptor 2014- en la colonia Maestros Federales. En esas mismas fechas, Juan Antonio Rodríguez Moreno, otro abogado de Mexicali, fue asesinado en Tijuana y, meses antes, al menos dos abogados fueron acribillados en la capital del Estado en diferentes circunstancias. “Nosotros como Colegio, como abogados, no hemos tenido ninguna información de parte de la Procuraduría”, expresa el presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Juan José García Crespo, quien cuestiona cómo desde la Procuraduría estigmatizan a las víctimas. “Empiezan a decir que ese abogado era gay, o transa, o maneja-narcos, o que no tiene reputación. El derecho humano primordial es el derecho a la vida, es el fundamental”, sostiene el abogado cachanilla. “En la Procuraduría, con el afán de no investigar, se estigmatiza, victimiza doblemente a las personas que son privadas de la vida o desaparecidos”, sentencia García, y considera que la impunidad y omisión para investigar, resulta un hecho de corrupción.