Darán a conocer nombres de funcionarios sentenciados por algún delito

Los nombres de los servidores públicos con sentencias condenatorias por denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) deberán ser proporcionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la resolución derivada de un recurso de revisión interpuesto por una particular. La ciudadana había requerido dicha información, adicional al número, fecha y motivo de las sentencias, así como si se implementaron sanciones administrativas, si hubo daño al erario y el desglose de cargos de los servidores públicos, tanto sentenciados como absueltos. Como respuesta, la SFP, cuyo titular es Virgilio Andrade, solo proporcionó la dependencia del gobierno local, fecha de denuncia, monto del daño al erario público, así como el cargo del funcionario respectivo, por lo que la solicitante consideró que la respuesta no estaba completa. El argumento de la SFP se basó en que al no ser una autoridad ministerial, desconocía el estatus de los servidores públicos sujetos a proceso y entregó datos de los proceso penales localizados en los Órganos Internos de Control (OIC) y en las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado. Sin embargo, clasificó el nombre de los servidores públicos en calidad de indiciados, procesados o que fueron absueltos. El INAI turnó el caso a la comisionada Areli Cano, quien en su análisis del caso resolvió que la SFP tiene la atribución de coadyuvar con el Ministerio Público, por lo que es competente para conocer la solicitud. Respecto a los nombres de los funcionarios públicos, el INAI determinó mantener la reserva del dato si existe una resolución judicial absolutoria e irrevocable. No obstante, si se trata de servidores con sentencia firme condenatorio, el nombre se publicará, ya que el INAI concluyó “que existe un interés público por identificar a aquellos que en el ejercicio de sus funciones cometieron algún delito, ya que, al provenir sus remuneraciones del erario, deben estar sujetos al escrutinio de la sociedad respecto de la forma en que desempeñaron el quehacer que les fue encomendado”.