(EDICIÓN IMPRESA) La desindexación de los salarios mínimos para cubrir créditos de hipotecas, multas y sanciones administrativas, tendrá poco impacto en el bolsillo de los mexicanos mientras no se publiquen las leyes reglamentarias. Cabe recordar que la semana anterior, la Cámara de Diputados, así como la de Senadores, aprobaron la desindexación y se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para valuar pagos de créditos, así como sanciones administrativas. La UMA tiene un valor de 70.10 pesos. Al desligar las multas de los salarios, autoridades municipales y estatales deberán tasar los cobros en pesos, pero abre la puerta para que la autoridad incremente las multas a discrecionalidad y de acuerdo con los requerimientos hacendarios anuales que tenga. Por otro lado, la medida busca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) tenga mayor libertad de incrementar la percepción de los trabajadores para que se dé una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, un aumento significativo al sueldo traería una baja en las utilidades de las empresas y a la vez generaría desempleo, advirtió a ZETA el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Alejandro Díaz Bautista. Según el documento aprobado por los legisladores de ambas Cámaras, el salario mínimo ya no se regirá por la tasa inflacionaria anual, ya que se hizo un cambio al régimen transitorio para graduar las reglas del valor de la UMA con un valor inicial de 70.10 pesos, que multiplicado por el promedio de días en el mes, 30.4, da una cifra de 2 mil 103 pesos, que a su vez se multiplica por los 12 meses y genera un valor anual inicial de 25 mil 236 pesos. La actualización anual en dicho valor estará sujeta a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP) del año previo. Será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el que dé a conocer el valor diario, mensual y anual de la nueva unidad que será usada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para establecer el importe del pago en las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como del Distrito Federal. “Más ruido que efectividad” El economista Roberto Valero Berrospe asegura que la desvinculación no será de gran beneficio para los ciudadanos: “Se le ha hecho más ruido que efectividad. Cuando negocias un crédito hipotecario pagabas en Veces Salarios Mínimo (VSM), ahora vas a pagar la tasa de mercado que se acuerde. Ahí sí los bancos son muy abusones. Ahí sí podría haber un problema. Ahora vas a pagarlo con referente a los precios de mercado y, si se viene una crisis en la que se disparen las tasas de interés, el pago del crédito va a aumentar”. El académico agregó que al desligar la unidad salarial de multas y otros pagos, corresponderá a las entidades fijar sus multas por medio del Cabildo. “Como no va a estar ligado al salario, lo pueden aumentar cada que lo consideren pertinente. O la van a subir más de lo que están tasados los pagos. Sabemos que en la vida real todo va a la alza en lugar de bajar. Además de que los cobros no pueden ser menores que lo que tienen establecido y deberán ser en pesos. Hay que recordar que la autoridad cada año necesita más recursos, ese sería un escenario que podríamos ver”, apuntó. Por su parte, el investigador del COLEF, Alejandro Díaz Bautista, externó que al desligar el pago de los créditos y otros apartados del sueldo se deberá hacer el cambio de lo que costaban las multas en un monto de pesos determinado. Si bien lo aprobado por los legisladores contribuye a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, pueden existir dificultades. — ¿Cuáles son los riesgos que se tienen con la desindexación?, se le preguntó. “Existen riesgos con la desindexación, en caso de no sustentarse en un fortalecimiento de la economía estatal y nacional. Un aumento abrupto al salario mínimo podría traer un aumento en el costo de bienes y servicios, una baja en las utilidades de las empresas y por tanto recorte de nóminas y desempleo en la población, lo cual a su vez generaría un incremento en el empleo informal en México”, respondió el especialista. Dos años para actualizarse El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Establece que el INFONAVIT, ISSSTE y otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan estipulado hasta antes de la actualización donde se contempla la permuta. A partir de que entre en vigor del decreto, las instituciones tendrán hasta dos años para seguir otorgando créditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base en el salario mínimo. En caso de que el salario mínimo se incremente por encima de la inflación, no se podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la UMA durante el mismo año. Plan piloto de INFONAVIT para cambiar créditos Desde agosto pasado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) inició en Baja California un programa piloto con 499 casos para la restructuración de créditos denominados en Veces Salario Mínimo a pesos. Hasta el momento han hecho 96 cambios en el Estado. Según el organismo, la tasa de interés en los créditos que se cambien es fija, de 12 por ciento, con un Costo Anual Total de 10.5%. En la opinión del delegado del INFONAVIT, Alejandro Arregui, la decisión de implementar dicho cambio obedeció a decisiones tomadas en el seno del Consejo de Administración, a propuesta del director general del organismo, Alejandro Murat Hinojosa. Con dicha acción, abundó, el beneficio para el derechohabiente es que el saldo del crédito será en pesos, por lo que el acreditado dejará de estar sujeto a los incrementos anuales del salario mínimo. Por otro lado y en torno a la desindexación aprobada por los legisladores, afirmó que habrá que esperar que al menos 17 de las Legislaturas locales aprueben la Reforma Constitucional, para que sea publicada por el Ejecutivo federal y surta efecto, antes de que se reúna la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. “A partir de eso, el INFONAVIT tendrá que definir los mecanismos para establecer concretamente cómo se llevará a cabo el otorgamiento de nuestros créditos”, acordó. INEGI, sin postura al momento Si bien es cierto, el Senado de la República propone que sea el INEGI quien elabore la actualización de la UMA, hasta el momento la dependencia no ha fijado una postura. “No será sino hasta que la Ley sea publicada junto con las Leyes Secundarias cuando se emita una postura por parte de la Junta de Gobierno del Sistema Nacional de Información Estadística e Informática”, citó una fuente cercana al Instituto. Por su parte y de acuerdo con el Departamento de Comunicación de la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la fecha no han emitido declaración alguna respecto al tema. El beneficio Una vez aprobado el dictamen, donde se contempla un cambio de fondo al Artículo 5 Transitorio, que precisa que un plazo no excederá los 120 días naturales a la publicación del decreto, se emitirá la Ley reglamentaria para determinar el valor de la UMA. El abogado fiscalista Jorge Pickett afirmó que la desvinculación del salario mínimo es benéfica para los contribuyentes, toda vez que anteriormente ello estaba apegado a aumentos inflacionarios, como lo eran las multas y sanciones. La medida da la posibilidad a la CONASAMI de establecer un salario mínimo real y acorde a lo que se vive actualmente en México, pues en la mayoría de los empleos, si no es que en todos, no se paga el salario mínimo y al momento de estar indexado, contemplaba mayor pago de multas y pagos al erario público -por ejemplo los de INFONAVIT-, lo cual hacía que aumentaran sus erogaciones a dichas instituciones, sin darle la posibilidad al ciudadano de subsistir con los salarios tan bajos que existen. Cabe recordar que en relación a la reforma se hicieron modificaciones al Apartado A del Artículo 41 y párrafo primero de la Fracción VI del Apartado A del Artículo 123, y se adicionan los párrafos 6 y 7 del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el entrevistado, resulta importante elevar el salario mínimo, pues alguien que tiene dicho sueldo no puede siquiera comprar una canasta básica y mantener una familia, además, una multa puede ser demasiado elevada y en la mayoría de los casos se ven arbitrariedades por parte de autoridades administrativas y fiscales que imponen dichas sanciones. En palabras de Jorge Pickett, resulta necesario modificar un sinnúmero de legislaciones secundarias que traen aparejada una ejecución conforme a salarios mínimos, por lo que a los Congresos federales y locales les queda mucho trabajo por realizar, “aunque esto resulte un importante comienzo y el fin de una injusticia social”, argumentó. Por su parte, el economista Jorge Fonseca expuso que el proceso de desindexación de los salarios debe extenderse a las aportaciones de seguridad social, para dar paso a las aportaciones de cuota fija, acorde a los servicios recibidos por los derechohabientes: “Por otra parte el Ejecutivo homologó el salario mínimo general en uno solo para todo el país, en detrimento de toda la población económicamente activa, en contra de una visión progresista y federalista, que no responde a las diferentes necesidades económicas de cada región, tomando en cuenta que el costo de vida varía entre entidad y entidad inclusive encontramos diferentes costes de vida dentro de una misma; no olvidemos que un trato igual a desiguales, es un trato desigual”. En espera del documento Por último, el diputado Rene Mendívil comentó a ZETA que hasta el momento el Congreso local no ha recibido la iniciativa de la desindexación. Se espera que hoy viernes 27 de noviembre la reciban para su análisis y sea votada la semana entrante, al menos en Baja California.