Corrupción: caso Racota

(EDICIÓN IMPRESA) Desde abril de 2015, el regidor Abraham Medina denunció ante el cabildo los sobreprecios y otro cúmulo de irregularidades que estaban cometiendo las autoridades municipales en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en colusión con Grupo Racota, al que al que beneficiaron con cuantiosos contratos por reparación y mantenimiento de patrullas. Sin embargo, esas acciones fuera de ley y reglamento continuaron por siete meses hasta que  a finales de noviembre, en un oficio dictado por el Director de Fiscalización de la Sindicatura Municipal, Santos Fabián Montaño se concluyó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) debe de suspender cualquier servicio o compra en favor del Grupo Racota S de R. L. de C. V. Además de iniciar una investigación por diversas faltas administrativas que pudieran haber cometido al menos 3 servidores público, por lo pronto solo van sobre los que firmaron o dejaron de firmar: Jesús Eduardo Gutiérrez Martínez, Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la DSPM;  María Rosalina Curiel Terán, encargada de despacho de la Subdirección Administrativa: y Gabriel Mascareño Gutiérrez, responsable del taller de la DSPM. El documento señala que el 01 de julio del 2015 se notificó a la DSPM la Auditoría Número 7 con oficio SM/129/201, con el objetivo de supervisar las adjudicaciones y contrataciones de la dependencia relativo al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos automotores. En 20 hojas informa sobre diversas irregularidades, entre ellas la ausencia de un contrato,  que el 66 por ciento del presupuesto asignado al taller de la DSPM en 2014 equivalente a 8 millones 955 mil pesos fue destinado a la empresa Racota, además del 73 por ciento del recurso del primer trimestre del 2015 equivalente a 9 millones 412 mil pesos, lo que en total significó un importe por 18 millones 368 mil pesos, los cuales además se asignaron sin contrato de por medio. Al revisar las órdenes de servicio los auditores encontraron que éstas fueron expedidas en fechas posteriores a la orden de compra, además de carecer de firma del proveedor, dichos documento solo fueron signadas por Gabriel Mascareño Gutiérrez responsable del taller de la DSPM. Otra irregularidad se detectó el 31 de diciembre de 2014, cuando  la Dirección de Policía solicitó a la Tesorería el pago de 18 servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos por un importe de 854 mil pesos, en ninguno de los servicios pagados se contó con la factura del proveedor.