Esta semana, en entrevista con ZETA, el recién electo Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), habló del estado de derecho como parte de los objetivo de su próxima agenda. Este representante del empresariado nacional, manifestó muchas cosas interesantes, llamó la atención su preocupación por que en los gobiernos mexicanos de todos los órdenes y representaciones partidistas, la corrupción de los principios ha hecho que los funcionarios velen por sus intereses encubriéndolos como vocación de servicio, concepto que no terminan de entender. Y recordó lo que los ciudadanos mexicanos reclaman constantemente: “el dinero público no sobra y hay que hacerlo rendir”. Esto viene a colación porque el 8 de diciembre en representación del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Baja California, su presidente Javier Garay, al comparecer para solicitar su presupuesto les informó a los diputados que – aprovechándose de su autonomía– habían tomado la determinación de beneficiarse del erario y aumentarse el sueldo. Todo esto apoyado por los consejeros Graciela Amezola, Daniel García, Lorenza Soberanes Eguía, Helga Casanova, Eréndira Bibiana Maciel López y Rodrigo Martínez. Quieren mejorar su sueldo de 65 mil pesos, así tranquilamente, en un país donde de 2013 a la fecha, cada año se han sumado un millón de ciudadanos a los cinturones de pobreza, cuando el peso pierde valor ante el dólar, mientras los precios del petróleo bajan y los recursos federales para las entidades sufren severos recortes. Los señores querían más dinero, así que revisaron cuánto estaban cobrando sus similares en el resto del país y se dieron cuenta que algunos sangran las arcas públicas hasta con 200 mil pesos mensuales, y les pareció que lo de ellos era poquito. Alegaron que la nueva ley les da mayores responsabilidades –argumento rechazado por los diputados– y quieren más dinero. También argumentaron que la nueva ley no les permite tener otro empleo remunerado, vale responderles que nadie los obligó a tomar ese empleo, que fueron ellos quienes se inscribieron y concursaron para alcanzar un puesto en la nómina gubernamental. De 68 mil al mes ahora quieren, 110 mil pesos el Presidente y 95 mil pesos el resto de los seis consejeros. Revisado en la hoja de anteproyecto de Presupuesto 2016, resulta que en el rubro que refiere las dietas y retribuciones a los consejeros el auto aumento que pretenden es del 64 por ciento, el anual subiría de 7.6 millones de pesos en 2015 a 21.2 millones de pesos en 2016, lo que significará que nos costarían 13.6 millones de pesos más de un año a otro. Quienes llevan rato en el Congreso, recordaron –y los reportes de prensa lo corroboran– que algo similar sucedió en 2012 justo cuando la actual consejera electoral Eréndira Bibiana Maciel López, había llegado como consejera al Instituto de Transparencia de Baja California, los consejeros usaron su autonomía para subirse el sueldo un 60 por ciento, de 44 mil a 77 mil pesos. “Bibiana se aprendió el camino y lo mostró a los demás”, comentaron, pero más allá del quién tuvo la idea, la realidad es que el Consejo General del IEPC en pleno está implicado en el pretendido abuso. Curiosamente, un día antes que quedara expuesta su intención de subirse el sueldo, algunos consejeros recorrieron diarios de la localidad para en entrevistas evidenciar cómo el importe del dinero entregado a los partidos había crecido un 400 por ciento en los últimos tres años. Para 2016 los partidos en Baja California recibirán 164 millones de pesos, 41 por ciento más que en el 2015. Como si el hecho que las instituciones políticas abusen en un 400 por ciento le restara importancia a la intención de ellos de ampliarse las percepciones un 64 por ciento. De hecho, al interior del poder legislativo han manifestado sospechas de que los consejeros ya estén cobrando su nuevo sueldo, intentaron verificarlo en la página de transparencia, pero resulta que no la actualizan desde el mes de septiembre. La realidad es que la autonomía también puede ser manipulada y les permitiría cometer ese y otros abusos. Incluso, si los diputados decidieran apretarles el cinturón y aprobarles menos recursos, la realidad es que los consejeros podrían votar por recortes y reasignaciones de los dineros que sí les apruebe el poder legislativo y concretar su generoso auto aumento. Así que no le queda otra a la ciudadanía, solo le resta reclamar a sus nuevos consejeros electorales un mínimo de conciencia, honestidad y solidaridad. También valdría la pena revisar si existe alguna manera de sancionar su voracidad por la vía legal, y sobre todo no olvidar sus nombres, porque este tipo de acciones hablan de su calidad profesional.
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