“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert Einstein “Que no va a haber grandes cambios”, advirtieron los diputados locales a los reporteros de ZETA siete días previos a la sesión del jueves 17 de diciembre de 2015, en la que aprobaron -efectivamente sin grandes sorpresas- la forma en que el gobierno central se va a gastar los dineros públicos durante 2016. Dóciles ante el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y su equipo, porque son quienes reparten el dinero, los legisladores responsables de vigilar que los impuestos ciudadanos se eroguen de manera óptima, decidieron irse por la fácil, sin cuestionar ni proponer. Como si no fuera imprescindible que los gobiernos se apretaran el cinturón y exigirle al ejecutivo electo como administrador del futuro de los bajacalifornianos, que con una mentalidad estratégica haga propuestas novedosas. No les pidieron ni promovieron nuevos proyectos de ahorro, o la reubicación de fondos del gasto corriente en obras de beneficios ciudadano, tampoco la reducción de salarios o de la obesa nómina. Ni exigieron programas para optimizar los anémicos recursos de tal manera que se obtengan mayores beneficios y resultados. Nada para mejorar sus procesos de atención, carteras vencidas o transparentar las compras. Menos tuvieron a bien cuestionarlos o solicitarles información a detalle respecto a los préstamos que siguen sumándose a las deudas estatales. Poco les importa la necesidad de controlar el gasto público, un mal de características endémicas en el país, al punto de que el Gobierno Federal intenta controlar este abuso con más leyes que de nada servirán si no se aplican. Pero tal parece que el gobernador de Baja California y su gente están haciendo todo bien. Como si en el transcurso del año los empresarios no hubieran denunciado el cobro de comisiones en la asignación de contratos, y las asociaciones civiles no hubieran reportado el cobro de “moches” en el otorgamiento de beneficios sociales. Haga de cuenta, amable Lector, que las acciones para combatir la pobreza, la inseguridad, los problemas de salud, los conflictos relacionados con la educación en el Estado, han sido los más exitosos. Y como todo está tan bien y no requiere modificaciones, entonces la supervisión de los diputados y el salario que cobran por hacerla, resulta bastante inútil. Lo curioso es que a las paraestatales no les fue tan bien con los diputados. Prácticamente en la basura terminó el dinero invertido en material, y horas de trabajo para la elaboración de sus presupuestos. Lo mismo sucedió con los argumentos expuestos por sus titulares en las comparecencias. Ellos no entregan recursos al Congreso, aunque sí los revisaron con minuciosidad. Tal parece que los legisladores querían, por ejemplo, que el titular del Poder Judicial con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal encima, o el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en año electoral, le hiciera las mismas modificaciones que hizo el Estado, o sea, casi ninguna. Acaso reacomodaron el recortado recurso federal en porcentajes similares a los del año que termina, y tomar el presupuesto del presente año e incrementarlo según la inflación. Total que el año entrante pueden hacerlo como siempre, con cientos de ampliaciones y transferencias y reubicando los recursos con poca supervisión para terminar con un presupuesto parchado y mal aplicado. Cierto que algunas paraestatales intentan abusar como los consejeros electorales y su pretendido aumento de sueldo, y también hubo paraestatales que actuaron como el Estado y en lugar de usar su “pensamiento estratégico” quisieron resolver todo pidiendo más dinero. Pero entonces para qué hacen el circo y les piden un presupuesto, cuya elaboración termina convirtiéndose en otro despilfarro de recursos. Al final, en este baile de números los únicos que paganos somos los ciudadanos, porque cuando a las personas en el gobierno a quienes se les paga por administrar y optimizar no hacen su trabajo, y quienes desde el Poder Legislativo reciben dinero por supervisarlos y también incumplen, el número de pobres sigue creciendo, la inversión se estanca, el valor del salario se desmorona y a los únicos que les mejora la vida en Baja California es a quienes viven del erario.
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