Truenan diputados elección de magistrado

(EDICIÓN IMPRESA) El diputado René Mendívil se reunió la noche del miércoles 4 de noviembre en un restaurante en Mexicali, con el también priista Enrique Acosta. La cita fue para acordar lo que al día siguiente se votaría en el Congreso del Estado: la elección de un magistrado numerario para integrarse al Tribunal Superior de Justicia de Baja California en el asiento que en abril de este año dejó vacío, tras su suicidio, Antonio López Magaña. Los priistas tenían dos opciones para impulsar: Marcelino Zepeda o Víctor Fernández. De no lograr para cualquiera de ellos la mayoría de 17 votos que se requieren para tal aprobación, tenían un plan b: dividir a los diputados para que ninguno de los cinco postulados por el Poder Judicial alcanzara la mayoría y la lista fuera regresada al Tribunal. Al final, eso fue lo que hicieron. Los diputados, la mayoría por presión del líder priista René Mendívil o del líder panista Gustavo Sánchez, o se ausentaron de la sesión, o votaron por distintos personajes para no darle a uno, la ansiada mayoría. Así, ninguno de los finalistas, Marcelino Zepeda, Alejandro Fragozo, Lourdes Molina, Ignacio Flores y Víctor Fernández, obtuvo el apoyo requerido. El caso de la selección del magistrado se ha visto viciado de negociaciones y acuerdos forzados. Al primer proceso, al cual se inscribieron 25, 20 salieron en la etapa del examen teórico. Siguió el examen práctico, donde solo una aprobó, la jueza Lourdes Molina. En esa etapa, tanto diputados como en el Tribunal, acordaron ser más laxos con los reprobados y terminaron pasándolos a todos. Entre los no aprobados estaban los dos candidatos de los priistas. Uno de ellos incluso y con las nuevas reglas, quedó en primer lugar de la calificación. Así, de tener una persona que había aprobado todos los exámenes, se revivieron a cuatro y la lista quedó en cinco. Pero estas negociaciones y lo forzado de pasar a cuatro reprobados, dividió las opiniones e intenciones en Congreso y Tribunal. Mientras unos le apostaban a elegir a quien había acreditado todos los procesos desde la primera oportunidad, otros querían de magistrado, a quien en términos políticos y judiciales le convenía. Al ver que la opción priista no prosperó, decidieron no aprobar a ninguno y regresar la lista al Poder Judicial para reponer todo el proceso de selección. En efecto, con este atoramiento, la decisión -por mandato constitucional- debe regresar al Poder Judicial para que reponga todo el procedimiento, desde el lanzamiento de una nueva convocatoria, la evaluación a aspirantes y el turnar de nuevo la lista al Congreso. Todo deberá hacerse en 30 días.   Suspenden votación para cabildear   Programada como segundo punto en la sesión del jueves 5 de noviembre, la elección se atoró, primero abriéndose un espacio para el cabildeo de casi cinco horas. El tema se polarizó fundamentalmente entre las fracciones del PRI y del PAN, los azules apoyaban en primera instancia a Molina, mientras que la fracción tricolor apoyó a Víctor Fernández. En ambos casos se acusaban soterradamente de ligas partidistas, los panistas variaron su apoyo a Marcelino Zepeda, pero los priistas se mantuvieron, a pesar de que el acuerdo era aprobar a Zepeda o a Fernández. En el ambiente flotaba la posibilidad de que quien no quedara designado tendría la opción de interponer un recurso legal, dado el cuestionado procedimiento de evaluación implementado desde el Poder Judicial, luego que cuatro de los concursantes interpusieron un recurso de revisión tras no ser aprobados. Un elemento importante fue la ausencia de cuatro legisladores, Marco Antonio Novelo y Laura Torres, del PRI; Julio César Vázquez, del PT; y Alcibíades García, de Movimiento Ciudadano. Después de un largo periodo de negociación -abierto a las 10:00 am y concluido a las 2:30 pm- se lanzó al reto de bajar al pleno, así, sin consenso, las cinco propuestas, y desnudar públicamente las posiciones. El acuerdo de la Junta de Coordinación política era que se realizarían tres votaciones y, de no lograrse los constitucionalmente obligados 17 votos, el tema se regresaría al Poder Judicial para reponer el procedimiento, pero ahora en solo 30 días. En la primera ronda, Víctor Fernández se llevó nueve votos -incluidos los de Cardona y Rossy Peralta- contra siete de Molina, dos para Zepeda, dos para Fragozo más una abstención, la de Molina. Para la segunda ronda, los panistas cambiaron a Molina por Zepeda, quien logró 10 votos, pero los priistas se mantuvieron y Fernández obtuvo nueve votos, uno de Molina, la abstención. La tercera votación tuvo resultado similar, sin que alguno lograra los 17 votos necesarios. “Es evidente que no hubo la posibilidad de construir los acuerdos, los consensos necesarios. La parte fundamental es que los cinco aspirantes que acudieron a esta Legislatura, todos tuvieron un proceso más que satisfactorio dentro de la Comisión de Legislación, hubo posturas de los distintos diputados, que son respetables, pero no hubo razón para que pudieran mover su sentido de interés y con ello pudiéramos lograr un consenso”, expuso apenas terminando la votación el legislador y coordinador de la bancada del PRI, René Mendívil quien consideró que eso significa una oportunidad para que se reponga el procedimiento, que de origen había recibido señalamientos, específicamente en la parte de las negociaciones, dado que les parecía poco creíble que únicamente una persona hubiese aprobado todos los exámenes. “Habrá la posibilidad de que en 30 días se vuelva a repetir una propuesta diferente donde se puedan incluir a los mismos compañeros y ampliarse algunos”, diría. Al preguntar por qué su bancada no cambió de propuesta, Mendívil dijo que era “un tema de congruencia, estamos hablando de privilegiar la carrera del Poder Judicial y quien en esta ocasión representaba la mayor trayectoria, 34 años de servicio en el Poder Judicial y esta Legislatura, en diciembre del 2013 lo nombró magistrado supernumerario, era una circunstancia de congruencia”. El diputado priista consideró que con este resultado nadie gana, señalando que no hay un vacío dentro del Poder Judicial, pues existe  un magistrado en funciones. “Hay una oportunidad de rehacer un procedimiento que por algunos fue señalado y cuestionado. Habrá esa oportunidad para que haya mayor claridad, certeza, transparencia, y que eso abra la oportunidad para los cinco y muchos otros”, justificó. El diputado Molina razonó su abstención en razón de no convalidar lo que consideró vicios advertidos en el procedimiento enviado por el Poder Judicial. “Vamos poniendo más atención en lo que sucede en el Poder Judicial”, sostuvo el legislador naranja, quien comparó con la vigilancia que se hace de las acciones del Ejecutivo: “Tenemos que hacer lo mismo con el Poder Judicial, pues es un poder que sirve al pueblo, maneja recursos y fondos que esta Legislatura les autorizó”. Molina calificó como esa aprobación como “una situación sui géneris”, dado que nunca había sucedido y significa un mensaje que, a razón de que se trata de una decisión conjunta, hay que tomar la mejor decisión y “ojalá y ellos pongan mayor atención en el cumplimiento de los requisitos que marca el Reglamento de la Carrera Judicial y las normas básicas de la lógica para que el procedimiento venga lo menor cuestionado posible…”. “No hubo la posibilidad de hacer los consensos necesarios”, expuso por su parte el líder de la fracción panista, Gustavo Sánchez Vázquez quien amplió: “Había cinco buenos candidatos y los diputados traían diversas opiniones, inclusive las mismas fracciones. La bancada del PAN estuvo completa, algunas bancadas prefirieron salirse porque no estaban de acuerdo en algunas propuestas y,  finalmente, no hubo la posibilidad del consenso”. El diputado blanquiazul expuso que el Poder Judicial deberá hacer nuevas evaluaciones y volver a mandar una lista, pero según la Ley, si esa lista no es atendida por los diputados, quedaría quien va en primer lugar de esa lista. Se le pregunta quién gana y quién pierde con la decisión truncada, a lo que Sánchez Vázquez responde: “Creo que gana la ciudadanía cundo ve que el Congreso puede dirimir sus diferencias, pero sobre todo, no necesariamente aceptar que tiene que ser forzosamente”, comenta el líder de los blanquiazules, mencionando que en otras ocasiones, desde meses atrás se podía adivinar quién iba a ser. “Si hoy este Congreso no pudo lograr un consenso, habla de un Congreso que está haciendo valer su voz, su pensamiento, su voto, y eso debe verse de manera positiva, que hay un Congreso que no necesariamente atiende a una instrucción”.   Jaloneos   Hasta la noche del miércoles 4 de noviembre, las bancadas parlamentarias -sobre todo PRI y PAN- no se habían puesto de acuerdo, seguían fraccionadas. Por el Partido Revolucionario Institucional -que cuenta con siete diputados- hay quienes apoyaban a Víctor Manuel Ruiz de Chávez, pero las diputadas -sobre todo Nereida Fuentes y Laura Torres- sostenían su apoyo “por equidad de género” a Lourdes Molina. Otra propuesta es que fuera alguien de Mexicali, dado que “son muchos los magistrados de Tijuana”. En el caso de los siete legisladores panistas, se presentaba una situación similar, algunos apoyaban a Molina -por su destacada exposición y respuestas-, pero otros dudaban y hay quienes igual estaban con Ruiz de Chávez. Los cuestionamientos principales eran para cuatro, dos señalados con afinidad hacia el PRI -Flores Anguiano comparte despacho con Enrique Acosta, y Ruiz tiene un hermano que fue abogado del PRI-, mientras que la contraparte ubicaba a Molina avalada por los azules y a Zepeda igual, por ser hermano del actual dirigente municipal del Ensenada y ex funcionario federal, Hugo Zepeda Berrelleza. En ese contexto salía ganando el tercero en discordia, Alejandro Fragozo López. Pero además estaba pendiente la posición del diputado por Movimiento Ciudadano, José Manuel Molina, quien cuestionaba el procedimiento de evaluación utilizado en el Poder judicial y proponía que el dictamen no fuese aprobado y que se regresara el proceso al Poder Judicial para que lo rehiciera desde el principio. Un elemento importante eran las fechas, ya que de acuerdo con el Artículo 58 de la Constitución local, el Congreso tendría 30 días para la definición y el límite vencía el domingo 8 de noviembre. En la reunión de la Jucopo realizada la tarde del martes 3 en Ensenada, se aprobó el dictamen 68 -contiene 156 hojas- de la Comisión de Legislación donde se incluye a los cinco finalistas que cumplieron con los requisitos para someterlo el pleno. El acuerdo incluyó que de no lograrse los 17 votos obligados por la Constitución -de los 25 diputados-, se realizarían hasta tres rondas, y, en caso de seguir sin acuerdo se regresaría al Poder Judicial. Antes tenían que aprobar el dictamen. Sobre el procedimiento, el diputado Juan Manuel Molina cuestionó que desde el Poder Judicial no hayan enviado todo el expediente relativo al procedimiento de evaluación realizado en esa instancia.  “Nos están mandando lo que ellos decidieron, lo que ellos quisieron. Por obviedad, por lógica, deberíamos saber acerca de qué estamos decidiendo”, expuso el legislador naranja en alusión a las actas de las entrevistas, los exámenes, actas de éstos y los recursos de revisión. Mencionó las irregularidades en el proceso de evaluación en el Poder Judicial, como el que los aspirantes hayan firmado el examen teórico -en el Reglamento de la Carrera Judicial está asentado que no debe hacerse-l. “El magistrado es el más alto nivel de la carrera judicial y se deben garantizar a todos los participantes los candados de seguridad, como el hecho de que el sínodo, el Jurado no sepa a quién está calificando, para que no se vaya a prestar a alguna clase de favoritismo”. En contraparte, en la sesión de la Comisión, la otra visión fue que el Congreso no se podía involucrar en esa parte de la evaluación realizada por el Poder judicial y solo debían limitarse a la lista remitida, y en su caso de ahí decidir. “Nuestra obligación es mucho más grande en un caso de coparticipación, no podemos simplemente convalidar las cosas mal hechas”, insiste Molina en relación a la necesaria reconsideración del dictamen 68.