Los partidos políticos mexicanos y sus filiales bajacalifornianas estás secuestrados por pequeños y voraces grupos de poder. Familias, compadres y equipos de amigos, que se auto favorecen otorgándose empleos en gobierno, contratos millonarios –violando la Ley de Responsabilidades– y en tiempos electorales como los que se avecinan, se reparten las candidaturas. Les evidencias muestran que a las organizaciones políticas, llámese PRI, PAN, PRD, incluso los pequeños como el Partido Estatal de Baja California –que funciona como franquicia familiar– y otros, a la hora de elegir a sus tiradores a regidores, diputados, alcaldes, gobernadores, o Presidente, lo único que les vale es su cercanía con el grupo de poder. Importa un bledo la honestidad, la ética, la dignidad, la humildad del ser humano, y sí, amable lector, sabemos como usted, que esos valores son difíciles de encontrar en un político, pero somos positivos, además creemos y sabemos que pese a los gobernantes actuales, todavía hay gente de valor incluso en los partidos, el problema es que no se manejan en los círculos de corrupción que definen las candidaturas. En este punto, ni hablar de la importancia que debería tener la capacidad profesional, su sentido de justicia para reconocer, respetar y hacer valer los derechos de la ciudadanía, la responsabilidad, solidaridad, perseverancia, pluralidad, apertura al diálogo etcétera, etcétera. Infortunadamente se ha convertido en regla que las elecciones internas de los partidos también sean manipuladas, y se compren los votos de las bases –sobre todo la gente nueva de padrones inflados–, y estos votos favorezcan al candidato que les ofreció puestos en el gobierno, les otorgó o les prometió beneficios a través de los programas gubernamentales, incluso les entregó billetes. Los más perezosos y abusones, incluso están tratando de colocarse como primer regidor o candidato plurinominal para llegar facilito y en automático. Lo más indignante e irónico es que todo ese recurso que se usa para comprar voluntades no es de los políticos, sabemos que sale del erario, de sus impuestos, de su bolsillo, del monedero de las madres de familia y todos los bajacalifornianos que pagan impuestos. En un vano intento por evitar este abuso del recurso público que favorece una posición de privilegio al buscar candidatura a ciertos personajes, las leyes electorales han incluido artículos que obligan –no a todos, solo a ciertos funcionarios principalmente electos– a separarse del cargo que ya tiene, 90 días antes de que inicien la campaña por el nuevo cargo que desean. Al final la medida es pueril porque igual con la cargada de los gobiernos y grupos de poder tras de ellos, en sus campañas siguen gastándose el dinero del pueblo después que renuncian. Entonces, en esas condiciones que tanto los favorecen, lo menos que se podría esperar de los funcionarios actuales –del PAN, PRI, PRD, PEBC y demás– que suspiran por algún puesto de elección popular con oneroso sueldo, sería un poco de vergüenza y decoro, que deberían demostrar renunciando al puesto que ostentan actualmente, sin esperar hasta el 5 de enero de 2016, que es el plazo marcado por la Ley o por sus jefes. Resulta evidente, porque los diversos medios de comunicación dan cuenta del cómo, algunos funcionarios públicos andan descaradamente encampañados. Sea descuidando el trabajo por el que se les paga, o usando su puesto para beneficiar sus aspiraciones políticas Saúl Guakil, Julio Felipe García, Gilberto Covelli, René Mendívil, Marco Antonio Bolaños, funcionarios del PRI; Carlos Torres, Ricardo Magaña, Arnulfo Guerrero, Gustavo Sánchez, Alfa Peñalosa, funcionarios del PAN; Jorge Núñez del PEBC, Armando Ledezma Reyes del PT, por mencionar algunos porque la lista sigue. Entonces señores y señoras a defínanse, si de verdad quieren, si creen que pueden, que tienen lo necesario, dejen de abusar del erario y de los ciudadanos que les pagan, salgan de la cobija del gobierno y jueguen limpio, o quédense y evidencien que son aspirantes vacíos sin más mérito que formar parte de los círculos de poder que se reciclan aceitados por la corrupción del estado.
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