“…resulta imprescindible que las altas cortes estén integradas por los profesionales más capaces e idóneos. La vía para garantizarlo es un proceso de selección transparente, y basado en los méritos de quienes postulan. Esto es, no en sus vínculos con el gobierno u otros sectores de poder”, publicó en febrero de 2015 la Fundación para el Debido Proceso, organización promovida por la ONU, dedicada a promover el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. De acuerdo a su página electrónica y los ordenamientos legales los magistrados incorporados al Tribunal Superior de Justicia de Baja California son responsables de: “Garantizar el acceso a la justicia, brindando a la sociedad bajacaliforniana un servicio, que sea eficaz, confiable, vanguardista, transparente, asequible a todas las personas, siempre con rostro humano, contribuyendo así a la solución sana de los conflictos y a la consolidación del Estado de Derecho en la entidad”. Sin embargo la impunidad que rema en el estado evidencia su deficiente desempeño en tan noble función. En la página del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, se promocionan también como una institución independiente, como un poder autónomo, pero en la realidad no es así. Y la codependencia está evidenciada en este momento con la aún inconclusa elección del magistrado(a) que ocupará el lugar que en ese colegiado dejó el ex presidente del Tribunal Marco Antonio López Magaña, quien se quitó la vida el 16 de abril de 2015. Designación en la que todos quieren, y varios han logrado, meter mano. El proceso lo contaminaron de entrada los magistrados locales integrados al jurado calificador dentro del Tribunal, quienes primero decidieron no mostrar ni un poquito de vergüenza, porque de los 25 aspirantes –muchos de ellos jueces o secretarios de acuerdo activos en el Poder Judicial bajacaliforniano– 20 reprobaron el examen de conocimientos básicos. Y después tampoco optaron por el camino de la transparencia, imparcialidad y dignidad cuando de los únicos 5 aprobados, otros 4 reprobaron el examen práctico. No les pareció que tras un riguroso e impersonal proceso de selección hubiera quedado como candidata única aprobada la Jueza María de Lourdes Molina Morales con 89.83 de calificación. Así, tras los recursos de revisión, la presión de los partidos y diputados del Congreso, por intereses grupales optaron por hacer más flexible lo que debía ser una evaluación rigurosa de los méritos y habilidades. Entonces decidieron incluir en la terna que enviaron al Congreso a los últimos 4 reprobados. Ni siquiera les hicieron nuevos exámenes, solo fueron menos exigentes al calificar, y a la misma prueba que habían reprobado, le dieron más calificación y alcanzaron “el mínimo aprobatorio” según informó el Presidente del Tribunal, Armando Velázquez; todos con calificaciones por debajo del promedio de Molina. Tan no les gustó a los diputados que la Jueza –pese a ser la más calificada según los resultados de las pruebas– fuera la única opción que empezaron a hablar a los reporteros con columnas para tratar de desacreditarla, y relacionarla con personajes nefastos enquistados en la sociedad y el gobierno bajacaliforniano, sin ningún argumento sólido que pusiera en duda su capacidad, compromiso y honorabilidad. Tal vez existan pero tuvieron la oportunidad y no los expusieron. El problema ahora es que la selección del nuevo magistrado está justamente en las manos de estos diputados que ya tienen sus preferidos, y sus filias no tiene que ver con la independencia e imparcialidad, honorabilidad, el conocimiento jurídico notable, la capacidad analítica de los postulantes; no. Para ellos se trata de la prevalencia de las simpatías políticas, los intereses de su partido, no les interesa cuál de ellos puede ofrecerle a los bajacalifornianos decisiones jurídicas de calidad y profundidad. Lo que quieren es a alguien a quien poder cobrarle el favor de su llegada. Y eso aunque sea posible, sería de nuevo, corrupto, inmoral y abusivo. La independencia del Poder Judicial es la que está en juego, ¿cómo van los magistrados a defender el orden establecido por la Constitución y mantener el equilibrio entre los otros órganos de gobierno y poderes, si justo el Poder Legislativo, incluso negociado con el Poder Ejecutivo, manipulan los nombramientos? Esto es un insulto al derecho que tienen los ciudadanos a la justicia. Ya bastante daño hace que el Presidente de la República en turno decida por dedazo – proceso que urge reformar– designar como Ministro de la Suprema Corte de Justicia a alguno de sus amigos sin importar que estén señalados de corruptos e ineficientes, o que carezcan de una carrera judicial. En Baja California, las reformas han servido para incluir convocatorias abiertas y evaluaciones, y ahora el exceso de discrecionalidad que gozan los diputados puede llevar a la selección de un magistrado mediocre. ¿Entonces para qué gastar tiempo, dinero y esfuerzos en un concurso en el que no se van a respetar los resultados? Al final otro poder contaminado, es como el secretario de gobierno, el de finanzas, o el de desarrollo social, asignando licitaciones a las empresas con costos más altos porque así benefician sus intereses personales o los de sus amigos, compadres y familiares. Con tanto oportunista, no hay manera que el estado avance.
Publicidad
