Existe por lo menos en Chiapas, en Veracruz y en Tabasco. Y la procuradora general de la República, Arely Gómez, se comprometió a crear una en el ámbito federal. Lo declaró en abril de 2015, pero han pasado ocho meses y nada ha sucedido. Se trata de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes, que en Baja California ya promueve su creación el Consejo de Atención al Migrante, figura creada en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid y encabezada por Carlos Mora Álvarez. Arely prometió una “Fiscalía especializada para la población migrante que se encargará de integrar las indagatorias de todos los delitos que investiga la PGR en contra de la población migrante como desaparición, secuestro, trata y tráfico, homicidio, robo, lesiones y extorsión”. Y aunque en la frontera sur de México las pocas fiscalías que en la materia se han creado, están más centradas en la prevención e investigación de delitos contra migrantes centroamericanos, en Baja California se tiene pensada para la migración interna. La que llega a esta región en busca de oportunidades, el flujo interno, y la que desde los Estados Unidos de Norteamérica es deportada. De la primera no hay un cálculo cierto, de la segunda, se cuentan arriba de 50 mil a años, más de 500 mil en los últimos seis años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. Los migrantes todos, internos, externos, son vulnerables en Baja California a la inseguridad que priva en el Estado, producto principalmente de la corrupción en las corporaciones policiacas que han de protegerlos, y de los fenómenos como el crimen organizado y el narcotráfico que son una realidad palpable. A la primera reunión de planeación en Baja California, celebrada el miércoles 25 de noviembre en Tijuana, acudieron para darle formalidad al tema, el comisario de la Policía Federal Preventiva, los subcomandantes de la Policía Municipal de Tecate y de Tijuana, el delegado del Instituto Nacional de Migración, el secretario de Seguridad Pública del Estado, el subprocurador general de Tijuana; además de representantes de organizaciones de apoyo como Casa del Migrante, los Hermanos Escalabrinianos, Desayunador Padre Chava, Instituto Madre Assunta, Coalición Pro Defensa del Migrante y Casa YMCA de los Menores Migrantes. Ya lo que resta, en la lógica de tener una Fiscalía de Atención a los Delitos Cometidos contra los Migrantes en Baja California, está en manos de la administración de Vega de Lamadrid, de su procuradora general de Justicia, Perla Ibarra, y de los diputados en el Congreso del Estado, por supuesto. A ver si la promesa no hecha, se cumple. Va siendo hora que un Estado conformado por migrantes, los proteja de Ley.
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