Insiste en inacción de PGJE sobre denuncia por fraude

A Carlos Rodríguez, hombre engañado por un supuesto familiar del Presidente Enrique Peña Nieto, le parece absurdo que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), instancia en la que denunció a Eloy Peña Garza, soliciten hasta copia del plano de la casa con la que se le habría cometido fraude. Menciona que se han ignorado pruebas sobre estados de cuenta y falsos depósitos que nunca le llegaron a las cuentas acordadas, así como un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lo ratifica. “Más de un año y no ha avanzado, esto ya no es normal”, manifiesta. En la edición antepasada -2171- de este Semanario, se relató que en el mes de noviembre del año 2014, Carlos Rodríguez, a nombre de su hijo, celebró un contrato de compraventa con Eloy Peña, avalado por la Notaría Pública Número 2. Sin embargo, cuando llegó la hora de un primer depósito a la cuenta de Antonio Cervantes -a la que se convino transferir el dinero-, Peña Garza aseguró que había un número de ruta equivocado y que se haría una reposición a través de la institución bancaria BanRegio. Un informe de la CNBV, detalla que Eloy Peña no tiene aperturada cuenta de cheques, de ahorros u otras intervenciones bancarias en BanRegio, y que el que firma los supuestos comprobantes de dicho banco, Gustavo Flores Beltrán, no trabaja ni es reconocido en la institución. Cuando se le preguntó al subprocurador de Justicia en Ensenada, Marco Antonio Covarrubias, la razón por la que este expediente -averiguación previa 215/15/300-  no se ha consignado, mencionó que restaban diligencias por desahogarse, y que el inmueble, ubicado en el fraccionamiento Chapultepec de Ensenada, está asegurado para que con él no pueda hacerse otro trato de venta. Pero Rodríguez insiste en que la casa  se está modificando y que teme sea saqueada, ya que la dejó completamente amueblada. Además, sostiene que en el malogrado trato, también hay responsabilidad de la Notaría Pública Número 2, al sostener que el contrato de compraventa carece de validez. Por considerar lo anterior, hizo llegar una queja al doctor Diego Monsiváis, presidente del Consejo de Notarios Públicos de Baja California. En respuesta, el representante notarial mencionó en entrevista que recibió la queja, pero que desde la reforma a la Ley del Notariado corresponde al área jurídica del Gobierno del Estado atenderlas. No obstante, mencionó que de acuerdo a lo que él revisó, no existe error de la Notaría Pública, pues en el mismo contrato se especificó que para que tuviera validez, era necesaria una venia judicial, toda vez que la casa pertenece legalmente al hijo menor de Carlos Rodríguez, imposibilitado por su edad para celebrar estos tratos. Se habría acordado que en tanto se conseguía la autorización judicial, los pagos seguirían corriendo. Por otro lado, Carlos Rodríguez ha demandado también por la vía civil, promoviendo una anulación del contrato de compraventa. A diferencia de la denuncia penal, por esta vía Eloy Peña Garza sí respondió; su argumento legal central es que no existe contrato de compraventa, solamente un recibo de pago por una fracción del costo de la casa. Al ser ciudadano estadounidense, el quejoso busca apoyo de las autoridades en el país del norte.