Enfáticos en que no se ha prohibido la operación de los servicios de transporte a través de aplicaciones electrónicas como Uber, funcionarios municipales aseguraron que explicarían lo que dicen, será una “purga” del sistema municipal en todas las modalidades. A la fecha, después de cinco días de una modificación al Reglamento del Transporte -que aún no entra en vigor, sino hasta su publicación en el Periódico Oficial del Estado-, dicha exposición no ha llegado. El debate inició el lunes 2 de noviembre, cuando sin tomar en cuenta las consultas ciudadanas que el Ayuntamiento pagó y aplicó, se sometió a consideración del Cabildo y se votaron a favor, cambios a dos artículos de dicho documento. Uno de ellos es el 58, donde además de prohibir el servicio de transporte a autos privados cuando haya lucro, ahora se impide también que el servicio se solicite a través de dispositivos electrónicos o aplicaciones tecnológicas, sin autorización de la autoridad municipal. Es decir, aplicaciones como Uber, Cabify y recientemente WELO Taxi, se meten al cinturón del Ayuntamiento. Además, se integró el Artículo 97, que menciona los derechos de los concesionarios del servicio de transporte que podrán solicitar al Ayuntamiento la regularización de las rutas atendidas con autorización, con motivo de la movilidad urbana y el crecimiento demográfico. Sobre este proyecto de modificación que presentó el regidor priista Francisco Hernández Vera, sin considerar la opinión de la ciudadanía y solo la de la Comisión del Transporte, el regidor Héctor Riveros, único que votó en contra, indicó que el texto es ambiguo y puede prestarse a múltiples interpretaciones. Riveros manifestó en entrevista que existe una propuesta legislativa a la Ley General del Transporte Público del Estado en el Congreso del Estado -que tampoco se ha tomado en cuenta- para incluir en la definición del concepto “vehículos destinados al transporte público”, aquellos que se solicitan vía plataformas informáticas y sistema de geolocalización. La propuesta también considera que estos últimos, deben someterse a la regularización municipal como el resto. Mario Osuna, diputado que promueve está opción legislativa aún en Comisiones, insistió en la importancia de que antes de realizar cambios municipales, es prudente armonizar la Ley General del Transporte Público, de donde pueden partir los ayuntamientos para modernizar el servicio público. El dictamen aprobado el 2 de noviembre por el Municipio, establece que en un término de 60 días, considerando las “condiciones reales, actuales, legales y respetando los derechos humanos, se instrumente y se lleve a cabo un programa de regularización integral del transporte público de Tijuana”. La información sobre éste, todavía no llega. El doctor Alejandro Díaz Bautista, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), consideró que los sistemas de transporte contratados a través de aplicaciones, pueden ser la solución al problema de transporte en un corto plazo, que además, mejorarán las tarifas del resto de las modalidades. No obstante, mencionó que este tipo de servicios, de no hacerse una regulación adecuada, corren el riesgo de caer en los mismos vicios y deficiencias que se conocen en el transporte. Por su parte, Uber solicitó una reunión con la Comisión de Fortalecimiento Municipal, así como con la Dirección de Vialidad y Transporte, a fin de exponer diferentes temas que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, los procesos de certificación e inspección mecánica que aplica Uber, la simplificación de procesos con el uso de la tecnología, la evaluación de operadores y usuarios, así como los pagos sin efectivo.
Explicación sobre regularización de transporte no llegó

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