Debe revisarse sistema de justicia tras delitos cometidos por menores

“Hay que revisar todas las leyes y reglamentos”, declaró el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, cuando se le preguntó sobre el menor Ulises Abraham,  procesado como presunto responsable de un homicidio en la Zona Norte de Tijuana el 10 de octubre. El mandatario aceptó que la normatividad frente a la realidad actual no es garantía, por lo que no descartó una revisión tanto al código penal local, como a otros documentos, en este caso la Ley de Justicia para Adolescentes. En Baja California, el tiempo máximo de internación (reclusión) que se da a un menor que comete un homicidio es de 10 años, y según el diputado local Juan Manuel Molina a pesar de la gravedad del acto, son muy pocas veces en que se dictamina esa condena. Para el legislador es necesario realizar una reforma, pero de corte constitucional federal,  puesto que tratándose de justicia para menores de edad, el Artículo 18 de la Constitución señala las bases mínimas para sentencias, que a su vez representan las “limitaciones” que los estados tienen para regular una conducta tipificada como delito. Comentó que debe buscarse la posibilidad de generar una ruta en la cual, de llegar a presentarse delitos con agravantes, se permita demostrar que un individuo –de una edad determinada-,  tiene la capacidad de querer y entender  el hecho, y pueda ser juzgado como un ciudadano común. “Es un esquema complicado pero desgraciadamente cada vez son más los menores que están incurriendo en este tipo de delitos, tendríamos que buscar la forma de lanzar un mensaje a la ciudadanía de que no se va a ser sensible con quien no lo fue”. Por su parte, el gobernador afirmó que se está trabajando “fuertemente” en programas que fortalezcan la familia, los valores y la responsabilidad que se tiene como padres, para evitar la generación de estos actos delictivos cometidos por jóvenes que no son mayores a los 18 años. El caso más reciente en el estado es el de Ulises Abraham de 14 años, quien según lo declarado fue contactado vía Facebook para realizar el asesinato a cambio de un pago de 31 mil pesos.