Burocracia a merced del agio

(EDICIÓN IMPRESA) A mediados del 2013 Juan Fregoso acudió a la financiera CrediAmigo para solicitar un préstamo de 18 mil pesos. Se había enterado de la existencia de ese negocio debido a la profusa publicidad que distribuyen dentro, fuera, y en los accesos principales de los edificios de gobierno. “Me dijeron que era un interés muy bajo, que podía dar abonos al capital, me hicieron firmar un pagaré en blanco bajo el argumento que eran reglas de la institución, que no me preocupara”, expone el empleado gubernamental. Le dijeron que el crédito sería a pagar en un año y medio. Ese dinero lo había solicitado debido a que no había podido concretar el trámite en Issstecali, pero meses después la institución de gobierno sí le prestó el dinero y trató de saldar la deuda, pero no se lo aceptaron. Para entonces ya debía 54 mil pesos, tres veces lo solicitado.   “Me llamó la atención el dato de que el Gobierno del Estado no estaba al corriente con los pagos”, expone Fregoso, quien con el apoyo de un abogado tramitó un recurso ante Oficialía Mayor para que dejaran de descontarle de su salario. Pero después de un año el descuento reapareció, por lo que recurrió a un amparo federal obteniendo –por lo pronto– la suspensión provisional. “Judicialmente CrediAmigo nunca me ha querido demandar, porque a ellos no les conviene ir ante un juez local porque éste los va a sentenciar a que solo les pague los 18 mil pesos más el porcentaje que legalmente les corresponde”, comenta Fregoso, quien insiste en que hay empleados gubernamentales en que, por tener varios créditos, su cheque les llega en ceros.   Por todos lados Según datos a datos de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de servicios Financieros (Condusef) ocho empresas financieras tienen una cartera de crédito de casi 11 millones de pesos distribuidos en caso medio millón de pesos en todo el país. Entre estas ubican a Fimubac, Masnómina, Credimaestro, Consupago, Credifiel, CrediAmigo, Kondinero Crédito Real, todas funcionan como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y algunas son incluso de capital internacional. Por ejemplo la estadunidense EZcorp logró el 76 por ciento en participación accionaria de Finmart –filial de CrediAmigo– y en septiembre del año pasado se informó oficialmente que tenía más de 100 convenios firmados con “los empresarios mexicanos, sobre todo, los gobiernos federales, estatales y locales y agencias, y proporcionado préstamos de consumo a los empleados de las agencias”, de acuerdo a una nota publicada en el portal Eje Central firmada por la periodista María Idalia Gómez. Finmart fue creada en el 2003 por familiares del entonces Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda. En julio del 2012 la Condusef publicó el resultado de un minucioso análisis realizado al llamado “Crédito de Nómina” en el país y que tienen que ver con las Sofomes ENR (Entidades No Reguladas). En el documento se muestra cómo al número de créditos de nómina han crecido rápidamente en los últimos años –a la par de la crisis. De acuerdo al estudio, en los Créditos de Nómina hay tres modalidades utilizadas por las Sofomes: 1-El patrón descuenta previamente el pago periódico del crédito, lo entrega a la Sofomes y deposita en la cuenta del empleado el remanente del pago. 2-El patrón deposita la totalidad del sueldo en la cuenta del empleado y éste de acuerdo al contrato firmado con la Sofomes domicilia su pago. 3-El patrón deposita la totalidad del sueldo y existe una autorización del empleado para retener el monto del pago del crédito para que el patrón lo entregue a las Sofomes. En la página 14 de ese documento, la Condusef recalca en cuanto a las operaciones de crédito de nómina: “De estas tres modalidades la Condusef recomienda que las dependencias públicas, sean federales o estatales, así como las empresas privadas, eviten recurrir el descuento del pago periódico previo al depósito del sueldo del empleado –y así lo ponen con mayúsculas–, “YA QUE QUEBRANTA LAS NORMAS LABORALES”. Además el estudio cuestiona una serie de “Cláusulas abusivas” como el que el aval sea empleado de la misma empresa o que el pago se acredita hasta el momento en que el patrón transfiere los recursos, aun cuando el monto ya le haya sido retenido al trabajador. También menciona cláusulas contrarias a la normatividad, como el que un mismo hecho genera más de una comisión –intereses moratorios más comisión por falta de pago oportuno más gastos de cobranza, por ejemplo– o el que se cobren intereses por adelantado, al momento de realizar pagos anticipados o la liquidación del crédito. En el documento se incluye que de las 91 Sofomes que registraron cobro de comisiones destaca que: 81% cobran por contratación de apertura, 29  cobran gastos de cobranza, 16% cobran por manejo de cuenta, 9% cobra por pago tardío, 7% cobra por pago anticipado y 7% cobran por la disposición del crédito.   Un apoyo al trabajador: Oficialía Mayor De acuerdo a datos oficiales el Gobierno del Estado cuenta actualmente con 17 contratos con empresas –10 de ellas financieras– y todos firmados antes de la entrada de la actual administración, según aclara la Oficial Mayor Loreto Quintero. Los mismos datos anotan que un total de 4 mil 351 empleados son “clientes” de estas empresas, la que mayor número de clientes en esa parte de la burocracia tiene es CrediAmigo con un total mil 713 créditos, de ahí le sigue Ethesa con 355 y FIMUBAC con 282. “Nosotros lo que hacemos es un contrato voluntario entre la empresa y el usuario que acepta, pero en cuanto el empleado nos manda decir que dejemos de retener, nosotros suspendemos esa retención”, explica Loreto Quintero. “Es dependiendo de la empresa, que es lo que dice el contrato que tiene establecido entre la empresa y el trabajador”, refiere el subsecretario de administración de Oficialía Mayor Armando Carrasco, quien comenta que los empleados en el contrato tácitamente están aceptando el descuento. “Muchas veces las empresas dan un trato preferencial en intereses porque saben que es un trabajador un poco más cautivo”. “Realmente todos los contratos vienen desde administraciones anteriores”, explica Carrasco en relación con un listado de 17 contratos con empresas financieras dedicadas a otorgar créditos de nómina y firmados –la mayoría de éstos. Durante la anterior administración estatal, pero además con vigencia indefinida. La Oficial Mayor dice desconocer si el descuento de los trabajadores se ha retrasado en la entrega a las empresas. “Eso ya sería con finanzas, yo hago la retención y fianzas es la que tiene que pagarles”, expone la funcionaria estatal. En cuanto a los señalamientos de la “complicidad” estatal al avalar este tipo de empresas, la Oficial Mayor de Gobierno justificó: “Yo en lo personal lo vi como un apoyo al trabajador, si es fiado dondequiera agarran y muchas veces afecta eso a su salario. Creo que ellos quizá por el problema que traen encima al momento de firmar ese contrato, aceptan todas las condiciones que les ponen. “Si yo dejara de hacer eso, de facilitarles ese apoyo, ellos buscarían por otro lado, por fuera”, sostiene la funcionaria estatal, aunque por otro lado dice no estar muy de acuerdo, dado que “los estamos ahorcando”. De la posibilidad de eliminar esos contratos, Quintero dice que sí se puede hacer, “pero mientras los empleados estén debiéndoles a esas empresas, se tendría que buscar una forma jurídica”. En el caso de CrediAmigo y la connotación de que están involucrados parientes del ex secretario de Gobernación y panista Santiago Creel, Loreto refuta: “Nosotros no iniciamos ningún contrato con nadie, estos contratos tienen muchísimo tiempo”. El subsecretario de administración de la OM asegura que no hay cheques que salgan en cero –aun en caso de que tengan varios créditos–, ya que la regulación incluye que lo mínimo que puede salir el cheque de pago a los empleados es por un salario mínimo. El mismo funcionario explica que actualmente tienen suspendidos los descuentos –por orden del Tribunal de Arbitraje del Estado– en cerca de 60 casos donde han interpuesto alguna controversia y el procedimiento marca que esa instancia cita al empleado para una posible negociación. En cuanto a los amparos Carrasco expone que no han sido notificados de ninguno, solo la suspensión del tribunal laboral. Ese procedimiento implica que el descuento sea suspendido en tanto se realizan negociaciones entre deudor y empresas crediticias. Sobre la posibilidad de anular esos contratos, Carrasco explica “Nosotros no tenemos ninguna obligación con las empresas, más que la parte de retenerles”, dice Carrasco, mencionando que en casi todos los casos la vigencia es indefinida, aclarando que de parte del estado no se ha cobrado por la llamada administración de nómina. “En un momento dado nosotros tendríamos que tomar una decisión (para anular los contratos), si nos diéramos cuenta que son muchísimas las personas afectadas, las que se van a los tribunales, porque entonces ya en lugar de beneficio les está afectando, pero ahorita yo tendría problemas con todos los demás que están solicitando créditos”. En el caso de la ISEP –que aglutina a los maestros federales– hay por lo menos 17 convenios firmados con casas financieras, algunos apenas firmados en julio de este año y la mayoría con fecha de vencimiento en octubre del 2019.   En blanco El abogado Everardo Medina Pérez asegura que tiene cerca de 500 casos –de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito– de empleados estatales que buscan les sea eliminado ese descuento. “La inconformidad nace desde que las personas se dan cuenta de que los intereses que les cobran son impagables, son violatorios de derechos humanos, empiezan a repercutir en la economía familiar y en la salud”, explica el abogado, quien menciona que ni el sindicato ni el gobierno los apoyan. Ya que nadie les había dicho que tenían el derecho que se les podía dejar de descontar. Medina Pérez cuenta que en la oficina que laboraba –un despacho tenía área de cobranza– llegó una señora para exponerle que buscaba llegar a un acuerdo, dado que desde esa oficina le habían enviado un documento de cobro. “La señora me platicó que tenía cáncer, que estaba en tratamiento de quimioterapia y dijo que no había pagado el adeudo debido a que su cheque le llegaba en ceros”. Su esposo –también maestro pero federal– también recibía un cheque en ceros, lo que significaba que sobrevivieran por los bonos y el aguinaldo, ya que de éstos no reciben descuento. Era una empleada del magisterio y le aseguró que desde cinco años atrás su cheque le llegaba en ceros. Tenía deudas en varias cajas de ahorro –CrediAmigo, Ades y otras cajas magisteriales– y de acuerdo al abogado esas instancias les hacían firmar un pagaré en blanco. “Le resultaba imposible calcular cuánto debía, ya que aunque el gobierno le siga descontando, a ella en cualquier momento la pueden demandar por la cantidad que sea”. Eso implicó que se involucraran en defenderla, una para que pudiera liberarse su sueldo y la otra para asesorarla contra demandas posteriores por parte de la empresa financiera. El acuerdo fue que si ganaban el “cobro” sería que les presentara a personas que tenían problemas similares. El abogado explica: “que ayudan a la gente que paguen lo que es justo”, en función de que estas empresas financieras manejan tasas de interés variables, algunas cobrando el 50 por ciento anual, otras el 100 por ciento. Menciona el caso de CrediAmigo, donde al final del crédito el cliente viene pagando el 280 por ciento de la cantidad prestada. En el caso de CrediAmigo sostiene que también manejan el pagaré en blanco, pero cuando demandan lo llenan con el capital y lo que hubieran cobrado de intereses, eso implica que capitalizan el interés. Y es que una de las características es que prestan con la mayor facilidad, no investigan el buró de crédito y solo piden referencias, entregando el dinero de un día para otro. “Se aprovechan de la extrema necesidad de las personas, firman lo que les den con tal de que les entreguen el cheque, no hay una cultura en materia económica donde las personas conozcan cuál es el interés que es justo”, sostiene el abogado, quien considera que las financieras cobran los interés que quieren dado que tiene el apoyo patronal, en este caso sean gobiernos estatales o federales. Menciona el artículo 48 de la Ley del Servicio Civil –que regula la relación laboral entre gobierno y sus empleados–, anota que el salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, salvo por pensión alimenticia, aparte que otro artículo, el 50 de la misma ley, establece que es nula la cesión de salarios hecha a favor de terceras personas. El abogado comenta que de suceder eso, sería una suerte de retroceso histórico, donde se regresen a las tiendas de raya, peor aún a la esclavitud. Medina Pérez acepta que en la mayoría de los casos el Gobierno del Estado sí obedece la decisión del trabajador, aunque que a últimas fechas “han tenido una preferencia sobre ciertas cajas, entre ellas CrediAmigo, Fimubac y Fonacot”. Otra práctica derivada de toda esta situación es que en algunos casos a los empleados les han descontado y el patrón no lo reporta a las empresas, algo similar a lo que ha sucedido con las cuotas de Issstecali. El abogado menciona que en Baja California Sur también están pasando por esa problemática, de hecho la entrevista vía telefónica se realiza mientras el abogado viaja hacia La Paz donde abrirán una oficina para atender esos casos. De acuerdo a Medina Pérez, son cerca de 20 los amparos activos de los cuales en el 66 por ciento de los casos han logrado la suspensión definitiva. El abogado menciona que el segundo paso será demandar para que les devuelvan el dinero descontado y posteriormente planean también demandar al gobierno estatal por el delito de peculado dado que el salario viene de un recurso público, destinado en el Presupuesto de Egresos para el pago de salarios.