Noviembre fue un mes determinante en la vida de Jesús Blancornelas, codirector fundador de ZETA. Nació un 14 de noviembre de 1936 y fue víctima de un atentado homicida -que falló en su contra pero cobró la vida de su escolta Luis Valero- el 27 de noviembre de 1997. Esa lluviosa mañana de jueves, Don Jesús salió de su casa a las oficinas de ZETA en una camioneta conducida por Valero y fueron emboscados por dos comandos armados. Luis cayó ante las balas de los sicarios y Blancornelas recibió cuatro balazos. Sobrevivió porque el encargado de rematarlo, David Barrón Corona “El C.H.”, fue asesinado por sus cómplices en el fuego cruzado. Nueve años después, el 23 de noviembre de 2006, Jesús Blancornelas falleció víctima de una enfermedad, expiró sin que las autoridades detuvieran, ni castigaran a los criminales que ordenaron su muerte, sin que las procuradurías investigaran ni consignaran a los hombres que lo balearon -asesinaron a Valero- y mermaron la salud del periodista, quien defendió con la vida su línea editorial libre de ataduras, en acompañamiento con la sociedad, sin más compromiso que la búsqueda de la verdad. Combativo hasta el último suspiro, expuso sin distingos lo mismo a políticos que funcionarios corruptos, narcotraficantes y narcopolíticos. Como precursor del periodismo de investigación en el noroeste del país, Blanco se convirtió en punto de referencia por la eficiencia y efectividad de sus trabajos editoriales, por su honestidad y ética laboral; valores y características que las autoridades investigadoras que llevaron y llevan el expediente por la muerte de Valero y su atentado, están muy lejos de conocer. Desde 1998, tres funcionarios, uno de la Procuraduría General de la República, otro de la Procuraduría de Baja California y el tercero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informaron los nombres de nueve asesinos presentes en el atentado. De esa lista, David Barrón Corona quedó muerto en la escena. Alberto González Ortega y Fabián Martínez fueron asesinados en años posteriores sin que las autoridades ministeriales promovieran órdenes de aprehensión en su contra por el ataque al periodista. Marcos Arturo Quiñónez Sánchez “El Pato”, el único acusado formalmente del ataque, fue exonerado de estos cargos por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, en septiembre de 2013. El argumento para dejarlo impune, fue el desaseo, la incapacidad y corrupción de los agentes ministeriales en la integración de la averiguación. Actualmente solo purga una pena por delincuencia organizada. En cuanto a los otros cinco presuntos responsables, hoy viernes 27 de noviembre se cumplen 18 años de que gozan de total impunidad, burlándose del sistema, de la autoridad y de las familias de las víctimas. Alfredo Araujo Ávila “El Popeye” y Antonio Peña Huerta y/o Adelaido Reyes “El Lalo”, fueron detenidos en 2008 y 2009. Se desconoce si siguen presos o fueron liberados, pero se sabe que la autoridad ni siquiera se molestó en interrogarlos o fincarles responsabilidad por el atentado a Blancornelas y la muerte de Valero. En cuanto a Alejandro Weber Barrera, Michael Anthony Jarboe, e Isaac Guevara Hernández, han gozado de libertad por 18 años sin que se finquen cargos en su contra. Benjamín Arellano Félix, cabeza del cártel y autor intelectual de los delitos cometidos por sus secuaces, preso en Estados Unidos, tampoco ha sido acusado, vamos, ni siquiera investigado por la cobarde agresión armada contra el periodista y su compañero. Los ex Presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón no cumplieron con su responsabilidad de brindar a los deudos paz y justicia, como tampoco lo hicieron en su momento los ex fiscales Jorge Madrazo, Rafael Macedo, Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina, Arturo Chávez y Marisela Morales. Este sexenio no se ve mejor, baste reiterar que fue en el presente Gobierno Federal bajo la administración ministerial de Jesús Murillo Karam, que Arturo Quiñónez fue liberado de los cargos y en unos días, en diciembre 2015, recuperará la libertad. Más allá del mencionado revés, el actual Presidente y su procuradora siguen siendo las autoridades obligadas a generar condiciones de seguridad y defender a los ciudadanos honestos contra estos criminales. Por eso reiteramos nuestro reclamo al licenciado Enrique Peña Nieto y a la licenciada Arely Gómez González, de investigaciones profesionales y órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables. Exigimos respeto y justicia para nuestros muertos, al tiempo que compartimos el dolor con las familias de los miles de mexicanos asesinados violentamente, que se acumulan en este México de sangre, ante la impericia y corrupción de autoridades que parecen esforzarse en exponer discapacidad y ausencia de empatía.
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