Viola Astiazarán moratoria

El gobierno de Jorge Astiazarán violó la moratoria en la zona Chapultepec-Puerta de Hierro, al renovar licencias de construcción para la edificación de condominios multifamiliares dentro del polígono en el que solo debía permitir un uso de suelo habitacional unifamiliar. En lugar de dar seguimiento a la culminación de un Programa Parcial Comunitario, que calificó como no pertinente, optó por abrogar el acuerdo de Cabildo que otorgaba voz y voto a los residentes y lo supeditaba a consultarlos antes de autorizar cualquier cambio urbanístico en el polígono. Lo hizo imponiendo un Programa Parcial de Desarrollo Urbano, con el cual sorprendió al Cabildo del XXI Ayuntamiento de Tijuana, que ni por enterado se dio de lo que avaló por unanimidad. En la sesión extraordinaria del 10 de agosto de 2015, se presentó “un proyecto relativo al Plan Parcial de Desarrollo en el fraccionamiento Chapultepec y otros”, firmado por el secretario general de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, que al ser autorizado, suplantó el programa comunitario por el de desarrollo urbano. Una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, el cambio permitirá al gobierno local, ahora sí dentro de reglamentación, liberar licencias de construcción y/o permisos para cambio de uso de suelo a multifamiliar, y/o comercial y de servicios e industriales, sin tener que tomar en cuenta a los colonos. De esta manera, la administración de Astiazarán podrá liberar licencias en espacios en la zona que “produce interés en los inversionistas y desarrolladores a llevar a cabo proyectos similares, dado el aprovechamiento actual predominante (multifamiliar, comercial y de servicios)”, se lee en la minuta.   ZONA RESTRINGIDA   En 2012, el Cabildo de Tijuana aprobó una moratoria que blindó a varios asentamientos para que se preservaran como zona residencial, suspendiendo en forma temporal la expedición de permisos de uso de suelo, licencias de construcción, acciones de urbanización, ajenos a la edificación de casas habitación. El polígono de la restricción comprendió un área de 160.93 hectáreas en las que se aglutinan las colonias Chapultepec, Hipódromo, Puerta de Hierro, Lomas de Agua Caliente y Lomas de Agua Caliente Primera Sección. Ningún proyecto ajeno a la construcción de vivienda unifamiliar podría ser edificado sin la aprobación de al menos el 75 por ciento de los vecinos. La moratoria se decretó temporal, en tanto se elaboraba un Programa Parcial Comunitario, que convertiría la restricción de transitoria a permanente. Esta tarea, que culminaría una vez que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado, quedó a cargo del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. En agosto de 2013, a punto de fenecer el periodo del XX Ayuntamiento, y al no contar con tiempo suficiente para concluir el análisis, el Cabildo optó por aprobar una ampliación que permitió al proyecto trascender la administración. Así, el plazo de la moratoria se prorrogó, y la responsabilidad de culminar el Programa Parcial Comunitario recayó en el gobierno de Jorge Astiazarán.   LA OMISIÓN   El acto administrativo vigente faculta al Ayuntamiento de Tijuana a la “suspensión temporal de dictámenes de usos de suelo, constancias de zonificación para usos de suelo permitidos y constancia de acreditación de usos del suelo por derechos adquiridos”. Lejos de ello, la administración de Jorge Astiazarán actualizó licencias de construcción que la moratoria le obligaba a mantener suspendidas, con todo y que los desarrolladores contaran con autorizaciones de modificación de usos de suelo anteriores a la implementación del acuerdo edilicio de 2012. La construcción de un multifamiliar de 12 pisos fue reiniciada en 2014, sobre la Avenida Mérida, de la colonia Chapultepec. La materialización de ese proyecto echó por tierra la lucha de años de los vecinos de ese sector, toda vez que ese asentamiento se ubica dentro del polígono de la moratoria que restringe cualquier uso de suelo que no sea encaminado a la preservación de uso residencial unifamiliar. Si bien es cierto, el desarrollador del inmueble cuenta con un permiso de uso de suelo para tal fin, autorización que obtuvo en noviembre de 2007, el Municipio estaba facultado a no renovar la licencia anual de construcción. Obtenida la anuencia oficial, la obra continuó en 2014, ante la inconformidad de los residentes de la zona. El derribamiento de varias casas en el área de la moratoria, particularmente en predios que colindan con el campo de golf, hace prever a los colonos que el gobierno de Tijuana, “antepone el interés de los inversionistas al de los vecinos, cuya participación en la toma de decisiones queda estratégicamente eliminada al cambiar el Programa Parcial Comunitario, por el de Desarrollo Urbano”, asentó Alfonso Montes de Oca, líder de colonos. Por ello, en septiembre de 2015 los residentes protestaron colocando cuatro mantas sobre vialidades de la colonia Chapultepec, exigiendo a Jorge Astiazarán considerar la opinión de los vecinos y decir “no a complacencias a desarrolladores para usos multifamiliares”.   JUSTIFICAN QUEBRANTAMIENTO   Fue una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo -TCA- lo que obligó al gobierno de Jorge Astiazarán a liberar la licencia de construcción para un uso de suelo ajeno al habitacional unifamiliar, argumentó Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Sin embargo, admitió que el fallo del Tribunal se dio luego de que en 2014, el gobierno municipal renovó la licencia de construcción. La protesta de los vecinos hizo que la autoridad conociera la existencia de la moratoria, por lo que paró la obra. Ante la contradicción oficial, el desarrollador recurrió al TCA para que le hiciera valer la licencia para cambio de uso de suelo, autorización vigente desde 2007, la cual cobró fuerza al actualizarse el permiso anual. Cuestionado sobre la vigencia de los permisos de construcción, el funcionario explicó que éstos no la pierden, “porque cada año se está renovando, cada año pierde vigencia los usos de suelo, pero si el inversionista los está renovando, ya tiene dada una autorización de 2007, se le está renovando y está vigente”. — ¿La moratoria no obliga a no renovar ese permiso? “Nosotros le impedimos ese permiso para la última renovación, apoyados y facultados por la moratoria, pero el Tribunal Contencioso Administrativo nos obligó a autorizar el uso de suelo”, dijo. Sánchez Martínez sostuvo que la moratoria “en esta administración sí se ha respetado al cien por ciento, queja que llega de los vecinos inmediatamente la Dirección de Administración Urbana -DAU- actúa y suspende los trabajos en forma directa, porque la moratoria nos ampara y faculta para hacerlo de inmediato”. Y en efecto, en un recorrido efectuado por ZETA se pudo constatar la clausura de varios negocios, aunque algunos de ellos se encuentran operando, con todo y engomados adheridos a sus fachadas.   SATURACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS OBSOLETOS   La moratoria no fue una decisión fortuita, durante 15 años fue una demanda plateada por los residentes de la zona, ante el crecimiento anárquico de edificios multifamiliares, plazas y establecimientos comerciales. Esta evolución no ha ido aparejada un mejoramiento de la red de drenaje sanitario, pluvial e infraestructura de agua potable, mucho menos por mayor vigilancia policiaca o la construcción de nuevas vialidades, señaló Alfonso Montes de Oca, presidente de colonos de Chapultepec. Por eso el objetivo principal de la restricción vigente fue el preservar la característica habitacional de la zona “e impulsar programas de mejoramiento urbano con la participación de la sociedad organizada”, se indica en el documento. Y los vecinos, conformados en comités, acordaron con el gobierno municipal el prohibir  proyectos que generen  un impacto urbano negativo, como congestionamiento vial deficiencia en la infraestructura eléctrica, hidráulica y sanitaria, ruido, sobresaturación dela vía pública, inseguridad y demérito del patrimonio. Esos aspectos negativos ya prevalecen en la zona de la moratoria, lo que los colonos intentan es que no se saturen más, “porque el espacio es el mismo, y aunque el desarrollo se dé en forma vertical, las calles no crecen ni la red sanitaria e hidráulica se moderniza y aumenta”, concluyeron los colonos.   MADRUGAN A VECINOS… Y A REGIDORES   A dos meses del acuerdo de Cabildo en el que se autorizó el cambio de Programa Parcial Comunitario a Programa Parcial de Desarrollo Urbano, integrantes del Cabildo ignoraban que habían votado a favor de tal cambio. El regidor Luis García, quien se dice a favor de la moratoria, intentó justificar: “Yo solo aprobé incorporar la colonia Chapultepec Este a la moratoria y al Programa Parcial”, anotó. Si bien es cierto, en el proyecto aprobado se estableció añadir al polígono ese asentamiento, el cual es tomado como punto de partida para demostrar “la versatilidad de usos de suelo que se observan dentro de la zona, produciendo interés en los inversionistas y desarrolladores a llevar a cabo proyectos similares dentro de las colonias que conforman la moratoria”, razonamiento reiterado en el proyecto presentado por Bernardo Padilla, y aprobado por unanimidad del Cabildo. Tanto regidores como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,  a cargo de Roberto Sánchez, aseguran que los vecinos serán tomados en cuenta en la decisión final. Mientras los ediles Luis García y Martín Plascencia sostienen que los vecinos serán consultados y considerados en la toma de decisiones para el cambio ya aprobado,  el gobierno de Jorge Astiazarán inició acercamientos con ellos hasta hace un mes. Antes de realizar cualquier consulta comunitaria, los conminó a nombrar a un representante por manzana, a quienes les será expuesto el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, aprobado en agosto de 2015 por el Cabildo.     Arbitrario privilegio   Conformado desde 1994, residencial Puerta de Hierro ha sido objeto de prerrogativas que la autoridad no concede a ningún otro asentamiento y demuestra que en Tijuana sí hay fraccionamientos exclusivos. Desde el acaparamiento de áreas y una vialidad pública, hasta el no cumplimiento de la superficie total que debió entregar en donación para uso público -el 10 por ciento de su superficie, como cualquier otro desarrollo-, son las arbitrariedades que el Estado de Baja California le ha concedido. Asentado en dos polígonos que suman 191 mil 435 metros cuadrados, el fraccionamiento se divide en un total de 293 lotes, en los cuales se encuentran edificadas 219 casas, restando 51 lotes baldíos. Al rebasar la cifra de 120 viviendas, se encuentra bajo el régimen de fraccionamiento, lo cual lo obliga a contar con al menos una vialidad de uso público. Y aunque de inicio, Inmuebles y Desarrollos Peninsulares S, de R. L. de C.V., el desarrollador de Puerta de Hierro, sí cumplió con esta disposición reglamentaria, al “donar” al Estado la Calzada Puerta de Hierro -la vialidad principal-, “así como las superficies de 51 mil 525 metros cuadrados y 210 metros cuadrados”, correspondientes al total de las vías públicas y un callejón de servicios, respectivamente. En la entrega efectuada en 1994, también se cedió para equipamiento urbano la glorieta y los camellones jardinados de la Calzada Puerta de Hierro. Además de estas vías públicas, infraestructura que de rigor todo fraccionamiento debe entregar en equipamiento urbano, el desarrollador estaba obligado en donar el 10% de la superficie del inmueble, que en el caso de Puerta de Hierro es de 191 mil 435 metros cuadrados, por lo que debió dotar una extensión de 19 mil 143 metros cuadrados de terreno, sin contar vialidades, áreas verdes ni camellones, de acuerdo con las reglas de urbanización del Estado de Baja California. Por ello, Inmuebles y Desarrollos Peninsulares S, de R. L. de C.V., incluyó al contrato de donación tres lotes: el lote uno, de la manzana uno, de una superficie de mil 715 metros cuadrados; lote 2 al 26, de una superficie de 10 mil 150 metros cuadrados; y del lote uno al 7, de una medida de 5 mil 174 metros cuadras. En conjunto, los tres terrenos sumaron 17 mil 040 metros cuadrados Sin embargo, en 2003, el donatario Inmuebles y Desarrollos Peninsulares S, de R. L. de C.V., representado por Alejandro de la Vega Valladolid, rectificó ante el Registro Público de la Propiedad lo que calificó como “un error involuntario” la inscripción de dos de los lotes cedidos al Gobierno de Estado: el terreno 2 al 26, de la manzana dos, y del uno al 7, de la manzana 12 del fraccionamiento Puerta de Hierro. La justificación para tal rectificación se basó en que al fraccionador se le concedió cumplir con la donación al “ejecutar obra de utilidad pública y beneficio colectivo por el valor comercial de los terrenos citados en la declaración”, sin determinarse cual. De donación, finalmente el Estado tiene bajo su dominio, aunque solo sea en papel, el lote uno de la manzana uno, la glorieta de acceso y camellos jardinados de la Calzada Puerta de Hierro, así como el total de las vías públicas y callejón de servicios, infraestructura urbana pública, pero de uso exclusivo de los residentes del fraccionamiento. Caso contrario a lo que sucede en Puerta de Hierro, lo viven los residentes del fraccionamiento Jardín de las Bugambilias, asentamiento de 200 viviendas que desde su conformación, cuentan con una vialidad de uso exclusivo, misma que el gobierno de Jorge Astiazarán ha intentado quitarles mediante la fuerza policiaca. Desde mediados de 2015, los residentes se han enfrentado a elementos policiacos y a autoridades de la Dirección de Desarrollo Urbano quienes, en apoyo a Grupo Melo, desarrollador del fraccionamiento, han pretendido derribar la caseta de acceso para que la vialidad principal, Paseo de las Bugambilias, dé paso a un nuevo desarrollo, Rincón de las Bugambilias, también edificado por Grupo Melo, aunque éste sí bajo el régimen de condómino, lo que lo hará de uso privado. El último altercado se efectuó en septiembre de 2015, en el que con un despliegue policiaco de al menos 50 elementos, el Municipio impuso la introducción de servicios públicos al nuevo desarrollo, para lo cual fue necesario derribar la barda que dividía a ambos asentamientos. La razón del gobierno municipal para abrir la vialidad al uso común es porque no es un fraccionamiento exclusivo, y la calle principal debe ser de uso público, al encontrarse dentro del equipamiento urbano que Melo entregó al Municipio. Argumento que en el caso de Puerta de Hierro no se hace válido. El caso se dirime en los tribunales, toda vez que los vecinos han iniciado un procedimiento legal en contra de Grupo Melo, desarrollador que con engaños les vendió la idea de que el fraccionamiento sería completamente privado.