Con un enfoque simplista, evasivo, el Alcalde de Tijuana y el Gobernador de Baja California, prácticamente señalaron que las más de 73 mujeres asesinadas en lo que va de 2015, de Tijuana y Mexicali, se buscaron su muerte. “Cualquier asesinato me preocupa; sin embargo, desafortunadamente muchas…tienen que ver con la participación de más mujeres en acciones delictivas”, fueron las declaraciones del licenciado Francisco Vega de Lamadrid. “Es una desgracia que cada vez más mujeres, sobre todo menores, estén participando en actividades criminales por el uso y el abuso de las drogas”, dijo el doctor Jorge Astiazarán Orcí. Así respondieron ambos por separado cuando los reporteros los cuestionaron sobre el incremento de asesinatos violentos de mujeres en la entidad, en un burdo intento por evadir la responsabilidad que tienen de brindar seguridad a los ciudadanos que gobiernan. La ex diputada y activista Elvira Luna no pudo ser más clara en la manifestación del domingo 11 de octubre en Mexicali al recordarles que no se vale que en lugar de ordenar justicia para estas féminas asesinadas, los titulares de los poderes ejecutivos locales, sin tener le investidura, decidan juzgarlas, sentenciarlas, lincharlas públicamente, para evadir el hecho de que desde su función, no están generando –como están obligados– las condiciones de seguridad necesarias, al tiempo que sus fallidas estrategias incrementan los índices de impunidad. Hablaron con tal ligereza como si matar a una mujer fuera algo permitido cuando participan en actividades delictivas. Señor Gobernador, señor Alcalde, por si las dudas volvimos a leer la Constitución, pero no, señores, la pena de muerte en México no existe para ningún delito, así que sus justificaciones estuvieron totalmente fuera de lugar. En ningún momento admitieron sus yerros, ni dijeron que harían nada al respecto, no hablaron de la deficiente redacción de los partes policiacos o las malas integraciones de las investigaciones que permiten que los homicidas no sean detenidos y cuando son capturados, salgan una y otra vez de los penales, no se comprometieron a mejorar, les pareció mejor idea culpar a las muertas que no se pueden defender. Ninguno de los dos hizo referencia a las condiciones de miseria en las que usualmente viven estas mujeres y sus familias –que no es justificación para delinquir–, condiciones que no han sido combatidas con efectividad por las autoridades que hoy las señalan con dedo acusador. Ambos, Vega y Astiazarán, mencionaron la problemática de la violencia intrafamiliar, de los programas federales, y los trabajos del DIF y de los Institutos de la Mujer, cuyos resultados son también a todas luces deficientes, con recursos limitados y mal repartidos. Y como evidencia están las 220 llamadas que recibe a diario el C4 en todo Baja California para reportar incidentes de violencia intrafamiliar. O los 10 casos diarios que atiende la Policía Municipal de Tijuana según ha informado su director. O las 209 mujeres que han denunciado la violación a sus derechos humanos ante la Comisión Estatal. En cuanto al combate a las adicciones –también mentadas por los ejecutivos como justificación–, esa que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel De la Rosa Anaya, ha dicho es prioridad lo mismo que la ofensiva a los delitos relacionados con drogas, tampoco se reporta grandes avances. Conforme a las estadísticas oficiales el 10 por ciento de los residentes locales tiene alguna adicción, 8 de cada 10 presos don adictos, 55 por ciento de los detenidos por la Policía Municipal de Tijuana, y 70 por ciento de los capturados por la PEP son por delitos contra la salud, y de nuevo, la mayoría sale pagando fianzas de 5 mil pesos a seguir delinquiendo. El gobernador se evade, repitiendo que cuando va a las reuniones nacionales Baja California siempre es de los estados mejores calificados, lo que sucede solo porque el resto del país, se está descomponiendo más rápido, pero no es justificación para que Vega y Astiazarán permitan que las condiciones de seguridad alcanzadas después de 2010 sigan deteriorándose. Los dos fueron elegidos y se les paga entre otras cosas por “velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad…por garantizar que los residentes de esta entidad disfruten de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, no para justificarse cuando no pueden hacerlo. Entonces va siendo el momento que diseñen instrumentos, estrategias efectivas y adecuadas a la realidad local, y aunque las comparaciones sean odiosas, como se hizo en 2008-2010, no tienen que ser similares, pero sí diferente a lo que se está haciendo, porque evidentemente no está funcionando.
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