En el año 2000, un grupo de mujeres marcharon en Mexicali, recorrieron el Bulevar López Mateos con pancartas en mano y cargando un ataúd. Mostraban su solidaridad con las mujeres asesinadas, desaparecidas, en Ciudad Juárez. Hoy, 15 años después, algunas de esas féminas levantan su protesta pero por el cúmulo de mujeres asesinadas en Mexicali. “Juárez nos alcanzó; hoy los homicidios están aquí, están en Mexicali y los vivimos, están a punto de tocar muestras puertas”, sostuvo la abogada Elvira Luna Pineda durante el mitin luctuoso convocado el domingo 11 de octubre en la explanada del Centro Cívico en Mexicali. Entre las oradoras abordan los casos: de las cerca de 20 mujeres asesinadas en Mexicali hasta octubre de 2015 -baleadas, estranguladas, incineradas, tiradas en los drenes de la periferia-, solo ocho casos se han judicializados, pero en ninguno hay sentenciados. Asimismo, destaca el hecho de que en el número de emergencia hayan recibido a la fecha más de 20 mil denuncias por violencia. Que familiares de víctimas no hayan recibido apoyo alguno y aún vivan en un clima de temor e inseguridad. 
“Todas las mujeres, desde niñas, ancianas, hasta una prostituta, tenemos que tener la misma seguridad; la justicia para las mujeres en Mexicali, aquí en nuestro Estado, parece que no existe”, lamenta Martha Lorena López Flores, madre de la joven Nora Paulina, quien falleció en abril del año pasado tras permanecer casi nueve años en estado vegetativo, a raíz de una agresión masculina. Ella fue encontrada tirada, de madrugada y en medio de la carretera a San Felipe, nunca se recuperó y la agresión sigue impune. “Ni siquiera para su muerte hubo alguna autoridad, alguna justicia”, increpa entre lágrimas la madre. Familiares de Irene García, asesinada afuera de su domicilio en julio de este año, por temor evaden hablar durante el mitin. Aportan una carta que lee otra de las participantes: “Si no son capaces, renuncien”, exigen los padres de la joven asesinada, quien dejó dos hijos huérfanos tras el crimen que sigue impune. “Somos una familia decente, correcta, que se basa en las leyes; lo único que pedimos, que clamamos, es justicia”, afirma la hermana de la víctima. Ni una muerta más, ni una mujer menos Para la abogada Elvira Luna Pineda, el que se judicialicen algunos de los casos no quiere decir que los sostengan: “La autoridad dice que están ocho resueltos, pero no han dicho que están puestos a disposición, consignados. No sabemos en qué etapa está el proceso, lo que sí sabemos es que no tenemos en todo el Estado, ninguna sentencia por feminicidio, lo que significa que no hay ninguna persona condenada”. De hecho, solo uno de los casos en Mexicali está siendo considerado como feminicidio, cuando “la Corte ha señalado que en todos los casos de asesinatos de mujeres, se debe investigar con perspectiva de género como feminicidio y la investigación mostrará si fue feminicidio o no”. Luna Pineda indica que en todos estos casos no hay ni castigo ni reparación del daño, menos aún, atención a víctimas. “Son exactamente nulos”, dice la especialista, mencionando casos como el de Nora Paulina o la jovencita Janet Lizbeth, encontrada enterrada en un patio contiguo a su domicilio. “En cuanto a la reparación del daño, las familias se quedan totalmente anuladas, no solo no les es reparado el daño, sino muchas de ellas refieren que sienten totalmente obstaculizado el acceso a la justicia”. Aparte, los familiares quedan con mucho temor, hay hijos, niños que se quedan solos y sin ningún tipo de apoyo institucional, “No existe la reparación del daño, no existe la atención victimológica, aparte tienen miedo porque los asesinos están en la calle”. Recalca que este año, desde la autoridad se ha dicho que ocho de los casos están judicializados, pero en los últimos años, de 2009 a 2015, en el 84 por ciento de los asesinatos no hay ni siquiera imputación alguna. Luna Pineda considera muy graves las declaraciones del propio gobernador Francisco Vega de Lamadrid -quien mencionó que los casos han ido en aumento debido a una mayor participación de mujeres en actividades delictivas-, aparte, no ha sido la única autoridad que con ese tipo de declaraciones criminaliza a las víctimas. “El criminalizar a las víctimas ha sido una práctica recurrente de gobiernos que no son sensibles, pero que tampoco tienen la capacidad ni de investigar, ni de judicializar; pareciera que justifican con este tipo de dichos”, expone la abogada. Resalta casos como el de Ciudad Juárez -en el Campo Algodonero-, donde en su momento se decía lo mismo, considerando que es un mensaje de impunidad porque mucha gente tiene la percepción de que las asesinadas “eran mujeres malas, se lo merecían”. Califica este tipo de situaciones, similar a lo sucedido en las dictaduras, donde condenan en una plancha de la morgue y no en un debido proceso, en un tribunal y conforme a la legislación establecida. En el caso de la llamada Alerta de Género, Elvira Luna menciona que ha estado en contacto con las mujeres de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos -instancia que solicitó la alerta- y el gobierno estatal tiene hasta el próximo 10 de diciembre para cumplir con las 14 recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo, y comenta que han preguntado sobre los avances, pero “las respuestas que dan, nos advierten que no tienen ni idea de lo que están diciendo”, y no se sabe del avance porque nada han informado. 
Explica que en el mecanismo se contempla que el Gobierno del Estado deberá informar al Grupo de Trabajo, y éste a su vez, a la instancia solicitante -Red Iberoamericana-, que será la que evalúe si los resultados son realmente un cumplimiento a la recomendación. Sobre algunos comentarios groseros que Luna Pineda recibió -en el contexto de la invitación al mitin del domingo- de parte de algunos cibernautas, refiere: “Es gente muy grosera que toma estos dichos del gobernador sobre de que andaban en malos pasos, se lo buscaron. De repente hubiera un sentido muy individualista de algunas personas, que no son solidarios con las víctimas y a las víctimas se les deja solas, no solo el gobierno, también la sociedad”, puntualiza. Por último, hace mención de las demandas centrales: acceso a la justicia y reparación del daño, además de la necesaria implementación del Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual debería estar publicado e implementado desde hace varios años y a la fecha no se ha ejecutado. Frivolidad La destacada activista por los derechos de las mujeres, Maricarmen Rioseco, comenta que ha habido casos de agresiones a mujeres -que estuvieron a punto de llegar al asesinato- y que debido a las presiones de los grupos, se llegó a calificar como homicidio en grado de tentativa. Agrega que el mismo gobernador les llama “muertes femeninas” -concepto que no existe en ninguna Ley- y el análisis muestra que no se acepta (el concepto de feminicidio) y que no lo están llevando a cabo. “Esto va a dificultar mucho que puedan cumplir con las recomendaciones que tienen que terminar para mediados de diciembre”, argumenta la activista, quien opina que esas declaraciones son parte de la cultura sexista: “Es como cuando están en la política y tienen algún reverso, alguna cosa que se le pueda criticar, se meten en la vida personal, cosa que no pasa con los hombres. “No les puedes creer cuando no hay una investigación seria”, advierte la feminista cachanilla. Alude el protocolo de Campo Algodonero –surgido con la realidad de Ciudad Juárez-, el cual marca qué deben y qué no deben hacer los investigadores en caso de feminicidio, pero aquí no se aplica: “Es como una cadena de errores, o de ineficiencia, el no reconocer esto que está sucediendo, el no hablar sobre feminicidios. Son prejuicios. “Esto es como una Acción Afirmativa, es feminicidio y tómalo con la seriedad con que se debe porque es el odio con que se maneja, la impunidad con que se hace, el efecto que causa en la sociedad, la situación que merecen las mujeres en nuestro país, en nuestra cultura; todo esto no se está considerando”, subraya Maricarmen En ese contexto, refiere algunos puntos básicos, las demandas centrales: “Lo primero es que atiendan los asesinatos de mujeres como feminicidios, de ahí derivan los protocolos, la norma de atención, la capacitación que deben tener, la actitud que deben desarrollar, la reparación del daño a las víctimas directas”. Rioseco complementa que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia incluye que se forme un sistema -que abarca a autoridades de distintas áreas- que se han estado reuniendo, pero a la fecha no hay un programa específico, lo que implica que tampoco tiene presupuesto. “Están atorados en el programa, están atorados con el presupuesto, con las recomendaciones de género, con las investigaciones sobre feminicidios, con la palabra feminicidio; están atorados porque es un gobierno misógino. Los gobiernos destinan recursos a lo que consideran importante”, sintetiza. Necesaria prevención “El círculo se está cerrando, antes era en Juárez, ahora es en Mexicali y está pasando en todo el Estado”, asegura la coordinadora del grupo Gente Diversa en Mexicali, Rebeca Maltos, a la vez de resaltar cómo se ha organizado una serie de manifestaciones -similares a la del domingo 11 de octubre en Mexicali- a lo largo de Baja California. La activista se pregunta: “Qué estamos esperando, ¿que sea tu hermana, tu hija?”, y comenta que en el proyecto que han trabajado de Ciudades Seguras para las Mujeres han documentado muchos casos de violencia hacia las féminas. Revela cómo se multiplican las llamadas de emergencia -por ese tipo de violencia-, a los números de emergencia. 
Asimismo, se han multiplicado los casos, pero no existen protocolos de investigación, ni políticas públicas de protección a las mujeres. Describe el caso de la desatención oficial hacia las víctimas y cita un ejemplo que les planteó una de las mujeres: antes de matar a su esposa -frente a la hija de ambos, de cuatro años de edad-, un tipo va e intimida a la suegra, pero no la agrede “porque no se le puso al brinco”; hoy la joven ya es adolescente y lleva esa carga en la memoria. El sujeto fue capturado debido a las presiones de los grupos, pero el próximo año termina su condena y ya está contactando a la hija. Quiere pedir los derechos sobre la hija. “¿Ahí donde está la reparación del daño, dónde la atención a las víctimas de los feminicidios? Nunca las buscaron, nunca hubo algún acercamiento”. Se le pregunta a Maltos si esa falta de atención es cuestión de leyes, y responde que la violencia de género es algo muy complejo, e ironiza con una nota sobre una mujer asesinada donde en el texto se menciona que “es un misterio la causa, el motivo”. Para la activista social, mientras socialmente no se tenga resuelto el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, de que las mujeres no tienen que estar bajo el control de los hombres y puedan tomar el control sobre sus propias decisiones, seguirá ese tipo de delitos. Dice que para resolverlo debe haber un marco legal que garantice, que proteja a las mujeres de una vida libre de violencia, pero por otro lado, debe existir voluntad política. “Lamentablemente todavía tiene mucho que ver la discrecionalidad de los funcionarios en turno”, comenta en alusión a que de repente sí se encuentran a uno que otro funcionarios sensibilizado, pero no a nivel de toma de decisiones. Además, insiste en la necesidad de la prevención, ya que si no se trabaja en ese rubro, “nunca vas a dejar de trabajar la atención. Trabajar en prevención es una inversión”, reflexiona en relación a que con la prevención se evitaría todo un gasto de andamiaje de atención entre Ministerios Públicos, agentes, camas de hospital o refugios. — Hay indolencia, falta de conciencia, ¿cómo caracterizarlo?, se le inquiere. “Es una sopa, un cultivo multifactorial que tiene que ver con la falta de conocimiento de las implicaciones de la violencia de género, pero también con la frivolidad con la que se quiere atender el problema; no se ha visto una verdadera voluntad política para resolverlo”, finaliza.. Gutiérrez Vidal: que revisen comportamiento para evitar descomposición social “Se lleva un gran avance en los principales planteamientos anotados con el Grupo de Trabajo, se les ha informado a las mujeres y para diciembre esperan tener la mayoría de los requerimientos; los faltantes serían por cuestión presupuestal”, anota el subsecretario general de Gobierno, Javier Gutiérrez Vidal, respecto a las acciones de gobierno necesarias para contrarrestar la Alerta de Género que pende sobre Baja California. Entrevistado vía telefónica -se encontraba en Ciudad de México-, el funcionario estatal negó los señalamientos realizados por las mujeres en la marcha, mencionando que ocho de los casos de asesinatos han sido resueltos, aunque comentó que uno que quede sin resolver, obviamente causa un agravio; además, recalcó que el Gobierno del Estado trabaja en el tema. Según Gutiérrez Vidal, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) está haciendo una labor responsable, y expuso que el motivo, el origen de los crímenes resulta muy variado, aunque reviró al considerar que se tiene que hacer un llamado a la ciudadanía “a que revisemos nuestro comportamiento ciudadano que ha llevado a que nuestro ambiente familiar y social esté más descompuesto, y estemos llegando a este tipo de crímenes”. En cuanto a los avances, explicó que la próxima semana llegarán a Mexicali los integrantes de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIL) para capacitar a los enlaces de todas las dependencias para la captura de información y estar enlazados en Plataforma México. Por otra parte, resaltó que el 26 y 27 de octubre estarán en la entidad los integrantes del equipo de trabajo para exponer lo realizado, “si los estamos invitando es porque estamos seguros de que hay un gran avance en el Estado en los temas que estamos viendo”. El subsecretario General de Gobierno confirmó que sí han estado aportando información a los grupos locales de mujeres. En el caso del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, dio a conocer que ya se está en un proceso final y trabajando con consultores de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y una consultora propuesta por los grupos de mujeres. De la parte que le toca a la PGJE –la capacitación a Ministerios Públicos y la creación de áreas especializadas para la atención a mujeres-, Gutiérrez Vidal declaró que todo eso se está realizando, incluso en Tijuana ya se abrió una Agencia Especializada en Violencia contra la Mujer, con personal capacitado y certificado. En el listado de requisitos para evitar la Alerta de Género, destaca una Casa de Tránsito para la Mujer -similar al Cavin en Mexicali-, del cual, de acuerdo con el consultado, ya se tiene ubicado el terreno. Del tema del Centro de Justicia para la Mujer, dijo que es un punto complicado por la magnitud de la obra, además de que no está contemplado en el presupuesto federal para 2016. “Nosotros vamos a estar trabajando en todos los temas y tenemos un gran avance en cada uno de ellos”, sintetizó.
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