Desde junio pasado, mucho antes de asumir el poder, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, había enviado la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana en la Prevención de la Violencia y la Delincuencia en el Estado. La propuesta plantea una estrategia integral de prevención del delito que involucra a los tres órdenes de gobierno, y sobre todo a las familias sudcalifornianas. Los ejes rectores de esa Iniciativa de Ley son 6: 1.- Familia Segura. 2.- Policía Honesta y Comprometida. 3.- Combate Frontal a la Delincuencia. 4.- Justicia Rápida. 5.- Combate Frontal a la Corrupción 6.- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. A pesar de que la Iniciativa de Ley todavía está bajo análisis y discusión en el seno de la XIV Legislatura de Baja California Sur, según el mandatario, el gobierno del estado inició el trabajo de coordinación con los ayuntamientos, tal como lo expone –entre otras cosas– el proyecto, y conjuntamente primero resolvieron el problema del corte de luz en los gobiernos municipales de La Paz, Mulegé y Comondú, y actualmente trabaja en el programa de bacheo de calles, las cuales se encuentran en pésimas condiciones después de las lluvias de las últimas semanas. Paralelamente, el gobernador Carlos Mendoza Davis adelantó a ZETA que incluso trabajan ya en el diseño de un ambicioso programa de alumbrado público en todo el estado para devolverle la iluminación a las colonias como una medida de prevenir el delito. No solo eso. A un mes de haber asumido el poder, el jefe del Ejecutivo, envió dos proyectos de decreto para reformar la Constitución Política del Estado, dos iniciativas para crear nuevas leyes y las propuestas de nombramientos de la contralora Sonia Murillo Manríquez y del procurador Palemón Alamilla Villeda. Las reformas Constitucionales son las siguientes: 1.- Las fracciones XLVI del Artículo 64 y V del Artículo 79 de la Constitución que plantea “ratificar, en un plazo de cinco días naturales, a partir de que los reciba, los nombramientos que el gobernador haga del Procurador General de Justicia del Estado y Contraloría General, vencido el plazo anterior sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderá como ratificado el aspirante propuesto”, y “el congreso podrá acordar la no ratificación de los aspirantes propuestos, hasta en dos ocasiones continuas respecto al cargo que se proponga, en cuyo caso el gobernador procederá libremente a hacer designación correspondiente”, así como “presentar a consideración del Congreso del Estado, las propuestas para la designación de Procurador General de Justicia y Contralor General, y una vez elegidos, expedir los nombramientos, pudiéndolos remover libremente por causa justificada”. 2.- Los artículos 82 y 84 de la Constitución Política del Estado que plantearon la desaparición del requisito “ser ciudadano sudcaliforniano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, o contar con una residencia efectiva en el Estado, no menor a tres años anteriores al día de la designación”, en su lugar, poner como requisito “ser mexicano, en pleno uso de sus derechos políticos y civiles”. Lo mismo en el caso de los secretarios de estado, tres de los cuales –al igual que el titular de la PGJE– vienen de fuera, no son ciudadanos sudcalifornianos. El argumento fue que el requisito de ciudadano sudcaliforniano “contravenía (a) los principios de igualdad y no discriminación, contenidos en el Artículo 1 de la Constitución General, ya que al establecer clasificaciones o distinciones entre grupos o individuos, constituye una exigencia arbitraria que coloca a los mexicanos en una situación de discriminación respectos a los sudcalifornianos”. Las reformas Constitucionales no fueron suficientes para ordenar la nueva estructura gubernamental, de modo que envió la iniciativa para crear la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, donde reestructuró, fusionó y creó algunas dependencias conforme a la realidad política económica y social del estado. Así, entre las novedades, destaca: 1.- La creación de la Oficina del Ejecutivo. 2.- La desaparición de la Oficialía Mayor. 3.- La fusión de la Secretaría de Finanzas y Administración. 4.- La creación de la Secretaría de Desarrollo Social 5.- La reestructuración de la Secretaría de Pesca, la cual fue dotada de las facultades de “Acuacultura y Desarrollo Agropecuario”. Las reformas, leyes y nombramientos, prácticamente se han hecho en las primeras 14 sesiones del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio de la XIV Legislatura. Al respecto, el diputado del PRI, Joel Vargas Aguiar, consideró que “el marco jurídico siempre debe ser reestructurado por los gobernantes, y estamos conscientes de que nuestra participación es muy importante para modificar y adecuar y apoyar el desarrollo del estado. “Lo único en lo que no hemos estado de acuerdo es que para una sola persona se haya modificado la Constitución Política del Estado, y ya fijamos nuestra postura”, dijo. Finalmente, el legislador comentó que como legislador o como gobernantes “tenemos la obligación de estar revisando el marco legal de manera constante, y, bueno, creo que los estamos haciendo para irnos adecuando a las nuevas circunstancias políticas y sociales en el Estado”.
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