Aunque oficialmente no tiene un diagnóstico, porque “apenas vamos a empezar a elaborarlo”, el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Palemón Alamilla Villada, encontró una institución gubernamental en ruinas, la cual debe reorganizar para afrontar los desafíos que en materia de inseguridad azotan a Baja California Sur, principalmente debido a enfrentamientos entre cárteles de la droga. La institución que Alamilla Villada recibe, presenta las siguientes carencias: * El 50 por ciento del parque vehicular descompuesto; el 25% opera en pésimas condiciones y el otro 25% trabaja de manera óptima. * El 70% del personal operativo carece de uniforme y trabaja sin equipo de protección, como chalecos y cascos antibalas. * El 40% de los agentes de Policía no cuenta con armamento. * El 50% del personal operativo no dispone de radios de comunicación, y los únicos que sirven, se encuentran en mal estado. * El 100% de carencia en los reactivos químicos para elaborar pruebas periciales y de genética. * La constante escasez de combustible para el parque vehicular, lo que frecuentemente permite que no salgan a trabajar a campo por obvias razones. * Los sueldos disparejos entre peritos, policías ministeriales y agentes del Ministerio Público, algunos incluso muy inferiores al de algunas secretarias y auxiliares de la oficina del procurador. * El desvío de recursos federales etiquetados, como es el caso del presupuesto de 45 millones de pesos asignado a la construcción del edificio y equipamiento de la Unidad Antisecuestros, el cual simplemente se esfumó. No quedó dinero, edificio o equipo, menos aún, personal especializado en esa área tan sensible y estratégica para la PGJE. En suma, tal y como textualmente declaró una secretaria a ZETA, “no hay ni para papel higiénico”, y por ende, cada quien tiene que llevar un rollo de su casa para poder entrar al baño de la Procuraduría. Y a pesar de tener un presupuesto anual de 182 millones 453 mil 317 pesos, en los últimos cuatro años y medio, el edificio de la PGJE no tuvo alguna remodelación importante, solo fue colocada una barda perimetral y dos puertas con acceso controlado, además de que se repintó. La única oficina a la que le dieron su manita de gato en el anterior cuatrienio fue la del procurador, con muebles nuevos, cortinas y hasta alfombra. El resto de las oficinas, como Servicios Periciales, Policía Ministerial y agencias del Ministerio Público, permanecieron intactas. Lo anterior explica por sí sola, la ausencia del anterior titular de la PGJE, Adonaí Carreón Estrada, durante la toma de protesta de su sucesor, Palemón Alamilla Villeda, ocurrida el sábado 3 de octubre, quien -según el rol de los responsables de la logística del evento de la Secretaría General de Gobierno- “no fue contemplado en ningún momento para estar en la mesa de honor durante el evento de transición”, por lo que prefirió salir, tras enterarse que tendría su lugar en la tercera fila, y molesto, esperó en la que fuera su oficina para ceder la estafeta. 
— ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar la ciudadanía para comenzar a ver resultados en el tema de la violencia y la inseguridad?, preguntó ZETA a Alamilla Villeda. “Miré Usted, aquí… este… los tiempos los va marcando el… la buena relación que haya con las demás autoridades, y esto es algo que debemos trabajar de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno y los pilares sólidos, que son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, todos coordinados. La respuesta no se hará esperar”. Los pendientes A la par de la situación económica, la PGJE no pasa por su mejor momento, y derivado de los pobres resultados, la percepción social es que se trata de una institución gubernamental carcomida por la corrupción y rehén de los grupos criminales vinculados a los hechos violentos de La Paz. Aunque una semana antes de la llegada del nuevo titular de la PGJE, la violencia cedió, y desde entonces y al cierre de esta edición, no se han vuelto a registrar ejecuciones, del 31 julio de 2014 al 28 de septiembre de 2015, la guerra entre grupos criminales había dejado un saldo de casi 200 muertos. El mes más sangriento -según el recuento de ZETA- fue septiembre pasado, con 31 ejecutados, seguido de agosto con 22, mayo con 21, abril con 16, enero y julio con ocho, marzo con seis y febrero con tres. En suma, van 115 asesinados en 2015. El último homicidio en la pugna entre células criminales del Cártel de Sinaloa fue el 28 de septiembre, cuando fuera ejecutado el custodio y chofer del director del Centro de Readaptación Social de La Paz, Misael Zarim Cosío Delgado “El Misa”, en el patio de su casa en la calle Toronja y Avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Indeco. Desde entonces, y hasta el miércoles 7 de octubre, no se habían presentado más ejecuciones. No obstante, los resultados de la Procuraduría General de Justicia del Estado son bastante pobres, tal y como lo reflejan las estadísticas solicitadas por este Semanario vía Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y enviadas por la Unidad Jurídica y de Amparo de la PGJE. Los números –de acuerdo con el oficio PGJE-UJA/1733/2014- de los años 2013, y de enero a julio de 2014, son los siguientes: * 23 mil 871 denuncias recibidas en 2013, de las cuales fueron consignadas 2 mil 686; 10 mil 759 estaban en el estatus de reserva y 7 mil 265 fueron decretadas del no ejercicio de la acción penal. Del total de denuncias recibidas, fueron libradas 728 órdenes de aprehensión, 453 negadas y solo 553 ejecutadas, quedando pendientes 175 por ejecutar. * 11 mil 802 denuncias recibidas de enero a julio de 2014, de las cuales fueron consignadas mil 435, 3 mil 226 estaban baja reserva o investigación y en 3 mil 463 se decretó el no ejercicio de la acción penal. De este número, ni la propia Procuraduría tenía al día cuántas ordenes de aprehensión fueron concedidas, cuántas fueron negadas y cuántas ejecutadas. En el caso de los hurtos, con base en las propias estadísticas de la PGJE, en 2013 se registraron 646 robos con violencia, mil 540 en lugar cerrado y 2 mil 853 en casa habitación, de los cuales ni el 10% fue resuelto. En el periodo de enero a julio de 2014 se presentaron 421 robos con violencia, 840 en lugar cerrado y mil 488 en casa habitación. Luego está la impunidad de la que gozan los funcionarios involucrados en desvíos de recursos públicos y diversos delitos, los cuales siguen siendo intocables, pues resulta que del 15 de marzo de 2011 al 28 de mayo de 2014, la Agencia Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJE, únicamente consignó nueve de 309 averiguaciones previas abiertas. De acuerdo con los propios datos de la Procuraduría, la omisión, ineficacia y complicidad de la Agencia del Ministerio Público permitió que solo cinco expedientes se remitieran a Juzgados en 2011, dos en 2012 e igual cantidad en 2013; 300 casos más quedaron en el estatus bajo reserva o se determinó el no ejercicio de la acción penal. Acción que obviamente contradice el discurso del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien durante la toma de protesta del nuevo procurador, advirtió: “Quiero ser claro: no importa quien cometa el delito, en Baja California Sur no habrá espacio para la impunidad, y no importa qué delito se cometa, será perseguido con absoluta firmeza, no importa dónde se cometa, porque el brazo de la Ley llegara al rincón que tenga que llegar”. El plan de trabajo Aunque desde que fue presentado oficialmente como el candidato a ocupar el cargo de procurador, y presumido como “abogado”, “académico”, “autor de libros en Derecho Penal” y hasta “un hombre de vasta experiencia en materia de procuración de justicia”, el propio Palemón Alamilla Villeda reconoció que “ningún currículo es suficiente, mientras no se tenga voluntad, compromiso y entrega que la ciudadanía demanda de todo servidor público”. El 3 de octubre, durante la comparecencia con diputados de la XIV Legislatura, Palemón expuso que “el gobernador detectó las carencias de la Procuraduría durante su campaña electoral, quien personalmente estructuró el Plan 6 x 6, el cual cuenta con seis ejes rectores y 36 acciones específicas”, con el cual planean trabajar. Los ejes rectores del plan de trabajo son los siguientes: 1. Familia Segura. La Dirección de Prevención del Delito de la PGJE, diseñará y promoverá la estrategia que permita llevar mensajes a adolecentes, principalmente vulnerables, ante la comisión delictiva, teniendo como norma la Ley de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia de Baja California Sur. 2. Policía Honesta y Comprometida. La Dirección de la Policía Ministerial deberá revisar y analizar los resultados del día a día en la investigación de los agentes que “en el caso de este Estado, los policías son más sagaces que el delincuente”, por lo que incentivarán a los policías con talento y espíritu de servicio, y a la par, habrán de ser dotados de todos los medios para que cumplan con sus funciones de manera eficaz y eficiente. Asimismo, con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la corporación tendrá como nunca un papel más relevante, cuyas investigaciones no deberán cimentarse en reflectores, sino en resultados. 3. Combate Frontal a la Delincuencia. Los peritos, policías y agentes del Ministerio Público del Fuero Común, entrarán en procesos de actualización para convertirse en verdaderos investigadores. Con la entrada en vigor del Nuevos Sistema de Justicia Penal, los fiscales tendrán que salir a sostener la retención punitiva, y los policías deberán coaccionarse entre sí para tener resultados, así como los peritos que tienen que ser contundentes ante el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, y en forma integral, cerrar el paso a la delincuencia, donde solo quedarán a la espera de la implementación del llamado Mando Único, donde previamente se está poniendo en práctica la coordinación entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. 4. Justicia Rápida. Los peritos, Policía Ministerial y agentes del Ministerio Público del Fuero Común, deberán optimizas las acciones, aun cuando se cumplan las formalidades de Ley, en estricto apego a la norma y los derechos humanos, y resolver las indagatorias y no demorar los procesos penales antes de pasar a manos de los jueces. 5. Combate Frontal a la Corrupción. La visitaduría general y el órgano de control interno de la PGJE, deberán ponerse a trabajar de manera seria, eficaz y responsable para ofrecer resultados a la ciudadanía. Tendrán la obligación de brindar resultados congruentes con los de la Procuraduría estatal. Por ejemplo, si la ciudadanía percibe que no hay resultados, los dos órganos deberán presentar números y evidencias de que se está trabajando bien. Una buena procuración de justicia no amerita sanciones disciplinarias, y una mala procuración de justicia, ocupa sanciones y resultados. 6. Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. En el plano nacional, la entrada en vigor del nuevo modelo de justicia, es impostergable y no tiene tiempo de espera ni marcha atrás. En forma gradual, comenzó a implementarse en toda la República, y Baja California Sur, no es la excepción. El Estado no podrá sustraerse a un modelo acusatorio moderno, donde deben estar inmersos todos los servidores públicos de la Procuraduría, porque no es lo mismo un sistema acusatorio clásico, a un sistema acusatorio moderno; deberán saber distinguir entre los dos sistemas. En su mensaje final -tras haber presentado su plan de trabajo y responder preguntas de los diputados en tres minutos, en tres rondas-, Palemón Alamilla Villeda consideró que “ningún esfuerzo será redituable, mientras exista la comisión de un delito que no se investiga, que no arroja datos y no traiga aparejada la sanción al infractor”. Fue más explícito: “Queremos participar en una procuraduría sensible, integrada por personas que están conscientes de que la calidad del servidor público la debemos hacer valer dentro de la institución, siempre al lado de la victima, del ofendido y junto a la población. De no ser así, el reproche social no se hará esperar”. En caso de ser avalado por el Congreso, solicitaría a los servidores públicos de la PGJE buscar que la sociedad reconozca su trabajo, haciendo mucho con poco, lo cual es posible en tanto haya voluntad de servicio, lo que permitirá posicionar al Estado en los primeros lugares del país en cuanto a resultados. El debate Un día después de su comparecencia, Palemón Alamilla Villeda fue ungido como nuevo titular de la PGJE, con 17 votos a favor, tres en contra y una abstención por parte de los diputados de la XIV Legislatura. Aunque en términos generales, la mayoría de los diputados vieron con buenos ojos la llegada del originario de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, como nuevo procurador de Baja California Sur, derivado de su amplia experiencia y don de gente, los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron prácticamente los únicos en oponer resistencia, por haber dejado la procuración de justicia en manos de un extraño. No estuvieron de acuerdo con el nombramiento de un procurador “foráneo” y “sin arraigo”; argumentaron que se estaba abonando al centralismo. Incluso la diputada Irma Patricia Ramírez Gutiérrez, subió a tribuna en la sala de sesiones del Congreso local, donde la priista anunció: “Mi partido preparará una iniciativa que tenga como objetivo restablecer el modelo antiguo de designación de procurador, el cual contempla la sudcaliforneidad obligatoria y presentar tres aspirantes, no solo uno, a fin de tener una terna y abanico de candidatos”. No obstante, la mayoría de los legisladores, incluido el del Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía, estuvieron de acuerdo. “En lo personal a mí me agradó (el procurador), primero porque expuso su plan de trabajo, y se ve que no es un improvisado, inclusive según su currículo, trabajó en varios Estados de la República y tiene mucha experiencia, y lo más importante es que llega sin intereses y sin compromisos de grupos, salvo el de hacer quedar bien al gobernador; y bueno, si no fuera así, pagará las consecuencias”. El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado agregó que el nuevo procurador hizo el compromiso de elaborar un diagnóstico y presentarlo de cómo había encontrado la institución y las estadísticas de los principales delitos en Baja California Sur, y qué hará para resolverlos. 
Por su parte, Rosa Delia Cota Montaño, del Partido de la Revolución Democrática, reconoció que “al principio nos opusimos a la modificación de la Constitución y la Ley Orgánica” para allanarle el camino a un prácticamente desconocido, pero ya después de su comparecencia “nos dio una buena impresión” y denota que “tiene experiencia en material de justicia”. Y abundó: “Por lo que estamos viviendo aquí (ola de violencia), yo creo que sí fue lo más conveniente que alguien viniera de fuera, porque no trae intereses, y su único compromiso es con el gobernador, y trae la intención de hacer las cosas de manera correcta, cuya violencia se nos ha ido de las manos por todo lo sucedido, de sobra conocido”. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso, Alfredo Zamora García, declaró que previo a la votación, “revisamos y analizamos su perfil, como abogado, catedrático y maestro en Ciencias Penales, y consideramos que era la persona idónea por la experiencia en su paso por la PGR, y sabemos que cumplirá a cabalidad; esperamos que en los primeros días comience a notarse el trabajo que va a desarrollar. Tuvo la confianza de la mayoría calificada del Congreso, y bueno, todos esperamos buenos resultados”. El legislador panista puntualizó: “El nuevo procurador va a revisar la experiencia y capacidad de toda la gente que trabaja en la Procuraduría, y aprovechará la mano de obra calificada y la gente que no tiene el perfil, pues tendrá que depurar la institución; finalmente vienen los Exámenes de Control y Confianza, y podrá saber quiénes son y quiénes no son confiables”. La toma de protesta Pasada la prueba de fuego en el Congreso del Estado, el 3 de octubre, Palemón Alamilla Villeda tomó protesta como nuevo procurador de Justicia del Estado. En ausencia de su antecesor, Adonaí Carreón Estrada, y en presencia del gobernador Carlos Mendoza Davis; del General de Brigada y Comandante de la III Zona Militar, Juan Manuel Corona Armenta; y del Vicealmirante y Comandante de la II Zona Naval, Francisco Ponce de Castro; así como la recién estrenada delegada de la Procuraduría General de la República, Ana Luisa Vera Andrade, Alamilla comentó: “Vamos a demostrar que sí hay Procuraduría en el Estado”, y asumió el compromiso del NSJP, del cual “todos los servidores públicos deberán estar conscientes y conocer la historia de este paradigma en México, dejando un sistema que se arrastraba desde hace 100 años y arribando al nuevo modelo penal”. Si bien, reconoció que “el reto es grande, los policías y peritos deberán estar entusiastas y posicionarla en uno de los primeros lugares en toda la República”. El nuevo titular agregó que pretende convertir a la Procuraduría “en una institución de rostro social, con una cara amable, donde todos los funcionarios deberían entender que son servidores públicos y se deben a los sudcalifornianos”. Aunque aseguró conocer Baja California Sur “cuando vine de viajes de placer o por viajes de trabajo”, ahora tendrá oportunidad de quedarse y trabajar por el bien de la sociedad sudcaliforniana. Durante el evento “privado”, como lo llamaron los organizadores de la Secretaría General de Gobierno, el acceso a los medios de comunicación fue restringido, y prácticamente fueron concentrados en un corral, al estilo de la Cámara de Diputados; no podían moverse y únicamente era posible tomar fotografías. Después de la toma de protesta, el gobernador Carlos Mendoza Davis, agradeció la confianza depositada por los diputados al nuevo titular de la PGJE, y destacó su trayectoria. Previo a presentar la propuesta de Palemón, éste fue evaluado y presentó los Exámenes de Control y Confianza con las autoridades federales competentes, y sin mayor problema, aprobó las pruebas medicas, toxicológicas, psicométricas, poligráficas y de entorno familiar; lo que no solo permitió dar cumplimiento a los acuerdos nacionales de coordinación de seguridad pública, sino confirmar que se contará con un procurador honesto, confiable, firme y preparado. “Pongo en su manos la tarea de honrar la Ley, perseguir los delitos, combatir el crimen y la tranquilidad de las familias y los hogares, y la certeza de que las calles y parques, volverán a ser centros de convivencia”, conminó el titular del Ejecutivo estatal. “No hay tiempo que perder”, por lo que instruyó a Alamilla Villeda a desempeñar el cargo “con solvencia técnica, entusiasmo, pasión y responsabilidad, y regresar la paz que hasta hace unos meses destacaba al Estado a nivel nacional por su tranquilidad y calidad de vida, y el buen vivir de los sudcalifornianos. A la sinrazón del crimen en la tierra, la confrontamos con la razón del Estado, al desafío de la delincuencia le opondremos la fuerza de la Ley, y el peso del Estado”, complementaría Carlos Mendoza Davis. Finalmente, el gobernador adelantó que la nueva política de seguridad y procuración de justicia, contempla la prevención de los delitos, recuperación y rescate de espacios públicos, trabajo social y la implementación del trabajo de inteligencia, poniendo a la ciudadanía en el centro de los esfuerzos institucionales para proteger en todo momento su dignidad y seguridad. Los narcos a la Policía de Los Cabos Después de haberse jubilado, tras estallar un escándalo de la narconómina pagada por el jefe de plaza del narcomenudeo en Los Cabos, Javier Guadalupe Acosta y/o Javier Acosta López “El Javy” o “El Cangre”, Cirilo Castro Cosío “El Cirilón”, regresó el primero de octubre como encargado de despacho de la Comisaría de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, en el gobierno del alcalde Arturo de la Rosa Escalante. Subdirector de la Policía en el último tramo de la administración de la ex alcaldesa Mirna Xibillé de la Puente, “El Cirilón” fue señalado por el entonces lugarteniente de “El Javi”, Jaime Ariel Meza López “El Jimmy” -luego de su detención en un operativo del Ejército Mexicano- de recibir 35 mil pesos quincenales por proteger actividades ilícitas de esa organización criminal. 
En septiembre de 2010, en un reportaje titulado “Narco delata a policías”, ZETA dio a conocer que el segundo de a bordo del jefe de plaza del narcomenudeo en ese destino turístico, reveló que pagaban 60 mil pesos mensuales al entonces director, Apolinar Ledesma Arriola, y 20 mil pesos a cada uno de los comandantes de sector por permitir y proteger la venta de droga, lo que derivó en la apertura de una averiguación previa en la Agencia del Ministerio Público de la Federación de la PGR, la cual sospechosamente no prosperó. Ahora, luego de cinco años, el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, dio posesión a Cirilo Castro Cosío como encargado del despacho, bajo el supuesto de que es temporal, en virtud de que el gobernador Carlos Mendoza Davis habrá de proponer al candidato a director y -trascendió- “está en proceso de presentar los Exámenes de Control y Confianza”. No obstante, el nombramiento del controvertido jefe policiaco, es una mala señal para los habitantes de Los Cabos, sobre todo por la llegada de policías públicamente señalados de tener vínculos con el crimen organizado, aunado a que se advierte la mano del ex director de la Policía, Apolinar Ledesma Arriola. Relevos en la PGR Después de 469 días en el cargo, y tras su controvertido paso por la delegación de la Procuraduría General de la República de Baja California Sur, José Peruyero Arredondo, finalmente dejó el mando el 24 de septiembre; su lugar fue ocupado por la ex subdelegada de la PGR en Colima, Ana Luisa Vera Andrade. El hoy ex delegado había sucedido en el puesto a José Bernal Romero el 18 de junio de 2014, previo al inicio de la guerra entre células criminales del Cártel de Sinaloa, la cual hasta el momento arroja un saldo de casi 200 asesinatos en La Paz. Vera Andrade hizo su primera aparición pública el 3 de octubre -diez días después de asumir el cargo- , cuando se presentó a la toma de protesta del nuevo procurador general de Justicia del Estado, Palemón Alamilla Villeda. 
Desde su llegada, se hizo acompañar de su pareja sentimental, quien la tomaba de la mano insistentemente, lo que generó algunos comentarios entre la clase política presente. Después de terminado el acto, la nueva delegada de la PGR en Baja California Sur fue abordada por los medios: — ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de Baja California Sur, en relación con la violencia y el crimen organizado? “Estamos trabajando en ello, cuando tengamos algo que comentar se los haremos saber”. — ¿Tiene algo que comentar a su llegada al Estado, sobre todo por la ola de asesinatos violentos de los últimos días? “Vamos a trabajar todo lo que es el ámbito federal, y estamos viendo la organización de la estructura de la delegación”. — ¿Cuál es la encomienda que Usted trae de México? “Ahorita estamos revisando todo lo que hay en la delegación para poderles dar, y los habré de convocar para que podamos platicar”. — Pero la encomienda de México cuál es, delegada. “Trabajar muy fuerte para que regrese la tranquilidad al Estado”. — La mayoría de los crímenes violentos, así lo reconoció inclusive el propio gobernador, tienen que ver con el crimen organizado, y a la fecha, la delegación de la PGR no ha atraído los casos. ¿Que va a ocurrir? “Créame que todo lo que compete al ámbito federal lo vamos a ver. ¡Muchísimas gracias!”. El nuevo procurador 
Nombre Erasmo Palemón Alamilla Villeda Edad 56 años Origen Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo Profesión Abogado Título Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Obras “Introducción a la Teoría del Delito”, “La Secuencia del Procedimiento Penal”, “La Transición del Proceso Penal en México 2008-2016” Maestrías Ciencias Penales y Criminalística Cargos públicos Agente del Ministerio Público de la Federación Subdelegado de la PGR en Morelos, Nayarit y Sinaloa Delegado de la PGR en Aguascalientes Director de Control de Procesos de la Zona Centro de la PGR Fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud de la SEIDO Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra Lavado de Dinero de la PGR Director de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente de la PGR Fuente: Investigaciones ZETA
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