En vísperas del II Informe de Gobierno de Baja California encabezado por Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en diversos foros representantes de la iniciativa privada –juntos y por separado– consultados directamente por representantes de la prensa, han manifestado que en Baja California urge liderazgo para enfrentar la problemática que padece el estado en términos económicos y de seguridad. Conocedores de los números no comparten la visión triunfalista del II informe del licenciado Vega, nos referimos a la versión corta de 15 minutos, la cual puede buscar en internet, misma que fue difundida por medios electrónicos y a través de un folleto que se empezó a repartir en las calles del estado la mañana del 1 de octubre. Pero mientras el mandatario presumía del incremento en la inversión en la generación de empleo, los hombres de negocios refieren la desaceleración, la devaluación y la inhibición del crecimiento. Más puntual, el presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, Roberto Valero, consultado por ZETA, precisó que ni se están generando los empleos ni está llegando la inversión que asegura el gobernador. Detalló que la Secretaría de Hacienda y la del trabajo aclararon que no se trata de nuevos empleos, son los trabajos que ya existían en la informalidad y se regularizaron. Porque en la realidad apenas se han generado 3 mil nuevas plazas pero mal pagadas, porque el número de personas que gana 1 salario mínimo creció, en tanto las que cobran 5 salarios mínimos se redujeron drásticamente. En cuanto a la inversión nueva dijo Valero “hablan de 52 mil 400 millones de dólares, si fuera real estaríamos inundados de inversionistas y se vería una actividad económica impresionante”, explicó para después hablar de los números del único organismo con autoridad para hablar al respecto, el Registro Nacional de Inversiones: “Según los reportes de este año Baja California tiene mayor ingreso por remesas que por inversiones”. Luego en el apartado titulado “seguridad integral y estado de derecho” el Gobernador se dedicó a hablar de inversión y cadetes graduados, pero evadió la falta de resultados, que se evidencia en el incremento en los niveles de inseguridad, léase homicidios en Tijuana, robos violentos en el resto de los municipios y narcomenudeo en todo el estado. Al respecto, Jonathan Díaz, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, agregó que los presidentes de los comités acusan insensibilidad de las autoridades, y efectivamente ausencia de liderazgo para encabezar un proyecto integral que combata el tema desde todos los ángulos. No ven al Gobernador, “ni a otra autoridad”, tomando la batuta por ejemplo en el combate a las adicciones que han generado el aumento de la violencia en el estado. La calidad educativa también ocupó una parte importante del informe del mandatario, y enfatizar que Baja California es el primer estado con preparatoria gratuita era obligado. Obvio, sin hacer mención de las consecuencias de su falta de capacidad negociadora que dejó sin clases por más de un mes en el primer trimestre del año a más de 300 mil y hasta 600 mil alumnos –dependiendo del tipo de paro– por falta de pagos (recursos federales) a maestros. O el hecho de que su administración se endeudó para supuestamente pagar las jubilaciones a 2 ml 480 maestros que siguen sin recibir su dinero. En cuanto al problema de escasez de agua en Ensenada, pareciera que apuraron cuanto pudieron, y un día antes del informe, finalmente anunciaron a la ganadora del atrasado proyecto de des-saladora. Luego las cosas buenas que parecen malas. Inversión millonaria en el Puente Lázaro Cárdenas que además de beneficiar, efectivamente a miles de tijuanenses, incrementa notablemente la plusvalía de un conjunto de condominios en los que Vega tiene intereses como empresario. Entonces, habla en el 2do informe del incremento de la inversión en ciencia y tecnología y resulta imposible no recordar que el Secretario de Economía, Carlo Bonfante Olache, ha aprovechado su acceso a información privilegiada, para acceder a recursos federales del mismo ramo para sus empresas, y entregado más de 50 millones a compañías no existentes. Lo mismo sucede cuando hace referencia a los recursos millonarios erogados en Desarrollo Social. ¿Cómo no remitirse a los señalamientos de los organismos de la sociedad civil que acusan al secretario Ricardo Magaña de pulverizarlos, de manipular las licitaciones, de entregárselos a sus amigos o lo que es peor, de pedir un porcentaje del beneficio que entrega? Señalamientos similares han sido hechos por proveedores del estado contra el Secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, lo que indica que en el tema de opacidad gubernamental, el mandatario estaba obligado a mucho más que presumir que la página del estado tiene uno de los primeros lugares en transparencia del país; pero no lo hizo. Tampoco habló de la explotación de los jornaleros en San Quintín, problema que por cierto dejó crecer hasta que generó un violento levantamiento. Todavía peor, después de 7 meses los campesinos acusan persisten las condiciones de marginalidad. Así, el gobernador Francisco Vega le quedó a deber a los bajacalifornianos en su mini informe, y en los resultados de su segundo año de gobierno. Por lo que habrá que esperar las comparecencias de sus secretarios ante el Congreso, con la esperanza de que los diputados tengan la inteligencia, la pericia y los tamaños para aclarar puntos, representar y defender los intereses de los bajacalifornianos.
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