Ser nominado para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente de México y ser electo por el Senado de la República puede, en estos tiempos, ser considerado uno de dos actos: 1. Sacarse la lotería. 2. Culminar la carrera judicial llegando a la más alta encomienda en el ejercicio del derecho procesal. Si la sensación del nombramiento es la primera, significa que el nuevo ministro no tiene carrera judicial, nunca se ha sentado en la silla de juzgador ni ha servido como magistrado en el orden federal o estatal alguno y va por los más de 400 000 pesos de sueldo mensual durante quince años, y una pensión garantizada. Pero si el efecto de la confirmación es lo segundo, habrá llegado a la Corte de Justicia de la Nación una persona con todos los méritos colegiados y de carrera judicial necesarios para aportarle a ese órgano experiencia, imparcialidad y sabiduría (y sí, con el mismo sueldazo). La diferencia entre uno y otro sentimiento —que no sólo sucede al electo, sino que penetra a la sociedad enterada— afecta el futuro de uno de los tres poderes que integran el Estado mexicano. Si se llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el único mérito de ser amigo del presidente se corre el riesgo, como sucedió a la llegada de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de que cambie la votación del Colegiado y quede en libertad una señalada secuestradora como Florence Cassez. En noviembre próximo, en efecto, dos de los once ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegarán al final del periodo de quince años para el que fueron electos. Se trata de los dos ministros nominados por Ernesto Zedillo Ponce de León cuando fue presidente de la república, en 1995: Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Ambos colegiados han sido presidentes del Poder Judicial y son abogados por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con carrera judicial antes de su confirmación como ministros. Sánchez Cordero trabajó en la Facultad de Derecho de la UNAM, fue notaria y magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y Silva Meza fue secretario de un tribunal colegiado, juez de distrito, magistrado de Tribunal Colegiado y magistrado de Tribunal Electoral. Ninguno de los dos propuestos por Zedillo, pues, entraba en la dinámica de sacarse la lotería, sino en el camino de culminar una carrera en el Poder Judicial dentro de su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. REFUGIO DE CUATES Para el presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, y por los dos ministros que llegaron por su recomendación, la Suprema Corte se ha convertido en un refugio de cuates. En un pago político a funcionarios que le acompañaron en el pasado. Aun cuando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no fue propuesto por Peña, sino por Felipe Calderón al final del año 2012, es públicamente conocido que lo hizo a petición del entonces presidente electo. Alfredo Gutiérrez no tiene experiencia ni en el Poder Judicial de los estados ni en el federal. Abogado especializado en fiscalización, se mantuvo como jefe del Servicio de Administración Tributaria y ligado tanto a gobiernos del PAN como del PRI, hasta ser nominado a ministro y aprobado por el Senado. En relación con Eduardo Medina Mora, en marzo de este 2015 fue nominado, ahora sí, directamente por Enrique Peña Nieto para ser ministro. Igual abogado sin experiencia en el derecho procesal, el colegiado, y sin haber tenido cargo alguno en juzgado, magistratura o corte alguna, pero con experiencia en el servicio público donde fue funcionario, de igual manera tanto en gobiernos del PAN como del PRI, había sido nombrado embajador de México en Estados Unidos cuando Peña, sin un dejo de respeto por la Suprema Corte, no sólo lo nominó, sino cabildeó con su equipo de entonces representantes en el Poder Legislativo —Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones Rivera— para que fuese electo contra todos los actores que consideraban que los otros dos postulantes, Felipe Fuentes Barrera y Horacio Hernández Orozco, tenían la experiencia necesaria para convertirse en ministros de la Corte dada su carrera judicial, ambos jueces, ambos secretarios de Tribunal. Es evidente que para el presidente de la república la experiencia no es un factor de importancia en la integración de su gabinete y tampoco en la nominación de candidatos a ministros. Pero el daño que se le puede hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conformarla con inexpertos pero sensibles al gobierno federal en turno, es incalculable. De los tres poderes del Estado mexicano, el Judicial es el único que no es electo por el pueblo. Siendo los electores quienes eligen a los representantes del Poder Legislativo y al titular del Poder Ejecutivo. De ahí que sea necesario endurecer los requisitos descritos en la Constitución Mexicana para elegir ministro. Por lo menos, obligar al presidente en turno a considerar en ese Poder la experiencia que lo lleve a ejercer su autonomía e independencia de manera cabal, y no que se convierta como el Poder Legislativo en un apéndice del Poder Ejecutivo, donde el presidente ordena y diputados y senadores acatan. En los últimos días, dado que el 30 de noviembre concluye la labor de los magistrados Sánchez Cordero y Silva Meza, el debate nacional se ha centrado en la necesidad de cambiar los requisitos, y la inquietud de solicitarle al presidente Enrique Peña Nieto que pondere la experiencia en el derecho procesal y la carrera judicial, por encima del favoritismo y el amiguismo al momento de nominar. Representantes del PAN y del PRD le han pedido públicamente no nominar a políticos o exfuncionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo, y además consideran cambiar las reglas —aun cuando en un Poder Legislativo dominado por priistas y aliados se antoja imposible— para asegurar que los nominados sean todos de carrera. Actualmente los requisitos que se inscriben en el Artículo 95 de la Constitución Mexicana anotan que para ser electo ministro de la Corte se necesita: “Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y no haber sido secretario de Estado, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento”. De manera muy escueta se asienta además: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. Con los antecedentes en las nominaciones del presidente Peña y la disponibilidad del Senado para aprobar las recomendaciones del mandatario, en diciembre próximo cuando dos nuevos ministros entren a la Suprema Corte, el Poder Judicial podría perder su independencia y autonomía, o conservarla. Todo está, de acuerdo con la Legislación actual, en manos del presidente. Si decide, en un acto de respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nominar a un abogado colegiado, de carrera, para abonarle a la independencia del Poder Judicial, o si, como lo ha hecho, nomina a uno de sus allegados, un exfuncionario, un senador, un diputado o un ex servidor diplomático, o político del Estado de México que le ayude en el futuro a influir también en las decisiones judiciales de este país. Si la Corte es autónoma o servicial, ahora sí que depende del respeto que el actual presidente de México tenga por el Poder Judicial.
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