El anuncio de un Operativo Antinarcóticos en Tijuana, hecho por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares, expuso varios agujeros negros dentro de la estrategia de combate a la inseguridad en el mencionado municipio. Que tratándose de violencia, es el principal botón de muestra en Baja California. De entrada, Tijuana toca su tope máximo de inseguridad en el año, y lo único que se les ocurre es reciclar un operativo que ya ha fallado en meses anteriores. Y todavía lo publicitan. Como no es el vocero del Grupo Coordinación ni el responsable de las órdenes de aprehensión -según el Código Penal-, todo indica que el licenciado Lares no pudo reprimir su impulso. Tal vez fue una gran necesidad de aprobación, quizá intentaba combatir las críticas, a lo mejor dar la impresión de que sí están trabajando, acaso cuidar su puesto y callar las voces que piden su destitución. Pero sin medir consecuencias, cacareó que van por un puñado de delincuentes inmiscuidos en la venta de droga al menudeo e hizo lucir el operativo como un malogrado intento de “asustar con el petate del muerto”. Para empezar, quienes participan en el operativo aseguran que el paquete de órdenes a ejecutar es enorme -no 180- y tiene fácilmente el grosor del directorio telefónico de Tijuana. Como no reúnen elementos suficientes para abatir semejante rezago, entonces ya no es una amenaza, sino un aviso con la intención de informar a los criminales para que huyan de sus zonas de confort, por lo menos por unos días, semanas o meses, si tienen suerte, y esto baje temporalmente la incidencia delictiva, lo que generaría una falsa seguridad. Ahora, si realmente existe la intención de capturar a todos esos delincuentes, entonces Lares se habría ido de boca y los tijuanenses estarían enfrentando por lo menos cinco problemas: una Procuraduría incapaz de cumplir con su obligación de capturar delincuentes que ya tienen orden de aprehensión; policías operativos que descuidan sus obligaciones preventivas para hacerle el trabajo a la PGJE; otra vez, corporaciones sin depurar “persiguiendo” criminales; un operativo reciclado y hasta ahora, resultados deficientes. La no depuración es pública, y ninguno de los directivos de seguridad es ajeno a las denuncias contra elementos en todas las corporaciones liados a las diferentes células delictivas, esos que roban droga y dinero, que protegen a los criminales o los apoyan levantando e incluso ejecutando a sus rivales. Y ahora quieren creer que perseguirán a quienes les completan el sueldo. Luego los agentes limpios que intervengan, correrán el riesgo de que avisados, los delincuentes los reciban a balazos. Adicionalmente, bautizado como Operativo Antinarcóticos y anunciado como novedad, esta forma de trabajo conjunto para ejecutar órdenes de aprehensión estaría en su tercera edición en los últimos cinco meses. Cuando inició el incremento en los homicidios, la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales se coordinó con la Policía Municipal, ese primer intento duró más o menos tres semanas. Después sucedieron las muertes en lugares públicos en agosto, y la SIE decidió volverse a coordinar, esta vez con la Policía Estatal Preventiva. Se aplicó dos semanas en las zonas más violentas, pero se suspendió porque los agentes ministeriales se negaron a continuar con el arduo trabajo y a la segunda semana los criminales ya les habían tomado la medida y reiniciado la jornada violenta. ¿El único logro? Reducir el número de muertos dos, tres semanas entre abril y septiembre, aunque los conteos mensuales siguieron a la alza. Ahora de nuevo se coordinan, esta vez ministeriales, estatales y municipales, y Lares lo divulga con entusiasmo, aunque sabe que la mayoría de quienes logren capturar, podrán salir pagando una fianza de 5 mil pesos y seguir delinquiendo, porque muy pocos tienen cargos graves. Entonces, si saben que no los retendrán en las cárceles, significa que solo quieren presionar a los vendedores de droga al menudeo para que éstos consideren mejor opción bajarle al número de asesinatos, para quitarse de encima a la autoridad y poder continuar tranquilamente con su actividad delictiva. Septiembre se convirtió en el mes más sangriento de 2015 en la entidad fronteriza, con 73 asesinatos. Por ello, a partir del 1 de octubre los diversos representantes del sector empresarial -como lo han hecho desde abril, que inició la ola de sangre- de nuevo alzaron la voz a nombre del resto de los ciudadanos. Los más políticos, exigiendo cambio de estrategia; el resto, cuestionando que si hay una, urge modificarla. Reclaman a las autoridades haber bajado la guardia, lo que ha resultado en el incremento de inseguridad. Exigen definir roles, responsabilidades, reforzar lo que está funcionado, generar acciones nuevas ante una realidad más violenta, o retomar las que funcionaron en 2008-2010, pero no son escuchados. Las autoridades y quienes siguen el tema de seguridad, saben que lo que están proponiendo es más de lo mismo y que no ha tenido éxito. Es básico, los gobiernos no pueden esperar resultados diferentes o mejoras reales, si realizan las mismas acciones. Por lo que su actuar resulta cínico, como mínimo omiso e irresponsable, además de un robo a la ciudadanía, dado los altos salarios que cobran los titulares de las áreas de seguridad en Baja California.
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