“La verdad duele, pero duele más la mentira y no saber lo que pasó”.- Carlos Beristain, de la CIDH Los legisladores federales afines al presidente Enrique Peña Nieto, primero se negaron a crear comisiones especiales para revisar, analizar y supervisar la investigación de las autoridades en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Luego fueron más lejos al exhibir sin decoro el grado de impunidad del grupo político en el poder, a quienes les importa nada lo que el pueblo pida y exija en su legítimo derecho, posición que el senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó muy clara al reiterar ante los reporteros: “No voy a dejar, de ninguna manera, que se discuta lo que la mayoría quiera”, refiriéndose al mismo tema. Con la evidente manifestación de que harán lo que les venga en gana porque tienen la mayoría. Esto sucedió a 2 y 3 días de que se cumpla un año que los jóvenes fueron privados de la libertad. Dos semanas y media después que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos refutara los resultados de la indagatoria realizada por la Procuraduría General de la República –la verdad histórica– de que todos fueron incinerados en un basurero en un ataque coordinado entre policías municipales y el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos. La CIDH también exhibió la imposibilidad de cerrar un caso con tantas inconsistencias. De manera específica refirieron por lo menos tres ubicaciones distintas dadas por todos los detenidos –111 hasta septiembre de 2015– como lugar de la presunta matanza: en una colonia de Pueblo Viejo, en una casa de Lomas, y el basurero de Cocula y su río. Por si todavía alguien creía que la impunidad de este caso que ha dejado expuesto a México como un país arbitrario que viola flagrantemente los derechos humanos, la presidencia informó el 24 de septiembre que el Presidente Enrique Peña no estará en el país cuando se cumpla un año de los hechos. El mandatario estará en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en Nueva York, Estados Unidos. Ni por asomo consideró encarar su responsabilidad y responder a los afligidos padres –una cosa es recibirlos y otra darles respuestas–, a los enfurecidos normalistas que fueron compañeros de los desaparecidos, ni a las inquietudes de sus gobernados. Nada de explicarle al pueblo mexicano, por ejemplo, cuáles fueron las razones exhibidas en su momento por el ex Gobernador o los mandos Militares y de la Policía Federal para no hacer nada, cuando atestiguaron aquella noche la desaparición forzada de los 43 normalistas que según la verdad histórica concluyó en un asesinato en masa. Así, el Presidente decide continuar con su estrategia de no hablar a fondo de la realidad que afecta a los mexicanos, para fingir que no existe e intentar fallidamente que su imagen no se vea afectada. Mientras la desmentida PGR maneja un triple discurso: primero admite la posibilidad de una revisión; después defiende su teoría y usa a expertos para hacerlo; y posteriormente intenta desacreditar el trabajo de la CIDH. Ahora, es pertinente recordar que la versión de la CIDH al referir impunidad en las desapariciones forzadas, no está sola En febrero de 2015 el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, advirtió tras una recomendación al gobierno peñista, que este tipo de privaciones de libertad eran generalizadas en México y quedaban impunes. Este mes de septiembre, en la conmemoración del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, fue más tajante al señalar que el Estado ha sido incapaz e insuficiente en su actuación en torno a este delito. De hecho, respaldó su dicho con los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los que indican que de enero de 2005 a marzo de 2015, oficialmente en México hay 25 mil 955 personas “no localizadas”, 10 mil 836 han desaparecido en el gobierno peñista. En este marco, los padres de los 43 normalistas cumplirán un año buscando a sus hijos y reclamando justicia acompañados por el pueblo de México. Sin embargo, el viaje del Presidente al extranjero y las palabras del senador Gamboa dejan claro que más allá de la incapacidad e ineficiencia de las instituciones, lo que impedirá tener respuesta en el corto y mediano plazo es la estrechez mental y la insensibilidad de quienes las encabezan.
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