Todo parece indicar que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, meterá las manos en el gobierno libre y soberano de Baja California Sur. La próxima semana será clave para conocer el peso político e influencia que el funcionario federal habrá de ejercer sobre el gobernador Carlos Mendoza Davis. A solo una semana de la toma de protesta de su amigo y nuevo gobernador, el titular de Hacienda recomendó a Víctor Manuel Contreras Martínez, su director general de Control Procedimental de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, quien de ser avalado por la mayoría de diputados locales de la XIV Legislatura, ocupará el cargo de procurador general de Justicia del Estado de Baja California Sur. De hecho, el 14 de septiembre, el gobernador sudcaliforniano comenzó a prepararle el terreno al recomendado de Videgaray, cuando envió al Congreso local un proyecto de decreto para reformar los artículos 82 y 84 de la Constitución Política del Estado, los cuales impedían que un fuereño pudiera ser designado titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) o secretario de Estado. El proyecto de decreto -según el documento en poder de ZETA- plantea la desaparición del requisito “ser ciudadano sudcaliforniano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, o contar con una residencia efectiva en el Estado, no menor a tres años anteriores al día de la designación”, y en su lugar, colocar como requisito “ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles”. El argumento -de acuerdo con el proyecto- es que ese requisito “es contrario a los principios de igualdad y no discriminación, contenidos en el Artículo 1 de la Constitución General, ya que al establecer clasificaciones o distinciones entre grupos o individuos, constituye una exigencia arbitraria que coloca a los mexicanos en una situación de discriminación respecto a los sudcalifornianos”. 
El proyecto enviado por el jefe del Ejecutivo habla sobre el Estado de Derecho y el Sistema Constitucional Mexicano, por lo que el requisito de “ser sudcaliforniano”, contraviene a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicano y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de igualdad y no discriminación, incluso va contra las últimas reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos, decretadas por el Congreso de la Unión. El nombramiento del recomendado del secretario de Hacienda es prácticamente mero trámite. La próxima semana habrá de ser presentada la propuesta en el Congreso del Estado, y los diputados, tendrán cinco días -a partir de ese momento- para votar por la ratificación o no del candidato a la PGJE. La mayoría absoluta del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso local -15 de 21 diputados- garantiza de antemano una votación a favor de la propuesta del nuevo procurador, y donde informados de lo que se ve venir, comenzó a generar comentarios encontrados entre diputados, unos a favor y otros en contra de la designación. De no haber marcha atrás, Víctor Manuel Contreras Martínez, podría ser ungido la próxima semana como nuevo titular de la Procuraduría del Estado de Baja California Sur. El probable procurador A pesar de que Víctor Manuel Contreras Martínez tiene el aval y el visto bueno del Gobierno de la República, nada garantiza que la ola de violencia pueda detenerse en el futuro inmediato, sobre todo cuando el crimen será atacado por un procurador con perfil fiscal y no especializado en delincuencia organizada. En su primera semana de trabajo, el gobernador Carlos Mendoza Davis tuvo diez muertos. Incluso el día de su toma de protesta, mientras ofrecía seguridad a las familias sudcalifornianas, dos delincuentes fueron ejecutados a tiros en las colonias El Calandrio e Indeco al sur de La Paz, y en los días posteriores, ocho más fueron acribillados. En promedio, casi dos personas asesinadas por día, lo que disparó a 178 la cifra de ejecutados en la guerra de narcomenudistas por el control de la plaza de La Paz, Baja California Sur. No obstante, el mensaje de colocar a un procurador que viene de fuera del Estado, es bastante claro: limpiar la casa y desligarse de los grupos criminales en pugna, y entonces sí, comenzar a capturar a los cabecillas con el apoyo del Gobierno de la República. Según datos recabados por ZETA, e independientemente de su origen, el candidato a procurador es un hombre de resultados. En su calidad de director general de Control Procedimental de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP, contribuyó en la investigación y captura de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, acusada del delito de operación con recursos de procedencia ilícita. La maestra fue detenida el 26 de febrero de 2013, cuando descendió de su jet privado en el Aeropuerto Internacional “Adolfo López Mateos” en Toluca, Estado de México.
Durante el largo proceso, dos nuevos cargos lograron acreditarse: defraudación fiscal y delincuencia organizada. No solo eso: el recomendado de Videgaray también participó en la investigación en contra del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien el 24 de junio de 2013 fue detenido y acusado por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La investigación también llevó a la captura del ex secretario de Administración y Finanzas del ex gobernador tabasqueño José Manuel Sáenz Pineda, detenido en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba huir a Estados Unidos. Las opiniones Aunque inicialmente trascendió que el jueves 17 de septiembre, Víctor Manuel Contreras Martínez sería presentado como la propuesta para ocupar el cargo de procurador general del Estado, finalmente -y por razones desconocidas- la acción no se llevó a cabo en la XIV Legislatura. El argumento -según el diputado panista Venustiano Pérez Sánchez- es que “primero iban a sacar adelante el nombramiento de la Contralora General del Estado, y después el del titular de la Procuraduría”. El 17 de septiembre, la candidata propuesta por el gobernador sudcaliforniano, Sonia Murillo Manríquez, fue citada a comparecer con los diputados, donde presentó a grosso modo, su agenda de trabajo. Con el visto bueno del gobernador Carlos Mendoza Davis, los diputados programaron para el 18 de septiembre una sesión extraordinaria, donde se esperaba que fuera ratificada la propuesta, en virtud de que el 19 de septiembre, vencía el término legal para el nombramiento. 
Sobre la virtual designación del recomendado del funcionario peñista, el diputado Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo, indicó que desde que se supo de la propuesta de Víctor Manuel Contreras Martínez, se ha generado un debate en el interior del Congreso. Los más abiertos “están de acuerdo en que el nuevo procurador venga de fuera, porque como no conoce gente en el Estado, no tendrá compromisos con nadie”; en tanto los más conservadores, “creen que debe ser alguien local, con arraigo, que sepa de la idiosincrasia, costumbres y forma de vida de los sudcalifornianos”. Mientras que Venustiano Pérez expuso: “Yo en lo personal creo que el próximo procurador debe ser alguien que ofrezca resultados”, sobre todo tomando en cuenta la ola de violencia que azota a la capital sudcaliforniana. Aunque no todos los diputados están en la misma sintonía, como es el caso de Maritza Muñoz Vargas, del Partido de Renovación Sudcaliforniana (PRS), quien declaró que oficialmente no han presentado la propuesta del nuevo procurador, y por lo tanto, deben esperar a que ello suceda para emitir una opinión al respecto.
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