El gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, dará el 4 de septiembre su cuarto y último informe de gobierno con 148 asesinatos, después de mil 639 días de administración. Los ejecutados, desmembrados, decapitados, incinerados, enterrados en fosas clandestinas y abatidos en tiroteos y enfrentamientos son consecuencia de una guerra por el control de la plaza del narcomenudeo entre células del Cártel de Sinaloa en La Paz. Desde su toma de protesta, el mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) había logrado mantener una capital tranquila, lo que –a diferencia de estados como Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Estado de México— le daba para presumir un estado pacífico, hasta el 31 de julio de 2014, cuando fue ejecutado el escolta del capo Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, Esteban Espinoza Velázquez “El Pantera”, en el kilometro 8.5 de la carretera La Paz-Los Planes. Desde entonces, la pugna detonó, y los resultados para contener la ola de violencia en las calles fueron pocos o nulos en su cuarto año de gobierno. Según el último recuento de ZETA, tan solo en el 2015, 87 personas habían sido asesinadas en La Paz, de las cuales 8 lo fueron en enero; 6 en febrero; 3 en marzo; 16 en abril; 21 en mayo; 8 en junio; 10 en julio y 15 en agosto, así como 8 más en el destino turístico de Los Cabos. En suma, 95 asesinatos, relacionados con el crimen organizado, en lo que va de 2015, lo que representa casi el doble de los 53 homicidios registrados oficialmente en el 2014, lo que suma un total de 148 crímenes cometidos en su totalidad. Los asesinatos subieron entre un 300% y un 350% de un año a otro en la recta final de la administración de Covarrubias Villaseñor. Por citar dos ejemplos, en julio de 2014 se registraron 3 homicidios, y en julio de 2015 fueron 10, en tanto, en agosto de 2014 hubo 4 ejecutados, y en agosto de 2015, se habían presentado 15 hasta el día 26. 
Después de que las ejecuciones entre grupos de narcomenudistas, el primer mandatario expuso: “La lucha entre células criminales de la delincuencia organizada, y quienes, eran los responsables de la ola de violencia sin precedentes en la capital sudcaliforniana”. Agregó: “Los asesinatos son por el reacomodo de grupos delincuenciales”, y donde el estado no había quedado exento del contexto nacional en México. “Los indicios que tenemos hasta este momento, nos permiten suponer que se trata de hechos relacionados con la delincuencia organizada”, dijo y adelantó que “buscaría los elementos para que la investigación fuera atraída por la Procuraduría General de la República”, lo que oficialmente nunca sucedió. La ola de crímenes –al término del cuatrienio de Marcos Covarrubias— había generado preocupación entre el sector empresarial, sobre todo después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió desde el 22 de diciembre de 2014 una alerta sobre los riesgos de viajar a La Paz y Los Cabos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, durante una reunión con el Consulado de Estados Unidos en Tijuana presentó un informe detallado de cada uno de los asesinatos y alegó que los crímenes se habían estado presentando en la zona urbana y rural y fuera de la zona turística de La Paz y Los Cabos. El gobernador pidió a los medios de comunicación cuidar la imagen del estado y particularmente la de los destinos de playa de La Paz y Los Cabos, porque –dijo—“el estado mantiene un estatus de seguridad que pocos estados tienen en toda la república. No le demos a Baja California Sur, una imagen que no merece”. Seguridad pública A pesar de la ola reciente de violencia, como parte de su estrategia de seguridad, la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor capturó a 215 narcomenudistas, abriendo 204 averiguaciones previas, 165 de las cuales fueron resueltas, y donde fueron decomisados 106 vehículos, 312 mil 137 dosis de droga y más de 40 armas cortas y largas. Durante una entrevista con ZETA, Covarrubias Villaseñor admitió que “no es suficiente el dar con los responsables (materiales de los asesinatos), porque no se resuelven los problemas desde el origen”. También puntualizó: “No estamos aquí para hacer un deslinde y echarnos la pelota. Nada ganamos en indicar si una autoridad está siendo o no omisa o ¿quién gana?, obviamente, la delincuencia está tratando de generar dudas de las autoridades para perpetuar sus crímenes”. Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados de Baja California Sur, Ligia Muñoz Peña, consideró que “las discrepancias entre la PGR y la PGJE” no permitieron resolver el problema de fondo en este cuarto año de gobierno. La abogada dijo esperar que el legado de Covarrubias Villaseñor en materia de seguridad pueda ser resuelto por el nuevo gobernador Carlos Mendoza Davis, a través de la creación del Centro de Política Criminal, o bien, con el llamado Mando Único. “Así no se echaran la bolita unos con otros”, expuso textualmente, y quien –previamente al cuarto informe— reconoció los esfuerzos del gobernador Covarrubias en material de equipamiento y creación de infraestructura policial para combatir a la delincuencia. “Yo veo que se hizo lo posible. Y bueno, ahora tendremos que esperar al nuevo gobierno que venga y desarrolle las estrategias de este tema tal delicado, y del cual, esperamos resultados porque son muy grandes las expectativas que ha levantado la próxima administración”, comentó. Mendoza Davis reconoció el tema de seguridad como el principal reto de su sexenio; dijo estar “comprometido para garantizar la seguridad de la sociedad”, por lo que implementará una serie de acciones de la mano del gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, mismas que todavía no define públicamente. El 26 de agosto Covarrubias Villaseñor convocó a todo su gabinete a una reunión de despedida en el Centro de Convenciones de La Paz. Durante el encuentro, y previamente al informe oficial, el mandatario admitió que “la ola de violencia es muy fuerte en México”, y enfatizó: “La violencia llegó también a Baja California Sur, y nos duele y nos pesa, y tengo que reconocer que hubo voluntad de todos para resolverla, a pesar de la situación económica y dificultades de equipamiento de la Procuraduría y de la Subsecretaría de Seguridad”. El gobernador panista dijo que “todos demostraron amor a la camiseta, porque no son gente mala, y tarde que temprano, el mal que está pegando (sic.) a Baja California Sur, habrá de regresar a su nivel”. Entre los resultados en materia de seguridad destacan los siguientes: 1.- Una inversión de 200 millones de pesos, a través del Subsidio para la Policía Estatal Acreditable (SPA) y la certificación de 210 agentes de la Policía Estatal Acreditable; 117 agentes de la Policía Ministerial; 108 custodios y 39 elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como la regularización laboral de 200 trabajadores de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, y quienes ahora tienen todas prestaciones marcadas por la Ley. 2.- Una inversión de 25 millones de pesos en equipamiento, vehículos y mantenimiento para los Centros de Reinserción Social y del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolecentes. 3.- Una inversión de 20 millones de pesos en la compra de radiocomunicación. 4.- Una inversión de 23 millones de pesos en la adquisición de cámaras de seguridad instaladas en La Paz y Los Cabos. 5.- La creación de cinco filtros carreteros, dos en La Paz, dos en Los Cabos y uno en Mulegé para detectar vehículos y personas sospechosas. 6.- La construcción de edificios propios de los tres Centros de Operaciones Estratégicas en Guerrero Negro, La Paz y San José del Cabo, y los cuales fueron creados para investigar y perseguir delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. 7.- La construcción de un Laboratorio de Genética Forense, y el cual es considerado uno de los mejores en todo el noroeste del país. 8.- La creación del Modelo Integral de Prevención del Delito en los 5 municipios implementando los programas Vecino Vigilante, Empresa Segura, Engaño Telefónico, Violencia Escolar y Pedaleadas por la Prevención y Off Road por la Seguridad y Prevención del Delito. Deuda pública El secretario de Finanzas, Isidro Jordán Monroy, adelantó que la nueva administración habrá de dejar una economía sana al nuevo gobierno que encabezará a partir del próximo 10 de septiembre Mendoza Davis. 
El funcionario dijo que en el cuarto año del gobierno de Covarrubias la deuda pública fue reestructurada, la cual asciende a mil 617 millones, lo que generó opiniones encontradas de diputados como el de la Fracción Parlamentaria del PRI, Omar Zavala Agúndez. Según datos recabados por ZETA, los ayuntamientos están en crisis: 1.- El de La Paz tiene cortada la luz en la mayoría de las oficinas y el 60% del alumbrado público, incluido el malecón por un adeudo de casi 40 millones de pesos. 2.- El de Mulegé debe hasta 36 quincenas a trabajadores de confianza y prácticamente sin fecha para liquidar el adeudo. 3.- El de Comondú, declarado en quiebra, tiene un déficit de 6 millones mensuales en el pago de la nómina, lo que lo tiene constantemente bajo la zozobra de huelgas. 4.- El de Loreto, dejará una deuda histórica de 205 millones de pesos, lo que representa una carga económica fuerte, en virtud de ser el municipio más pequeño del estado. 5.- El de Los Cabos, dejará una deuda de 60 millones de pesos con proveedores tan solo por el caso del huracán “Odile” y otorgará bases a 100 funcionarios como trabajadores sindicalizados. El ex gobernador Leonel Cota Montaño dejó una deuda de 572 millones, y en la administración del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, subió a 2 mil 265 millones de pesos, es decir, aumentó un 400%. En la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor el monto se redujo a mil 617 millones. Sin embargo, desde el punto de vista del diputado Zavala Agúndez las cifras “no le cuadran” y se muestra incrédulo sobre todo porque en el último año de administración del gobernador Marcos Covarrubias fue autorizado y contratado un crédito de 500 millones de pesos para el Programa de Pavimentación Hidráulica. “Yo creo que el nuevo gobierno está obligado a revisar las cuentas, y tener un diagnóstico claro de la deuda pública, habrá quien coincida y habrá quien no, pero creo que es lo más sano”, dijo y puntualizó: “habrá que ver el destino de los 800 trabajadores que dejará de herencia la administración de Marcos Covarrubias a Carlos Mendoza, y sobre todo lo que va a pasar con los ayuntamientos en la quiebra, y los cuales hoy por hoy, no tienen para cubrir el sueldo de los trabajadores y mucho menos para pagar el recibo de energía eléctrica”. No obstante, el secretario de Finanzas dijo que la reducción de la deuda pública s fue porque se dio atención especial en el control del gasto, lo que le permitirá a la nueva administración tener capacidad de responder a los compromisos adquiridos. El funcionario dijo que la reestructuración del adeudo permitirá a la nueva administración tener mayor liquidez y un ahorro en pagos de 380 millones de pesos para el nuevo gobierno. En este cuarto año de gobierno, la Secretaría de Finanzas logró enlazar los sistemas informáticos institucionales de las 21 oficinas recaudadoras y cuatro módulos instalados en las direcciones de tránsito de Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Paz y Ciudad Constitución, lo que permitió un crecimiento muy dinámico en recaudación de hasta el 60% en comparación al año anterior. Asimismo, el número de patrón de contribuyentes subió a 505 mil 918, lo que representó un aumento del 450% más del anterior gobierno. Obra pública 
De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, el principal logro del gobierno de Covarrubias Villaseñor en el cuarto año de su administración fue el programa de obra pública y pavimentación de calles con concreto hidráulico, después de que la temporada de lluvias dañó el 70% de las avenidas de La Paz, Los Cabos y Comondú. Los logros más destacados –según el recuento de acciones de la dirección de Comunicación Social del gobierno estatal— son los siguientes: 1.- La remodelación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y la construcción de la “Casa Valentina” para niños con cáncer. 2.- La construcción de 545 aulas escolares, 11 laboratorios, 30 talleres y mil 500 obras, entre las que destacan canchas de usos múltiples, andadores, bardas perimetrales, techumbres, accesos y sanitarios en escuelas, y donde salieron beneficiados 8 jardines de niños, 8 escuelas primarias, 10 secundarias y 4 preparatorias, así como la edificación de la nueva Universidad Tecnológica de La Paz. 3.- La implementación del programa “Valor Sudcaliforniano”, y el cual llegó a 322 mil 444 personas con problemas de adicciones, embarazo adolecente, suicidio y obesidad infantil, los cuales fueron los ejes rectores del programa diseñado y dirigido por la esposa del gobernador, María Helena Hernández Lezama. 4.- La construcción de 37 mil 272 viviendas en los cinco municipios del estado, con una inversión de 468 millones de pesos, lo cual triplicó el número de edificaciones hechas en el anterior gobierno. 5.- La construcción de las presas “Alberto Alvarado” en Comondú y “Las Palmas” en Los Cabos, y donde se invirtieron 650 millones de pesos, en el marco del programa hidráulico, así como la construcción del acueducto Carrizal-La Paz, y el cual dota con 271 litros por segundo a la ciudad capital. 6.- La remodelación total de la Terminal Marítima de Pichilingue, y donde después de 40 años de operación, se invirtieron 252 millones de pesos para la realización del primer proyecto. 7.- La construcción del nuevo hospital general de Ciudad Constitución y la remodelación del antiguo hospital “Juan María de Salvatierra” en La Paz. 8.- La pavimentación de 415 calles y avenidas con concreto hidráulico y 179 de asfalto, lo que equivale a 2 millones 723 mil 290 metros cuadrados, o bien, 25 mil kilómetros de largo por 10 metros de ancho. 9.- La colocación de 26 mil 440 luminarias en zonas rurales y ciudades de los cinco municipios, y donde se invirtieron alrededor de 100 millones de pesos. 10.- El abastecimiento de pasto a 30 campos de futbol y beisbol, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, con una inversión de 300 millones de pesos, así como la remodelación del gimnasio de usos múltiples de La Paz y la construcción de una pista de tartán, alberca techada y cancha de usos múltiples en Ciudad Constitución. 11.- La construcción del Centro de Convenciones de La Paz, y el cual cuenta con dos salas magnas y un aforo para 4 mil personas, con posibilidad de dividirse en 4 partes a sus muros aislantes de sonido y una sala audiovisual para mil 200 personas, el cual compite con los más atractivos destinos del turismo de convenciones. El huracán “Odile” Otro hecho a destacar de este período de gobierno que concluye fue la reconstrucción de Los Cabos y La Paz tras el paso del huracán “Odile” el 15 de septiembre de 2014. El fenómeno natural causó 15 mil millones de pesos en daños materiales en viviendas, complejos turísticos, infraestructura urbana, tiendas, vehículos, comercios y un terrible saqueo de negocios del que no se tenía memoria. En virtud de la ausencia del gobierno municipal cabeño, el gobierno estatal tuvo que hacer frente a la ira de la población cuando el 92% se quedó sin luz, teléfono e internet, y durante una semana, no hubo salidas ni entradas vía terrestre y aérea por el mal estado de carreteras y el aeropuerto internacional de San José del Cabo. “La mayor catástrofe de la historia del estado” –según definió el gobernador Marcos Covarrubias— “y tuvimos que enfrentarla de la mano del gobierno federal”. De entrada, para la reconstrucción se gastaron 500 millones de pesos, y 756 millones en obras de protección en los arroyos para evitar en el futuro poner en riesgo a la población sudcaliforniana. “Somos un estado fuerte, gracias al apoyo de la gente, y su gran corazón, pudimos recuperarnos rápidamente de los estragos del paso del huracán ‘Odile’”, señaló en su momento el Ejecutivo que contó con el apoyo de las fuerzas armadas y de la Comisión Federal de Electricidad, a la par activó un programa de empleo temporal para limpiar calles y avenidas, logrando la participación de 5 mil 600 personas en todo el estado. NSJP Durante su mandato Covarrubias presentó alrededor de 58 iniciativas de Ley –según la Unidad de Transparencia de la XIII Legislatura— donde destaca la del Nuevo Sistema de Justicia Penal, “acusatorio, adversarial y oral”, y la creación de una decena de leyes, como la de Extinción de Dominio, Protección de Víctimas Directas e Indirectas, Administración y Enajenación de Bienes Asegurados y Prevención a las Adicciones, entre otras. El nuevo sistema sustituirá a partir del 1 de junio del 2016 al actual sistema. Ahora el reto es resolver alrededor de 20 mil 314 casos, de los cuales 12 mil 580 son de material civil; 2 mil 646 mercantil y 5 mil 88 del orden penal. Para la puesta en marcha del nuevo sistema, el gobierno de Covarrubias invirtió en el último año de su administración alrededor de 10 millones de pesos en la construcción de infraestructura, equipamiento y capacitación en los últimos dos años. La capacitación de distribuyó en 2 mil horas para los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado y mil 840 horas para el de la Subsecretaría Estatal de Seguridad Pública, así como alrededor de mil 500 para el personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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