Cuestionado inicio tuvo el proceso electoral 2015-2016 en Baja California, que el próximo año resultará en la elección de 25 diputados y cinco alcaldes, cuando el miércoles 2 de septiembre, el INE designó a los siete miembros del Órgano de Participación Local Electoral (OPLE) que sustituye al Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC). Seis de ellos resultaron ser más de lo mismo. Se trata de: * Graciela Amezola Canseco. Ligada al PAN y al organismo electoral local desde 1995. Solo estuvo fuera un breve periodo en 2007, cuando el PRI se apoderó del Instituto electoral. * Daniel García García. Lo vinculan al PRI y ha sido empleado del Consejo Electoral local, donde incluso fungió como secretario fedatario, al igual que Amezola. * Lorenza Soberanes. Se ha desempeñado como parte de la burocracia del anteriormente conocido como Instituto Federal Electoral (hoy INE) y del IEPC. * Rodrigo Martínez. Funcionario federal en los ochentas y académico, se desempeñó como consejero electoral tanto en el IEPC como en la delegación del IFE en Baja California. * Helga Casanova. Reportera de televisión que ya había intentado ser consejera, pero terminó siendo directora del comunicación del IEPC. * Javier Garay Sánchez. Ligado de manera no oficial con el Partido Verde Ecologista de México y, por tanto, con el PRI, seleccionado por el Congreso local como consejero del IEPC desde 2013 y ahora nombrado por el Instituto Nacional Electoral como titular del OPLE. Todos integrantes o ex empleados de los antiguos y criticados consejos electorales. Fuera de la ya identificada burocracia electoral, solo quedó Eréndira Bibiana Maciel, cuyo currículo también es poco conocido, dado que pasó desapercibida en su labor como consejera en el Instituto de Transparencia. Por esta razón, por más de 200 eternos minutos, consejeros del INE y representantes de los partidos PRD, PAN y MORENA -básicamente- discutieron respecto a la idoneidad de reciclar funcionarios. A decir de quienes alegaban, el mismo problema tenían con las OPLE de Baja California, Sinaloa y Aguascalientes; en total aprobaron los organismos de ocho entidades federativas. En la discusión, los representantes de partidos, argumentaron la opacidad y desconfianza que generaría designar en las “nuevas” OPLE a ex integrantes de los consejos electorales que han llevado los anteriores y desacreditados procesos electivos, acusados de parcialidad y señalados por presuntas ligas con los partidos en el poder, a quienes les deben su entrada al erario, y por lo tanto, “favores”. Los consejeros del INE –a excepción de la consejera Pamela San Martín- defendiendo la necesidad de integrar la experiencia, de no faltar a la Constitución negándole a alguien la oportunidad laboral por un requisito no impuesto expresamente en las leyes. Y reiterando cada que podían que todas las personas en las listas habían cumplido los requisitos y cubierto los perfiles. Como los consejeros se sostuvieron en la integración previamente definida del OPLE bajacaliforniano, y los otros siete Estados, agregaron al debate el hecho de que no habían elegido a las mejores calificaciones, situación que terminaron por reconocer. Garay, quien quedó como presidente del OPLE, obtuvo en su evaluación un 75.2, puntaje que para entrar a ciertas escuelas, para aprobar semestre en ciertas carreras ni siquiera es aceptable, y ejemplos similares fueron presentados por el representante del PRD, Pablo Gómez. El asunto es que, pese al puntaje, como el resto estuvieron peor, el sonorense designado consejero bajacaliforniano se clasificó entre los mejores. En la defensa generalizada que hicieron los consejeros de su decisión, refirieron haberse asegurado de haber integrado perfiles “variados” en estos órganos colegiados, situación que en Baja California, no queda tan clara dado el reciclaje, aunque puede ser que se refieran a las carreras que estudiaron, y no a su bagaje laboral. Respecto a la tutela de la orientación partidista de algunos los designados, los consejeros del INE ampararon su postura diciendo que les preguntaron directamente a los aspirantes y lo negaron, bajo la advertencia de que si mentían, serían removidos. Argumento que fue tachado de “inocente” por los partidos. Ahora, ciertamente en procesos electorales la experiencia es necesaria, pero que seis de los siete consejeros hayan sido parte de la estructura electoral designada por los gobiernos y partidos en el poder -que en el caso local han sido PRI y PAN-, es demasiado de la misma experiencia, incluso cuando se ve con buenos ojos. Además, si se considera que en los próximos comicios, los aspirantes a candidatos adelantados que ya se escuchan, también son parte del reciclaje, todo indica que por más reformas que se hagan a las leyes electorales, a la hora de interpretarlas, resulta que terminamos como canes persiguiendo su cola. Es ocioso esperar resultados diferentes cuando se realizan las mismas acciones, se toman las mismas decisiones, o, como en este caso, se elige a la misma gente. Pero bueno, las designaciones están hechas, y ahora será responsabilidad de los consejeros electos validarse trabajando por la democracia, por una OPLE independiente y transparente, para quitarse el estigma de la mala fama de los anteriores consejos o sus presuntas y en algunos casos evidentes ligas de partidos. De lo contrario, será cuestión de esperar que los consejeros del INE lleven a cabo la promesa de que si no cumplen o se desvían, serán removidos.
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