Municipio hostiga a comercios

Las fachadas de los negocios lucen desoladas. En ellas solo se puede observar estructuras de anuncios luminosos vacías, marquesinas pintadas de blanco ocultando el nombre del comercio o la publicidad de lo que en el local se ofertaba. La causa, el hostigamiento del que los comerciantes se dicen objeto por parte del gobierno municipal de Tijuana al aplicarles cobros, multas y recargos por cada anuncio colocado en el exterior e interior de los negocios. Son los propietarios de abarrotes, talleres, papelerías, estéticas, restaurantes, pequeños negocios todos, cuyos ingresos apenas les permiten mantenerse en el mercado, pero quienes resultan los más acosados por los inspectores de Administración Urbana y Tesorería municipal. Basados en un reglamento vigente desde 2010 pero apenas aplicado en 2014, los verificadores no escatiman en la aplicación de multas y recargos por cada anuncio sin licencia, o colocado al margen de las especificaciones de la ordenanza actual. Así, comercios familiares como papelerías o estéticas, han sido sancionados hasta por 40 mil pesos. Comerciantes borran publicidad. Para colmo, los funcionarios parecen ignorar el Reglamento de Rótulos, anuncios y similares para el municipio de Tijuana, al exigirles una tarifa mayor si la publicidad colocada es luminosa, “por generar contaminación visual”, cuando en teoría su costo es similar al de cualquier otro tipo de anuncio. Heriberto Villalobos Rentería, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) a nivel local, señala haber manifestado ya la inconformidad que esto genera a sus agremiados, pero no ha tenido eco en la autoridad municipal, que solo se jacta de apoyar con microcréditos a los comerciantes y a no considerar el pago del predial en la revalidación de las licencias de operación. Pero “de qué sirven todos estos apoyos si por otro lado nos vapulean con cobros como éste”, se quejó. Y remató: “Ahora nuestros establecimientos parecen locales fantasmas”.   Agobiados   El rótulo de la marquesina fue borrado con pintura blanca y don Miguel tuvo que retirar de paredes de fachada principal y costados, todo tipo de publicidad, incluyendo el logo del producto cervecero que oferta. Caso contrario, tendría que desembolsar cuando menos 20 mil pesos en licencias, multas y recargos por el total de anuncios publicitarios instalados en su abarrote, incluyendo el nombre del negocio. Esa cantidad se sumaría a la que desembolsa al año por mantener vigentes los permisos de operación municipales, y a la que hay que añadir el gasto en el pago de impuestos a Hacienda, costo de los servicios y demás. Y si a eso se agrega las bajas ventas que enfrenta y apenas le dan para sostener su establecimiento, es fácil comprender porque don Miguel optó por desvestirlo de publicidad. Pero eso no frenó el acoso de los inspectores de control urbano o fiscalizadores de la Tesorería Municipal, quienes ahora le exigen añadir en el anuncio de su propio establecimiento de carnicería y abarrotes la frase llenado de garrafones –de agua—, lo que le implicaría el realizar un pago adicional, no solo en materia de anuncios, sino también el pago de uso de suelo y operación de su negocio. Por ello es que no lo ha hecho, y en su defensa argumenta que de pagar un gravamen por ello significaría una duplicidad de cobro por parte del municipio, toda vez que Ultrapura, la empresa distribuidora de agua purificada que colocó el sistema distribución del líquido, ya paga un impuesto para operar en diversos negocios. Anuncios luminosos son retirados al no poder los propietarios pagar al municipio por ellos.   El caso de don Miguel no es aislado, en la avenida Grandes Lagos, en la colonia Lagos de la delegación Cerro Colorado, donde se ubica su abarrote, predominan los locales sin anuncios, o con solo una lona o rótulo que apenas les permite identificarse como negocio. En su mayoría los propietarios han sido sancionados recientemente con multas económicas que no ha podido cumplir, por las que el fisco municipal les ha concedido una prórroga de 30 días a punto de fenecer. “Son pagos que van de dos mil hasta 40 mil pesos, cantidad que con tan bajas ventas no podemos cubrir y preferimos retirar los anuncios, a sabiendas que a la hora de que acudamos a revalidar nuestras licencias para operar nos la van a cobrar”, expone resignado Jesús, quien sostiene una mercería. Al igual que en ese asentamiento, los comerciantes de la Zona Centro, Zona Río, Bellas Artes o en cualquier parte de Tijuana, el cobro del impuesto por los anuncios que penden entecho y paredes de los establecimientos se está convirtiendo en una problemática. Luis Enrique Soto, dueño de una pollería, retiró cuatro lonas de su pequeño establecimiento –cuya fachada apenas mide tres metros—, porque el municipio le exigía una recaudación de mil 200 por cada una, a cambio de mantenerlas, así como el pago de mil 800 pesos de multa por haberlas colocado, la cual no ha cubierto.   Prevén cierres   Para Heriberto Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Comerciantes en Pequeño, ante tal panorama el riesgo de cierre de negocios es inminente. Informó que la prórroga de un mes para pagar multas y recargos es para establecimientos que ya cuentan con licencia, pero a aquellos que no la tienen solo se les concede 10 días para que se regulen, caso contrario, le son aplicadas sanciones adicionales. En esta condición se encuentran al menos el 40 por ciento de los 3 mil socios afiliados a CANACOPE. Por ello demandó al gobierno de Jorge Astiazarán reconsiderar la medida, “porque los comerciantes nos sentimos presionados”. Expuso que anteriormente se hacía un solo pago, tomando en cuenta que la colocación de publicidad no debía exceder la tercera parte del negocio, pero desde enero de 2014 a la fecha los inspectores del municipio comenzaron a presionar. Guillermo Díaz, representante de los comerciantes de la Zona Centro, se dijo extrañado por lo que consideró una medida de presión de parte del gobierno municipal, “en uno de los años más críticos para la economía y que complica el sostenimiento de los negocios comerciales”. En el caso particular de los locales del primer cuadro de la ciudad, “en los últimos años nos hemos visto afectados por las obras de urbanización y ahora por esta medida a todas luces recaudatoria”, dijo. En este sector de la ciudad, en lo que va del 2015 un promedio de 40 establecimientos han bajado sus cortinas en forma definitiva, precisó.   La rebelión   El líder de los pequeños comerciantes de Tijuana, Heriberto Villalobos Rentería, subrayó que son los negocios establecidos en las colonias de la periferia de la ciudad los más afectados por la crisis económica y que tienen menos posibilidades de pagar este gravamen. “Estamos hablando de 15 mil comerciantes”, precisó. Por ello pedimos al municipio que los letreros manuscritos –rótulos— en los que se anuncie el nombre del establecimiento y su giro no se cobre, “porque no los vamos a pagar”, advirtió. Municipio obliga al retiro de publicidad.   La medida recaudatoria la calificó como “una aberración”, un negocio “debe contar mínimo con un nombre que le dé identidad y ubique a los clientes que productos o servicios ofrece, algo por lo que debería estar considerado en el pago de licencia de operación”, anotó. Y cuestionó: “¿De qué sirve que por un lado se nos anuncien apoyos crediticios para comercios nuevos o para emprendedores, si por otro el mismo gobierno municipal golpea nuestra economía con esos impuestos? Anteriormente, dijo que el derecho de publicidad en los comercios se pagaba en una sola exhibición “una sola vez y ya, no había que revalidar, menos con cobros tan elevados que no estamos dispuestos a pagar”, agregó.   Tarifas onerosas   De acuerdo a un análisis efectuado por CANACOPE, cada comercio debe pagar en promedio 65 pesos diarios por cada anuncio colocado, incluyendo el nombre del local. No obstante, Alma Ofelia Morales Juárez, jefa del Departamento de Actividades Mercantiles de la dirección de Administración Urbana en el XXI Ayuntamiento de Tijuana, dijo que las tarifas por anuncios en establecimientos comerciales han bajado en la presente administración. Recordó que la ley de anuncios, establece tres conceptos: Licencia nueva, regularización –cuando se tramita la licencia con el anuncio ya colocado—, y revalidación. Basándose en las tarifas establecidas para anuncio para uso exclusivo de comercio establecido, explicó que una licencia nueva en un anuncio adosado tiene un costo de 660 pesos, y si es menor de cuatro metros tiene un costo de 400 pesos, aproximadamente. Fue en la regularización para ese mismo tipo de publicidad en donde se registró una disminución, ya que su cobro de mil 50 pesos –con una medida hasta 14.99 metros cuadrados—, disminuyó a mil 10 pesos; en tanto, en el de menor medida a los cuatro metros el precio es de 600 pesos. Siguiendo con ese ejemplo, el municipio cobró en forma anual por revalidar la licencia de un anuncio 360 pesos; en uno de cuatro metros la tarifa es de 280 pesos. Respecto a los cobros que los comerciantes califican como excesivos y hasta irregulares, la funcionaria expuso que, “si tengo en orden todo, nadie me sanciona y mantengo mis pagos en lo más económico”. Y continuó: “El perder la ilación y dejar que nuestras licencias venzan, o no tenerlas, vuelve más caro el concepto de regularización, por lo que todos los negocios deben tener vigentes sus licencias de operación y revalidar anualmente su certificado de medidas de seguridad y licencias de anuncios”.   Cobros irregulares por inercia   En cuanto a la recaudación que los comerciantes califican como anómala, Alma Ofelia Morales reconoció que anteriormente sí se hacía cobros irregulares por anuncios colocados en negocios. De un auto portante –tipo torre— se hacía un cobro por el anuncio principal, luego por cada uno de los más pequeños, y contaba con doble cara el costo se duplicaba, lo que lo hacía muy costos; “actualmente ese tipo de publicidad se cobra como una sola”, refirió. Y aunque en forma oficial indicó no haber recibido una queja formal de los comerciantes, expuso que en una conferencia los socios de CANACO le expusieron esta problemática, “Nos manifestaron que sí sienten el hostigamiento de los inspectores de Tesorería, y a pesar de que se les capacita vimos que traen la escuelita del gobierno anterior, cobran por cada adosado”, señaló. Dice investigar, pero hasta el momento ningún inspector ha sido sancionado por tal arbitrariedad. Conminó a los propietarios de negocios a no dejarse sorprender y denunciar y les recordó que el costo de un rótulo pintado, el más económico, una licencia nueva cuesta 365 pesos, su regularización es de 546 pesos y su revalidación tiene un precio de 273 pesos, “no importa medida mientras no sobrepase la tercera parte de la fachada”. Pero de hacer un cobro general y en una sola exhibición por la publicidad en los negocios, la funcionaria asentó que no es posible, porque “todo anuncio debe tener una licencia para poder ser exhibido, “desde un pequeño volante, que es el más pequeño anuncio que existe, hasta lo que viene siendo una cartelera espectacular”.