Funcionarios de Mendoza bajo sospecha

  En su paso por la administración pública, la candidata para ocupar la titularidad de la Contraloría General del Estado, Sonia Murillo Manríquez, y el director de la Junta Estatal de Caminos, Carlos Lascurain Ochoa, fueron observados por órganos de control interno por cometer una serie de irregularidades administrativas cuando, de manera respectiva, desempeñaron los cargos de directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y director del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De la lista de 52 servidores públicos nombrados el pasado 11 de septiembre por el nuevo gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dos son los funcionarios bajo sospecha de corrupción, por las siguientes razones: * Murillo Manríquez por no haber comprobado debidamente alrededor de 130 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2011, 440 millones en 2012 y 77 millones de pesos en 2013 -según informe del resultado de auditorías financieras de la Auditoría Superior de la Federación- durante el ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). * Lascurain Ochoa, por haber autorizado y asignado de manera discrecional 15 contratos a la constructora Camulocopa BCS, S.A. de C.V., propiedad de su entonces subdirector administrativo, Samuel Araiza Vázquez, pagando indebidamente -siendo funcionario y proveedor a la vez-  317 millones 230 mil 413 pesos con 29 centavos por concepto de construcción y reconstrucción de carreteras, modernización de terracerías, obras de drenaje y conservación de pavimento y carpeta asfáltica. Durante su discurso de toma de protesta, el 10 de septiembre de 2015, el gobernador Mendoza se comprometió a que en ninguna oficina de su administración, habría cabida a la corrupción, porque se estaba haciendo un compromiso con el civismo, el decoro y la decencia. “Seremos el primer Estado de la República Mexicana en brindar transparencia; seremos transparentes hoy y siempre, aquí no hay nada que esconder ni hoy, ni nunca”, expuso textualmente. Sin embargo, en su primer día de trabajo tomó protesta a Carlos Lascurain Ochoa como director de la Junta Estatal de Caminos, y cinco días después, propuso a Sonia Murillo Manríquez como titular de la Contraloría General del Estado, y cuya ratificación quedó en manos de la XIV Legislatura. Ambos en calidad de servidores públicos, y bajo sospechas de corrupción. Peor aún, en el caso de Murillo como auditora en la desaparecida Contraloría Mayor de Hacienda, y de auditora general del Órgano de Fiscalización Superior -según el oficio OFSBCS/1010/2009, con fecha 24 de noviembre de 2009 y firmado por el auditor superior, Julio César López Márquez-, cometió una serie de errores y omisiones como responsable operativa del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) durante el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño. Aunque a ciencia cierta no se sabe si fue por inexperiencia, distracción o por consigna del ex gobernante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la entonces auditora omitió presentar el entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto, y primera quincena del mes de noviembre de 2008; así como la malversación de recursos etiquetados para capacitación, lo que derivó en dos observaciones del director general de Auditoría a los Recursos Federales en Estados y municipios de la Auditoría Superior de la Federación, Juventino Pineda Pinto. Tras conocer las observaciones, el propio Auditor Superior, Julio Cesar López Márquez transcribió penosamente: “Se giró oficio a la auditora Sonia Murillo Manríquez, responsable operativo del PROFIS para que en lo subsecuente no se vuelvan a cometer los errores u omisiones, y se respete el destino de los recursos correspondientes al PROFIS, aplicados a la fiscalización de los recursos federales”.   La contralora tapadera   El martes 15 de septiembre, Carlos Mendoza Davis presentó a Sonia Murillo Manríquez como su carta fuerte para ocupar el cargo de titular de la Contraloría General del Estado. Con la reforma recientemente aprobada a la Fracción V del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado, los diputados locales de la XIV Legislatura tendrán la facultad legal y corresponsabilidad de ratificar o no la propuesta de contralora enviada por el jefe del Ejecutivo. Más allá de revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión administrativa y financiera, y por sus antecedentes, la virtual contralora, y emanada de las filas agundistas, apunta a ser tapadera de los posibles hechos de corrupción que pudieran registrarse en la continuidad del sexenio panista. En su calidad de auditora, Murillo Manríquez no ha sido contundente ni implacable, como lo prometió durante su comparecencia del 17 de septiembre con diputados locales, y en la cual, grosso modo, presentó su plan de trabajo. Por el contrario, en casi todos los casos donde ha actuado, comúnmente ha recurrido a tapar boquetes financieros y malversación de fondos públicos, bajo el argumento -según expuso a ZETA- “de que son asuntos institucionales, y por eso, hemos solventado todas las observaciones que otros funcionarios han dejado”. Los antecedentes de la candidata del gobernador Mendoza a la Contraloría General del Estado -según datos recabados por ZETA- refieren que en su calidad de directora de Administración y Finanzas de la SEP, trató de proteger y tapar la distracción de recursos públicos de los ex secretarios de Educación, Omar Castro Cota y Alberto Espinoza Aguilar, más allá de actuar legalmente y deslindar responsabilidades administrativas y penales. En el periodo del ex secretario y miembro del PRD, Omar Castro Cota, la Auditoría Superior de la Federación -de acuerdo con informe de resultados del ejercicio fiscal 2010-,  en la recta final del sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, detectó un faltante en bancos por 143 millones 209 mil pesos, depositados por la Tesorería de la Federación en la cuenta administradora del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado. El informe transcribe que fueron depositados 171 millones 279 mil pesos, y después de una auditoría, únicamente había un saldo de 28 millones 500 mil 279 pesos. “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos en la Hacienda Pública Federal, por un monto de 143 millones 209 mil pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de fondo, de los cuales se desconoce su aplicación y destino; en su caso, deberán ser acreditados con la evidencia documental de su destino y aplicación”, estableció el informe. Durante la investigación contable federal, también fueron detectadas las siguientes irregularidades: * El gasto de 26 millones 32 mil 338 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado, usado de manera irregular en el pago de 82 trabajadores que se encontraban con licencia y comisionados en la Sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). * El gasto de 4 millones 333 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado, encauzado para pagar el sueldo de 77 trabajadores que presuntamente gozaban con licencia sin goce de sueldo, al estar atendiendo asuntos personales. En ese entonces la directora no hizo absolutamente nada y, por el contrario, el 2 de diciembre de 2011, solicitó al auditor Jesús Moreno Palafox, tiempo para solventar las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación. Es decir, tiempo para tapar el faltante, pero en ningún momento deslindó responsabilidades por el evidente desfalco. Luego de ser evidenciado públicamente, el propio ex secretario de Educación, Omar Castro Cota, se desligó de los actos de corrupción y dejó el problema en manos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y el ex secretario de Administración y Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, con una carta en la que aclaró los siguientes puntos: 1. El Fondo de Aportaciones de Educación Básica y Normal, es el recurso que aplica para salarios, prestaciones y gasto corriente que el Gobierno Federal envía a los Estados. El componente más fuerte -alrededor del 90%- es para salarios y prestaciones. 2. La cuenta habilitada para el depósito de estos recursos está en la Secretaría de Administración y Finanzas, no en la SEP. 3. La SEP elabora nómina y escritos dirigidos a la Secretaría de Administración y Finanzas para realizar la dispersión de pagos de salarios a los alrededor de 10 mil trabajadores, pero no tiene acceso al recurso de manera directa. 4. El Sistema Educativo Estatal demanda decenas de nuevos maestros, personal de apoyo y asistencia cada año; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no autoriza el número de plazas de nueva creación, por lo que las entidades se ven obligadas a contratar personal compensado para cubrir las necesidades del sector. En el periodo del ex secretario y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), Alberto Espinoza Aguilar, la Auditoría Superior de la Federación –según informe de resultados del ejercicio fiscal 2011- detectó un quebranto por 130 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado, el cual, entre otras cosas, se empleó de la siguiente manera: A) 99 millones 196 mil 711 pesos, cuyo destino y aplicación se desconocen. B)  30 millones 722 mil 798 pesos para pagar sueldo de 64 trabajadores comisionados en la Sección III del SNTE y de 18 trabajadores por honorarios adscritos al Centro de Trabajo AGS. C) 2 millones 539 mil 546 pesos destinados al pago del salario de siete trabajadores en centro de trabajos administrativos. D) 2 millones 401 mil 143 pesos para pagos de gastos de operación de partidas no financiables. E) 3 millones 21 mil 107 pesos al pago de 13 trabajadores adscritos en tres centros de trabajo no financiables con recursos del fondo. En el ejercicio fiscal 2012 -con base a informe de resultados- no se comprobaron gastos por alrededor de 440 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado, lo que generó nueve observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y se presumió un probable daño o perjuicio de la Hacienda Pública Federal. El recientemente ratificado titular de la SEP, Héctor Jiménez Márquez, quien durante toda su gestión llevó como directora de Administración y Finanzas a Sonia Murillo Manríquez -de acuerdo con el ejercicio fiscal 2013-, no ha podido comprobar gastos por 77 millones 312 mil 100 pesos extraídos de manera irregular del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado. De las siete observaciones elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación, cuatro fueron solventadas, y quedaban pendientes tres. La hoy ex directora de Administración y Finanzas de la SEP trató de minimizar la malversación de esos recursos etiquetados, bajo una explicación muy cómoda, respecto a que “este tipo de casos no solo ocurren en Baja California Sur, sino en todos los estados del país”. Durante una entrevista con ZETA,  aceptó que “el 80% de las observaciones hechas a la dirección a su cargo en SEP (Administración y Finanzas) ya fueron solventadas, pero nos faltó tiempo para concluirlas, aunque estuvimos avanzando, porque las observaciones son anuales, los que concluyen son los ejercicios fiscales e inician otros, y nosotros avanzamos en todo este tiempo”. Visiblemente nerviosa, Sonia Murillo insistió en que “seguimos avanzando” sobre las observaciones. “Son situaciones de… eh… eh… que quieren más ahondar en la información que se les proporcionó, ya enviamos la información solicitada, y solo estamos a la espera de la respuesta de que ya nos descargue los procedimientos la Auditoría Superior de la Federación”. — ¿De qué periodos estamos hablando?, cuestionó este Semanario. “2011, 2012 y 2013, y solo estamos a la espera de la resolución. La información requerida ya se envió a México, pero nosotros no decidimos cuándo la Auditoría Superior de la Federación, solventa y da por terminado el proceso”. — ¿Por qué en vez de actuar legalmente, solventó las irregularidades detectadas en 2010, o sea, en el último tramo del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño? Estamos hablando de más de 143 millones de pesos… “Claro, porque es un asunto institucional. Nosotros desde que llegamos ahí, había solventaciones desde 2007, y atendimos 2008, 2009 y lo que siguió; por eso nos faltó el periodo de nosotros, porque empezamos desde 2007 y sacamos todas las observaciones anteriores. Se atrasó con nuestro caso porque todo recae en el Gobierno del Estado, y es algo institucional, no es por funcionarios”, remató.   Los negocios del director   Pero si el trabajo desempeñado por la hoy titular de la Contraloría General del Estado, es cuestionable, el de Carlos Lascurain Ochoa lo es más. Durante su paso como director del Centro SCT, tejió una red de corrupción a gran escala que derivó en su salida, documentada en su momento por ZETA. Con funcionarios como el nuevo director de la Junta Estatal de Caminos, los sudcalifornianos no ven por dónde el gobernador Carlos Mendoza Davis, pueda cumplir con el compromiso de crear una administración seria, eficiente y preparada. Las primeras evidencias de corrupción fueron detectadas desde el 28 de febrero de 2011 por el órgano de control interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), bajo el número de expediente DE-021/2011, cuando descubrieron que el entonces subdirector administrativo, Samuel Araiza Vázquez, cometió una serie de irregularidades, como auto adjudicarse millonarios contratos para la constructora de su propiedad -Camulocopa BCS, S.A de C.V.- con el visto bueno de su jefe y director, Carlos Lascurain Ochoa. La compañía de Araiza Vázquez, representada por su hermana Carolina, fue favorecida con 15 contratos y obtuvo ventas por 317 millones 230 mil 413 pesos con 29 centavos por concepto de construcción y reconstrucción de carreteras, modernización de terracerías, obras de drenaje y conservación de pavimento y carpeta asfáltica. Después de dejar el cargo -tras descubrirse la transa-, el ahora titular de la Junta Estatal de Caminos fue nombrado asesor técnico del gabinete del ex gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, y dentro de la investigación, se le detectó una inversión de fondos en la firma Merrill Lynch, especializada en inversiones y mercado de capitales por un monto de un millón 290 mil 552 dólares -21 millones 939 mil 384, según el tipo de cambio del dólares al día de hoy-. La compañía, con sede en New York, Estados Unidos, emitió el 28 de febrero de 2014, un estado de cuenta a nombre de Carlos Lascurain Ochoa, con residencia en la colonia Arboledas de La Paz. El sueldo que Lascurain habría ganado en su periodo aproximado de tres años como director del Centro SCT -a razón de 85 mil pesos mensuales- fue de 3 millones 100 mil pesos, sin descontar alimentación, vestimenta, gastos de luz, agua, telefonía y manutención de sus hijos; así como educación, vehículos y vivienda tanto de él como de su familia, lo que contrasta con los poco más de 21 millones de pesos invertidos en la Unión Americana. Sobre estos hechos, el nuevo director de la Junta Estatal de Caminos aseguró a ZETA que el proceso administrativo abierto en su contra concluyó hace un año, demostrando su inocencia en las referidas irregularidades. No obstante, y según un auditor consultado por este Semanario, el proceso sigue abierto y próximo a resolverse por el órgano de control interno. El director del gobernador Mendoza se dijo inocente de los cargos e insistió que todo el embrollo de corrupción fue un asunto político en su contra. Cuando ZETA hizo la entrevista, el director Carlos Lascurain Ochoa platicaba afuera de su oficina con José Gabriel Segoviano Villalobos -uno de los integrantes de su red de corrupción tejida en la SCT-, quien durante el periodo de Lascurain se desempeñó como residente general de carreteras alimentadoras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No se descarta que con su llegada, esa red que operó en la SCT, pueda incrustrarse en la Junta Estatal de Caminos.